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Columnas y artículos de opinión
Kairós
Elecciones: duras lecciones
Francisco Montfort Guillén
7 de marzo de 2012
alcalorpolitico.com
«¡Hola! Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido político… pero si me aprovecho de mi situación de influencia para grillar a Manuel Camacho Solís y que deje de estar cerca e influyendo perversamente en nuestro candidato». «Soy un impoluto ciudadano que quiero que gane mi candidato porque él sí va a gobernar con la gente» continúa, con otras palabras, el discurso del actor. Bonilla es uno de tantos arribistas de la «izquierda mexicana realmente existente» que antes criticaba, pero que ahora ejerce, la doble moral. Critica a los «gobiernos de oposición», el PRI y el PAN en su caso, y habla de la superioridad de su promovido. Mientras sus tres partidos coaligados, demandan a Felipe Calderón por hacer mención de los resultados de una encuesta en una reunión privada (delicada equivocación política presidencial, aunque válida en cualquier democracia, desde mi punto de vista), Héctor protagoniza promocionales que son transmitidos, con la complicidad astuta de las televisoras, precisamente en tiempos oficiales de «veda electoral», cuando está prohibido por la ley hacer propaganda partidista y de personas.

Estos impolutos izquierdistas, y sus inocentes asociados, las televisoras y radiodifusoras, ciudadanos ejemplares todos, se dan el lujo de violar las leyes, conscientemente, sabiendo que no los pueden sancionar, porque encontraron «un hueco en la ley» (para joder a la derecha reaccionaria, la vieja y la nueva, según HB), por donde cuelan sus promocionales. Están felices con su trampa, les alegra su astucia: han retrasado el registro oficial de su organización, llamada Morena, pues de esa manera el IFE no puede sancionarlos.

El cumplimiento de las leyes sigue intoxicando a los ciudadanos y a las organizaciones civiles y a las instituciones públicas. En el PAN, figuras notables como Don Luis H. Álvarez y Jorge Zermeño y Javier Corral han protestado por el manejo fraudulento de los comicios internos estatales de su partido y pretenden, con justa razón, que se repitan las votaciones o que su dirigencia designe a los candidatos dejados fuera por las artimañas de militantes panistas, que introdujeron a su partido las mismas trampas de sus rivales eternos, los priistas creadores del mayor repertorio de trucos para torcer la voluntad de los electores. Las protestas crecen en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa. Panistas tan deleznables por sus conductas como por desprestigiar aún más la podrida casta de partidos políticos mexicanos. En Veracruz, al parecer, el duelo fue parejo entre los usuarios de ramilletes de astucias, para vencer en mala lid, que pusieron en práctica los contendientes. El perdedor ahora se ha inconformado, no porque él haya actuado con escrupuloso apego a la ley, sino porque en el duelo de engaños, fue vencido.


Las instituciones electorales pierden credibilidad entre los ciudadanos. Las reformas han deformado sus funciones: las han hecho crecer desmesuradamente, les han quitado certeza y las han sometido a las decisiones de otros poderes, minando así su autonomía. Ésta empezó a ser debilitada con el cambio de consejeros, jueces y funcionarios de tercera generación que abusan de su protagonismo y abusan en sus equivocaciones. Una encuesta publicada en enero de 2012 por El Universal, mostraba que 47% de los mexicanos decían que los próximos comicios presidenciales no serán confiables. Un poco menos, 43%, opinaba lo contrario. Los porcentajes variaron en cada entidad. Entre los más altos que pensaban que no serían confiables los resultados electorales están: Morelos, 56%; Tlaxcala, 53%; Distrito Federal y Puebla, 52%; Veracruz, Oaxaca, y Chiapas, 51%; Querétaro y Estado de México, 50%. Con porcentajes mayores a 50%, que consideran que los resultados electorales sí serán confiables, están: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión considera que «La ley electoral y los criterios de la autoridad atentan contra la libertad de expresión y limitan la actividad periodística» y presentaron, en consecuencia, «denuncias ante organismos internacionales para defender la libertad de información de los mexicanos y la libre expresión de todos los comunicadores de la radiodifusión mexicana» (El Universal, 15/II/2012). Más allá de que esta posición deriva en realidad de la pérdida de un gran negocio por parte de televisoras y radiodifusoras, debido a la nueva ley electoral, existen elementos suficientes para constatar que las autoridades han sido incapaces de sancionar a los actores políticos, (y en esta categoría están incluidas las cadenas de radiotelevisión que también hacen política) una y otra vez, creando un ambiente de impunidad.

Hasta ahora las sanciones impuestas a partidos y candidatos han sido insuficientes para detener sus reiteradas conductas ilícitas. Todos los partidos y todas las cadenas de radiotelevisión han caído en desacato. El PVEM y TV Azteca lideran estas conductas ilícitas y recurrentes: prefieren violar la ley, ser sancionados, meter recursos y ser exonerados o pagar las risibles multas, que someterse de origen al imperio de las leyes.


Ahora las elecciones están frente a un problema más grave y las autoridades han tenido temor de, por lo menos, lanzar un mensaje contundente de castigo hacia los infractores de la ley. El paso dado por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lugar de haber sido convertido en categoría política de orientación y ejemplo de intransigencia cuando de cumplir la ley se trata, fue considerado por la Sala Superior como equivocación, casi un exabrupto, una equivocación por la cual los lamentables consejeros del IFE hasta pidieron disculpas. La anulación de las elecciones de Morelia debió ser la base para anular las del estado de Michoacán. La acumulación de infracciones cometidas por los candidatos y los partidos debió haber sido el eje de una sanción ejemplar. Anular comicios no para favorecer a algún contendiente en particular. Sí para mostrar un acto de autoridad en contra de la injerencia del crimen organizado y contra la multiplicación perversa de actos ilegales de candidatos y partidos. Privaron el miedo, el chantaje y la ceguera en todas las autoridades, empezando por el Instituto Electoral de Michoacán y los partidos políticos. También contribuyeron a esta farsa el 99% de los comentócratas. Lo lamentaremos.

Los calzoncillos de un boxeador «inocente ciudadano que por iniciativa propia apoyó mediáticamente al PRI y que ahora es uno de sus candidatos a diputado» y la transmisión de los cierres de campaña de los candidatos a alcaldes en Morelia y de los candidatos a gobernador, palidecen frente a las obvias y preocupantes ingerencias del crimen organizado en las elecciones michoacanas. Se sabe que en el feudo de la familia real de Lázaro Cárdenas, y en otros estados, la intervención de la delincuencia organizada, la civil y la oficial, influye y determina, en buena medida, los resultados electorales.

Mediante el lavado de dinero, privado y público, con el cual se financian las campañas, y con los apoyos logísticos, y los regalos en especie, y la intimidación, y la coacción y la compra de votos es cada vez más común y más grande su influencia. Tamaulipas es sólo el caso más evidente. Por el bien de la sociedad, de todos los partidos y de todos los candidatos la anulación de los comicios en Michoacán hubiese sido un poderoso mensaje de intolerancia de las autoridades frente a la ilegalidad. La torpe actuación de las autoridades locales y del TEPJF se convertirá en un referente de temor y complicidad frente a los actos ilícitos.


La lucha por el poder es cruel y es dura. No cambiará con los mensajes ñoños del IFE. Tampoco con los pronunciamientos moralinos desde las redes sociales o con las tontas campañas de Pedro Ferríz de Con en la radio y la televisión. El proceso civilizatorio de la lucha y el ejercicio del poder necesita de una religión laica: la creencia de que sólo con el cumplimiento riguroso de las leyes es posible la convivencia sana en una sociedad. Su complemento, como señalara Max Weber, es la ética: de la convicción y de la responsabilidad. Hasta ahora el balance es negativo. Nada cambiará si la actitud de los actores políticos de la sociedad civil y del Estado, no se basa en el sometimiento de las conductas a las leyes, a pesar de que por sus defectos de elaboración, defectos derivados tanto de la incompetencia jurídica como de la perversidad y los intereses mezquinos, dificultan cada vez más su cumplimiento.

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