Ahora sí que no es lo mismo “el corrido del caballo blanco”, cuyo autor es el desaparecido cantautor guanajuatense José Alfredo Jiménez, que “el Caballo Blanco corrido” por el gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa.

Y es que a diferencia de su antecesor Fidel Herrera Beltrán, quien a finales de su sexenio le dio entrada y todas las facilidades a la empresa canadiense Goldgroup para que iniciara los trabajos de exploración sobre una superficie de 334.36 hectáreas de la zona costera de los municipios de Alto Lucero y Actopan para desarrollar el primer proyecto de explotación de oro en el estado de Veracruz, el cual pretendía extraer anualmente 100 mil onzas del preciado metal durante seis o diez años a partir del segundo trimestre de 2012, ayer el gobernador Duarte de Ochoa manifestó oficialmente su rechazo a la instalación de la mina “Caballo Blanco”, por considerar que no es un proyecto viable y que es incompatible con las características ambientales de la zona donde pretende operar.

El joven mandatario estatal dijo que “una extracción minera de estas características generaría impactos negativos irreversibles al medio ambiente de la región, y un alto grado de riesgo para la población”.


Por estas razones, agregó, “he girado instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente para presentar, el día de mañana (lunes 27), de manera formal ante las instancias correspondientes, la opinión del Gobierno de Veracruz en el sentido de no avalar la construcción y operación de la mina Caballo Blanco” en el cerro de La Paila, situado a 3.5 kilómetros en línea recta de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Mencionó que días antes solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) realizar un análisis técnico detallado del manifiesto de impacto ambiental de la mina “Caballo Blanco”, que presentó la empresa minera Goldgroup. En este análisis participaron de manera interinstitucional las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Social, Protección Civil, Salud y Desarrollo Económico.

“La política de mi gobierno está basada en dar certeza y seguridad a los ciudadanos; este es el compromiso que cumpliremos a cabalidad y que tiene que ver con el presente y el futuro de Veracruz y los veracruzanos”, expresó este domingo el gobernador Duarte de Ochoa en Boca del Río, donde acompañado del secretario del Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, participó en la jornada ambiental “Limpiemos Nuestro México” que es organizada por una televisora privada.


El Ejecutivo estatal dijo, además, que su gobierno ha estado muy atento del proceso que lleva el proyecto de la mina a cielo abierto ante las autoridades federales, quienes por ley son las facultadas para emitir los permisos de operación de este tipo de empresas.

Enfático señaló que en Veracruz se respaldan las inversiones y los proyectos que estén orientados en la sustentabilidad, los cuales, además de generar bienestar para los ciudadanos, deben garantizar la protección al entorno y promover los ecosistemas.

Duarte de Ochoa agregó que el gobierno estatal también ha estado muy atento a las opiniones y posturas que sobre este tema han emitido instituciones académicas, expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, así como de ciudadanos en lo general, “quienes en su conjunto han pedido a mi administración interactuar con las instancias federales, con el fin de garantizar a los veracruzanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y seguro”, expresó.


Aseguró que su gobierno seguirá trabajando en la construcción de “un Veracruz más sano, más limpio y más verde”.

Habrá quienes seguramente atribuirán al proceso electoral la marcha atrás del gobierno priista del estado a este proyecto minero en el que los inversionistas de origen canadiense prometían destinar 7 millones de pesos anuales a diversos proyectos sociales dirigidos al autodesarrollo local; crear mil empleos directos en la fase de construcción y entre 350 y 400 directos en la fase de operación; capacitar a los jóvenes de las comunidades del área de influencia para habilitarlos en el trabajo de la industria minera moderna, y desarrollar un aprovechamiento racional de un recurso estratégico para la región.

Richard Irvine, director general de Minera Cardel, que es la empresa operativa de Candymin, S.A. de C.V., filial en México de la firma canadiense GoldGroup Mining Corp que actualmente trabaja también los proyectos de Cerro Colorado, en el estado de Sonora, y el de San José de Gracia, en Sinaloa, aseguraba que con el proyecto “Caballo Blanco” que pretendían desarrollar en la zona costera central de Veracruz “queremos impulsar un proyecto minero ejemplar, que muestre que el alto nivel técnico, la responsabilidad ambiental y el desarrollo social pueden sumarse para abrir nuevas oportunidades de vida”.


Por todas esas expectativas para las comunidades y habitantes de la región, con cuyas autoridades habían establecido una actitud de diálogo, el directivo de Minera Cardel cuestionaba si “¿no merecemos al menos que el proyecto sea abordado, valorado y comentado objetivamente?”, ante la campaña alarmista que organizaciones ambientalistas y otros grupos de presión habían emprendido en los medios de comunicación basada en las experiencias desastrosas en otras entidades como San Luis Potosí o Guerrero, donde unidades mineras a cielo abierto han contaminado con cianuro los mantos acuíferos provocando enfermedades y hasta la muerte de pobladores de la región.

Por lo anunciado ayer por el gobernador Duarte de Ochoa, los grupos ecologistas opositores al proyecto “Caballo Blanco” ganaron la batalla mediática y política. La de la defensa del medio ambiente es pírrica, pues por ejemplo aún les quedaría pendiente cerrar la nucleoeléctrica de Laguna Verde o sacar a Pemex de Veracruz, que es la empresa paraestatal que más ha contaminado los ríos, lagunas y el subsuelo de buena parte de la entidad. El río Coatzacoalcos es el caso más reciente.

Con la cancelación de este proyecto minero, en el que se invertirían 385 millones de dólares, se quedan colgados de la brocha más de 500 jefes de familia de la zona costera de los municipios de Alto Lucero y Actopan que estaban por ser capacitados para laborar en esta mina a cielo abierto. Sus ingresos al año, según los directivos de Minera Cardel, ascenderían a más del triple del salario promedio anual que percibe un trabajador formal en el estado de Veracruz, que está 4 mil pesos abajo del promedio nacional que ronda los 99 mil pesos por año.


Sin embargo, los que quedan en entredicho también son los autores del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera. Y es que Richard Irvine decía confiar en el valor de las investigaciones que les sirvieron de base para la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional, en el que participaron especialistas del Instituto de Ecología de Veracruz (Inecol) y de la Universidad Veracruzana (UV).

“Tenemos principios éticos de acción bien definidos y queremos ser un factor positivo para la región. En efecto, también queremos un proyecto que responda a las expectativas de los inversionistas”, argumentaba el director general de Minera Cardel, cuyo proyecto no pudo arrancar en un domingo feliz como el caballo blanco del corrido de José Alfredo Jiménez.