Aunque ciertamente la Comisión Electoral del PAN en Veracruz es sólo un órgano auxiliar de la Comisión Nacional al que no le compete resolver acerca de la validez del impugnado triunfo del precandidato al Senado de la República Fernando Yunes Márquez, pero al exponer y acreditar las irregularidades cometidas durante la elección panista del pasado domingo 19 de febrero ha puesto en un serio predicamento a la cúpula del partido blanquiazul que actualmente enfrenta problemas similares en otras entidades claves para el panismo como Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Coahuila, Chihuahua, el DF, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes y Tlaxcala, donde también se están cuestionando las candidaturas obtenidas por militantes acusados de alterar padrones, comprar y coaccionar votos, usar programas sociales y hasta de estar involucrados en chantaje a casinos.

Sin embargo, por las respuestas dadas hasta el momento por los representantes del Comité Ejecutivo Nacional a sus militantes inconformes, todo hace suponer que difícilmente los resultados se invalidarán, lo que reforzaría la pragmática cultura democrática entre los panistas del “haiga sido como haiga sido”.

Por ejemplo, la secretaria general del CEN del PAN, Cecilia Romero, al encarar los reclamos por las candidaturas asignadas en Nuevo León, especialmente la de diputado federal plurinominal otorgada al desprestigiado alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, respondió que éstas surgieron de un proceso democrático que los militantes deben acatar.


“Cuando se tomó la decisión de designar, no hubo ni nombres ni apellidos ni ningún señalamiento específico sobre quién sí o quién no debería ser designado”, declaró Romero, quien argumentó que hubo consultas y entrevistas con liderazgos locales y que en Nuevo León se inscribieron 144 panistas para elegir a sólo 16 candidatos.

En un desplegado publicado en diversos medios de NL y firmado por el presidente del CEN, Gustavo Madero, el PAN defendió la elección de sus candidatos a cargos de elección popular en esa entidad. “En el caso de las designaciones de las candidaturas de Nuevo León, éstas fueron aprobadas por el CEN, privilegiando la discusión democrática y escuchando las opiniones de todos sus miembros, y no como resultado de una decisión del presidente nacional en lo individual”, decía el texto.

En entrevista, Romero admitió que “en algunas entidades y en algunos casos específicos sí se presentaron impugnaciones, pero no creo que esto traiga como consecuencia una desbandada de panistas”.


Y luego reconoció lo que ahora se está impugnando precisamente en Veracruz y en otras entidades por sus correligionarios: “Hay enojo por parte de algunos, muy comprensible porque se sintieron víctimas de ciertas prácticas no utilizadas por el PAN hasta hoy”.

Sin embargo, la secretaria general del CEN de Acción Nacional expresó que “sin restar importancia a las impugnaciones que se hayan presentado, en términos generales los procesos se llevaron a cabo de manera panista y exitosa”.

Empero, en la minuta de la sesión de la Comisión Estatal de Veracruz, que acabó la madrugada del pasado viernes 2, se indica que se detectaron 154 irregularidades en la elección de candidatos al Senado por mayoría relativa. En dicho documento se mencionan vicios como el embarazo de urnas, boletas clonadas, compra de votos, destrucción de actas de cómputo y sustitución de funcionarios de casilla e impedimentos para que hicieran su trabajo, sobre todo en Tantoyuca, municipio con el mayor número de miembros adherentes del PAN, donde gobierna el cacique panista Joaquín Guzmán Avilés, un aliado de Yunes.


“Ante las irregularidades advertidas previo y durante la jornada electoral, así como en la sesión de cómputo, no permiten a esta autoridad considerar como válida la declaración de resultados”, concluyó la Comisión local, la cual precisó que este dictamen no es definitivo porque “esta Comisión Electoral funge como órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Elecciones”. No obstante, consignó que “es obligación de los integrantes del primero advertir sobre las conductas que se consideren contrarias a la normativa estatutaria y reglamentaria de Acción Nacional”.

Entrevistado al respecto, el presidente de la CNE, José Espina, reiteró en efecto que no es facultad de las instancias locales pronunciarse sobre la validez de las contiendas. “A las Comisiones Electorales Estatales sólo les corresponde hacer el cómputo de la elección, nada más”, puntualizó.

Explicó que las constancias de candidatos electos sólo las entrega la CNE que él preside, y que si aún no lo ha hecho, dijo, es porque todavía están revisando las quejas interpuestas.


“Esa declaratoria sólo se puede emitir hasta que se terminan de resolver todas las impugnaciones que se hayan presentado. Por eso es que hasta este momento no ha habido ninguna decisión sobre el caso de Veracruz y sobre ningún otro de los procesos de selección de candidatos a senadores”, explicó Espina, quien refirió que en esta misma situación están Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas e Hidalgo, donde no han resuelto las quejas por la elección de candidatos al Senado, y San Luis Potosí, Michoacán, México e Hidalgo por candidatos a diputados impugnados.

Sin embargo, desde hace un par de semanas se intensificaron las acusaciones sobre irregularidades en Chihuahua y Coahuila, y por la designación de candidatos en Nuevo León. Incluso el pasado jueves, el ex dirigente nacional Luis H. Álvarez y el ex gobernador de Baja California Norte, Ernesto Ruffo Appel, dirigieron una carta al CEN en la que piden reponer el proceso interno de Chihuahua y analizar las pruebas presentadas por Javier Corral sobre las irregularidades cometidas en esa entidad.

En cambio, en Nuevo León, la designación de líderes acusados de actos de corrupción y de manipular los padrones panistas a cargos federales ha propiciado la deserción de destacados militantes del PAN, como Rogelio Sada Zambrano, quien la semana anterior cumplió su amenaza de renunciar a 50 años de militancia al partido blanquiazul si la dirigencia nacional no rectificaba su decisión de nombrar al alcalde regiomontano Fernando Larrazabal y a Raúl Gracia como candidatos al Congreso de la Unión. Esta renuncia se sumó a la del ex munícipe de San Pedro Garza García, Alejandro Páez, y a las de Fernando Canales Stelzer y Mauricio Sada, todos por inconformidades con Larrazabal y otros funcionarios.


Sin embargo, en número de miembros activos y adherentes del PAN, Nuevo León no tiene la misma importancia que Veracruz, cuyo padrón panista es de casi 160 mil militantes, cuatro veces más que los registrados en aquella entidad norteña.

Será interesante ver cómo deciden resolver el CEN y la CNE del PAN el caso Veracruz. Y es que por un lado está el grupo del ex candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares –quien primero le prometió a Ernesto Cordero y ahora a Josefina Vázquez Mota sumarles 1.5 millones de votos en la elección constitucional de julio próximo–, y, por el otro, están los del ex dirigente estatal Alejandro Vázquez Cuevas y del ex alcalde porteño Julen Rementería, los cuales parecen disputarle al ex director del ISSSTE no sólo la candidatura de primera fórmula al Senado de la República sino también el control del partido en la entidad, que será determinante para incidir en la elección de alcaldes y diputados locales en el 2013 y definir la futura nominación al gobierno del estado en el año 2016.