¿Recordarán en el gobierno de Veracruz el derrame masivo de crudo en el Golfo de México ocurrido en abril del 2010 por la explosión del pozo submarino “Macondo”, perteneciente en un 65 y 25 por ciento, respectivamente, a las compañías British Petroleum y Anadarko Petroleum Corporation?

En la historia de Estados Unidos ha quedado registrada como la peor catástrofe petrolera sucedida mar adentro. En total murieron 11 personas y alrededor de 4 mil 900 millones de barriles de petróleo fueron vertidos a las aguas del Golfo de México con la filtración del yacimiento submarino, el cual fue sellado hasta cinco meses después del accidente.

A principios de junio de 2010, el aún gobernador Fidel Herrera Beltrán declaró que su administración había contratado un despacho de abogados especialista en juicios industriales para que preparara una denuncia en contra de la compañía petrolera británica en caso de que las playas y ecosistemas veracruzanos se vieran afectados por este derrame de crudo. “Es una medida preventiva equivalente a un seguro como lo hemos hecho en el caso de desastres naturales, como lo hemos hecho para proteger a la agricultura y a la ganadería, hoy lo hacemos para prevenir y no tener que lamentar”, declaró Herrera, quien precisó que la demanda cubriría daños a la pesca, industria, comercio y turismo, así como las indemnizaciones que prevén la legislación internacional.


A diferencia del gobierno federal, que a través de la Semarnat se deslindó y negó sumarse a este litigio internacional, el miércoles 29 de septiembre se anunció que los gobiernos estatales de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo habían interpuesto ante una corte federal en San Antonio, Texas, demandas contra British Petroleum, Transocean y Halliburton, por los daños causados con el desastre petrolero.

Lo que estos gobiernos estatales reclamaban eran compensaciones financieras por considerar que estas compañías petroleras habían sido negligentes al momento de la construcción de la plataforma, tanto por usar materiales más económicos como en invertir en un diseño diferente, que fue lo que presumiblemente causó el desastre ecológico en el Golfo de México. En octubre de 2010, el abogado representante de las compañías petroleras calculaba enfrentar más de mil demandas en cortes estatales y federales de los Estados Unidos, y creía que las de los gobiernos de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo eran sólo el principio.

Bueno, pues ahora resulta que British Petroleum, que aún enfrenta demandas del gobierno estadounidense y de sus socios de perforación, acaba de lograr un acuerdo estimado en 7 mil 800 millones de dólares con los negocios costeros afectados por este derrame masivo de hidrocarburo.


El juez federal de distrito en Nueva Orleans, Carl Barbier, en una determinación tomada el pasado miércoles 22 de febrero –tres días antes de que el caso fuera a juicio–, dijo que los términos del acuerdo propuesto serían enviados a la Corte para su aprobación.

El magistrado ya había retrasado el comienzo del juicio para permitir una negociación con la Comisión de Dirección de Demandantes, que representa a cientos de miles de pescadores y negocios cuyos ingresos fueron afectados por la explosión en la plataforma Deepwater Horizon y el derrame del pozo Macondo.

British Petroleum sostuvo que el acuerdo propuesto rondará los 7 mil 800 millones de dólares, incluyendo un compromiso de 2 mil 300 millones para ayudar a resolver demandas perdidas relacionadas a la industria pesquera del Golfo de México.


El acuerdo no es una admisión de responsabilidad, precisó la petrolera británica, que asignaría a los demandantes algunas de sus acciones legales en contra de Transocean y Halliburton.

Aparte de British Petroleum, los principales acusados corporativos son la firma suiza Transocean, dueña de Deepwater Horizon; y Halliburton, con base en Houston, que brindó servicios de revestimiento para el pozo. Las compañías también se están demandando unas a otras.

Este acuerdo resolvería una parte significativa de este complejo caso, pero no pondría fin a la exposición de British Petroleum, que aún afronta demandas del gobierno estadounidense por violaciones del Acto de Agua Limpia y otras leyes que podrían generar multas por miles de millones de dólares.


Además, la petrolera británica todavía tiene pendiente responder a las demandas de los gobiernos de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, y de a sus socios de perforación.

“Los acuerdos o retrasos hechos por otros involucrados no cambian los hechos en este caso y nosotros estamos totalmente preparados para argumentar a favor de nuestro caso en base a estos hechos”, declaró un vocero autorizado de Transocean.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el país estaba preparado para ir a juicio y hacer que los responsables de violar leyes federales sean castigados.


British Petroleum, junto con Anadarko Petroleum Corporation, son imputables por daños civiles bajo las leyes federales de Estados Unidos contra la contaminación ambiental por el derrame de petróleo en el Golfo de México del 2010, dictaminó el juez Barbier, lo que expone a las firmas a miles de millones de dólares en multas potenciales.

El dictamen emitido por el juez federal de distrito de Nueva Orleans permite que el gobierno estadounidense haga demandas punitivas civiles en un juicio que el magistrado viene supervisando desde el 27 de febrero pasado.

De ganar este caso, seguramente el gobierno de Veracruz hasta se olvidará por el momento de seguirle reclamando a la Procuraduría General de la República la devolución de los 25 millones de pesos que el mes pasado la policía federal le confiscó en el aeropuerto de Toluca a dos empleados que transportaban el efectivo en maletas.