De nuevo, Amadeo. Bien. Ayer, el Procurador General de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, dio muestras, una vez más, de cómo se hacen y de cómo se deben hacer las cosas con respecto a los asuntos públicos: atendiéndolos. Hizo lo que es su obligación, recibir a una comisión de manifestantes que salieron a las calles a protestar por la desaparición de los jóvenes Mikhele Jalil Jiménez Velasco, Mayté Martínez Alvarado y Gemma Mávil Hernández, pero no solo eso, sino que como era su deber también, les dio información a los familiares sobre las indagatorias que se realizan. Al anochecer se dio a conocer que el primero de ellos apareció sano y salvo aunque lamentablemente no se pudo decir lo mismo de las otras mencionadas, lo que reconfirma la desaparición de mujeres en el estado.

 

Amadeo actuó con toda responsabilidad e institucionalidad. Por una parte no minimizó el problema recurriendo al expediente fácil de decir que él y ellas seguramente se habían ido con su novia o con sus novios o con sus amigos como recientemente hizo y dijo el subprocurador de la Zona Xalapa de la PGJ, Antonio Lezama Moo, con respecto a las desaparecidas en la entidad, más de cinco mil, y por la otra refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de llegar al esclarecimiento de los hechos, con lo que de paso fijó la postura oficial mostrando preocupación por el problema, reconociéndolo, a la vez que descalificó indirectamente a su irresponsable subalterno.

 

Un día antes, escribí con respecto al problema: “Extraña que hasta ahora el resto del Gobierno del Estado ha guardado silencio sobre lo dicho por Lezama Moo, con lo que puede pensarse que avala lo declarado. Extraña porque finalmente el funcionario representa a la Procuraduría General de Justicia y por extensión al Gobierno del Estado, con lo que podría entenderse que su postura al respecto es la postura oficial del Gobierno de Veracruz”. La respuesta oficial se ha dado horas después.

 

Pero también escribí que extrañaba que otras entidades, oficiales o no, así como personas en funciones de gobierno o legislativas habían callado. Hoy tengo que hacer una rectificación. Sí hubo una voz, una sola, que salió a protestar: la de la diputada local priista Anabel Ponce Calderón, quien el mismo jueves, inmediato a la declaración de Lezama Moo salió a descalificarlo. Secretaria de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso local, dijo que el funcionario debía investigar responsablemente las desapariciones de mujeres.

 

La compañera reportera Máxima García, del diario Imagen de Veracruz, registró que Anabel, molesta, señaló que el subprocurador debía ser más responsable con sus declaraciones. “El procurador de Justicia, Amadeo Flores Espinoza, lo debe conminar a que en un tema tan sensible sea más cuidadoso y profesional”, lamentando el problema que, afirmó, existe “y es algo muy doloroso para las víctimas y sus familias, y el que uno de los responsables de la procuración de justicia diga que se van con el novio, es ofensivo”. Recomendó al funcionario no volver a hacer ese tipo de señalamientos. “Prefiero que se avoquen a hacer un trabajo de investigación serio y responsable”. Dijo que había que buscar el origen del problema, “porque la desaparición de mujeres es un problema recurrente, independientemente de las estadísticas que se puedan tener. La investigación es para que cada caso se vea con responsabilidad, se investigue y se sensibilice a los funcionarios”. Insistió en que la declaración de Lezama Moo era tan banal que lesionaba al círculo familiar, “que de por sí ya está muy dolido, además de que indigna a la sociedad”. Recordó que el Gobernador ha invitado a los servidores públicos a trabajar con alto sentido de responsabilidad y que espera que lo cumpla.

 

La actitud del procurador Amadeo Flores Espinosa resultó también oportuna, pues se dio cuando ayer mismo, en Ginebra, Suiza, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas recomendó a México que “se reconozca la magnitud del problema de la desaparición forzada”, según leí en el portal del diario Milenio. “El presidente relator del Grupo de Trabajo, Jeremy Serkin, presentó hoy el informe de la visita de sus expertos al país en marzo de 2011, donde se sugiere reconocer el problema como primer paso para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación”, dice el despacho informativo, que agrega en otro párrafo: “En la revisión del informe, Sarkin sugirió que «se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias»”. Que el fiscal del estado atienda a víctimas y ofrezca a nombre del Gobierno que representa que se llegará al esclarecimiento de los hechos es reconocer el problema.

 

Pero ese es solo un ángulo del problema. Ahora mismo hay otras dos desaparecidas con denuncia respectiva de sus familiares y la versión de otras tres personas levantadas ayer solo en Xalapa. ¿Cuántas van hasta ahora? ¿Ya seis mil mujeres? ¿Cuántos varones? Es cierto que las autoridades atienden el problema, como se vio ayer cuando se instalaron retenes de seguridad a las salidas de la capital en busca de los desaparecidos, pero la imagen, que recuerda los estados de sitio de países con gobiernos represores, es lo menos deseable.

 

Tendrá que redoblarse la vigilancia, la acción preventiva de los cuerpos de seguridad antes de que cunda el pánico y volvamos a los aciagos días de septiembre del año pasado cuando Xalapa parecía una ciudad fantasma, en estado de sitio. Y el Procurador y las autoridades de seguridad pública deberán atender personalmente a todas las familias víctimas y ordenar a sus colaboradores que hagan lo mismo, que se les informe qué se ha hecho o qué se está haciendo sobre sus casos, pues lo peor que puede pasar ahora es que las autoridades pierdan la confianza y la credibilidad de los veracruzanos ya que ello redundaría en perjuicio de las políticas públicas en materia de seguridad.

 

Por lo demás, el gobernador Javier Duarte de Ochoa debe tener ahora muy claro lo que es un colaborador, un servidor público profesional, responsable, eficaz, que ayuda a la buena imagen del Gobierno, que no le causa problemas con declaraciones y actitudes irresponsables; que no sale a descalificar ni a incriminar a nadie sin averiguación alguna y sin pruebas en la mano, que no es fantoche ni ofende a los representados, que da la cara, que atiende a los ciudadanos con respeto. Amadeo Flores Espinosa es un modelo de funcionario a seguir. Todos los demás que no se ajustan a ese prototipo debieran ser cesados, de inmediato. Y cuidado que hay muchos.