La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en nota de Carina García, de El Universal, aprobó por unanimidad, las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que prevén incautar un bien relacionado con delitos de secuestro, narcotráfico o delincuencia organizada, sin que haya aún, sentencia o averiguación previa, y que los diputados federales veracruzanos, no se han molestado ni siquiera comentar con sus representados.

Con estas reformas, bastará que un bien esté relacionado con los delitos enunciados para que, sin necesidad de que haya averiguación previa ni sentencia condenatoria, la propiedad será incautada.

Las reformas que ayer ocuparon a la Comisión y que, seguramente, hoy serán subidas al pleno para su discusión y aprobación <<si logran pasar>>, copian, en gran parte, el esquema que se aplicó hace algunos años en Colombia, para afectar directamente las estructuras financieras y llevarse en >>las espuelas<< los bienes obtenidos por acciones delincuenciales.


Se examinó en la Comisión de Justicia que las reformas a la Ley de Extinción son independientes de la misma acción penal; la ven autónoma y persecutoria de bienes, no de personas, y que por esa razón, es independiente de una sentencia condenatoria; de una resolución absolutoria, y lo que es trascendente: no requiere de una averiguación previa, y mal utilizada, será un ariete que a todos incluye, sobre todo, en época electoral.

Ahora bien, si una persona demuestra ser ajena a la delincuencia y sus consecuencias, deberá acreditar la lícita propiedad y que su bien o bienes, no tienen relación con delitos, para recuperarlos, que le sean devueltos o pagados, en su caso.

Pero la reforma va más allá de su frontera delicuencial directa: También podrían ser sujetos de la ley, los bienes o recursos cuando “no se acredite su procedencia lícita o exista incremento patrimonial injustificado <<es decir, contra los millonarios “de repente”, en relación a su actividad personal>>, y podría emplearse en casos de que exista enriquecimiento por corrupción.


“Afectará a los que mediante la corrupción, han hechos fortunas, <<no sólo empresarios, políticos>> sino a todos los habitantes de este país.

Hay, sin embargo, voces que no están de acuerdo en que estas reformas se aprueben sin reflexión; sin examinar previamente su constitucionalidad; su viabilidad en el país; lo explica la M.D. Cecilia Natalia Díaz Aguilar, en un extenso y documentado estudio, del que extraemos una parcialidad: Uno de los aspectos más polémicos de las reformas a la ley de extinción de dominio, es el cual se pretende conducir como si fuera un procedimiento netamente administrativo, lo que es inexacto, puesto que lo que se pretende es extinguir el dominio sobre bienes muebles e inmuebles, más no se enuncia de esta manera; esta situación implica la necesaria instauración de un procedimiento jurisdiccional llevado ante Jueces calificados del área Civil, puesto que lo que se afectará será la esfera esencial de los Derechos Reales de los habitantes de la república. En este trabajo, la autora pretende diseñar un Juicio en la vía Especial, el cual se encaminará a la extinción de dominio con base en el origen ilícito de los bienes, pero llevado ante un Juzgado Civil Especializado en la materia.

De hecho, uno de los aspectos que más preocupan a la autora es el profundo desconocimiento del diseñador de la política criminal de las reglas que rigen la transmisión y extinción de los derechos reales y por ello se hace un énfasis particular sobre la necesidad de conocer la rama patrimonial del Derecho Mexicano para poder así mejor promover la extinción de Dominio, con base en un modelo propio que se somete a la consideración de la academia y el público lector en general.


Hoy, en San Lázaro, sin embargo y desoyendo este tipo de opiniones, las disputas por acusaciones inter partidos, con fines electorales exclusivamente, tendrán un respiro, por salud republicana. Este país no debe ser rehén de quienes quieren mantener el poder a como de lugar, e intentan politizar todo un proceso electoral del que deberá surgir el nuevo presidente de la república. Y quien sea, deberá llegar con el apoyo de la mayoría, no de la minoría.

Si esto no es así, vendrán entonces, otros seis años de confrontación en detrimento de la sociedad nacional. Y esto no debe ser difícil entender. Será suficiente que haya disposición y neutralidad institucional.

El país lo requiere. La sociedad lo demanda. Todos lo necesitamos.


PD. La impugnación de Alejandro Vázquez Cuevas/Julen Rementería del Puerto, en relación al “cochinero” del 19, parece que va en serio.