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Columnas y artículos de opinión
Las evaluaciones de la OCDE
Guillermo H. Zúñiga Martínez
17 de marzo de 2012
alcalorpolitico.com
Nunca he estado en la OCDE, en consecuencia desconozco sus oficinas y ubicación, la integración burocrática y hasta su influencia y autoridad intelectual. Es de esas organizaciones ajenas al pueblo, alejada de las necesidades y sensibilidad social pero, a través de instrumentos psicológicos, se ha posicionado como un ogro que amenaza calificar la calidad educativa de los países con los que trabaja.

La OCDE pesa, es una báscula llena de kilos, libras, arrobas, que calcula y evalúa con criterios propios la calidad de diversos sistemas educativos.

Es un organismo que puede conducir a la excelsitud o al fracaso. Sus opiniones tienen cuerpo y a veces alma; lo peor: sin que sepamos porqué, estamos en sus manos; de los criterios que propugna depende el prestigio de países enteros.


Su personal configura un distinguido equipo que luce por doquier los honores de la excelencia certificada por universidades de enorme rango académico. Sus dictámenes tienen solvencia universal y las autoridades educativas se inclinan ante su seriedad y otras hasta se humillan delante de sus certeras opiniones sobre los avances de la niñez y la juventud.

Recientemente los estudiosos ocdianos, seguramente después de haber recorrido muchas repúblicas, decretaron que aquellas que no tienen derechos de matrícula, poseen menores tasas de entrada, por lo cual, concluyen, el acceso a la educación superior no se garantiza con la gratuidad.

Los sabios de la organización ignoran que en ninguna parte del mundo la educación es gratuita, porque los servicios docentes se pagan con los impuestos del pueblo, en consecuencia, ¿de dónde obtienen el concepto de gratuidad?, razón que me lleva a sostener una auténtica duda sobre su capacidad.


La conclusión de esos eruditos sostiene que las naciones con sistemas bien desarrollados de ayuda financiera como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y USA, tienen tasas de matrícula muy alta, en otras palabras, investigaron en cuáles se paga por estudiar. Su inteligente conclusión es que en esos países los individuos tienen libertad para cubrir o no su formación, lo que resulta una aportación “brillante”.

Dicen los peritos ocdianos: “Las tasas de ingreso alto que se observan entre algunos países que no cobran derechos de matrícula, también puede ser debido a su alto grado de desarrollo de sistemas financieros de apoyo al estudiante para cubrir los gastos de subsistencia, no sólo a la ausencia de derechos de inscripción “.

Los ocdianos han sostenido en estos días que el 55% de estudiantes se benefician de subvenciones públicas, el crédito educativo o una combinación de ambas, como sucede en Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.


El estudio que realizaron permite saber que muchos Estados tienen objetivos similares, tales como el fortalecimiento de la economía del conocimiento, aumentar el acceso de los aprendientes, fomentar la terminación de los estudios y asegurar la estabilidad financiera de sus sistemas.

Una de sus aportaciones más importantes consiste en que no se ponen de acuerdo en la estructura del costo de la educación superior y menos en las características del apoyo financiero que se brinda a estudiantes.

Otra afirmación de esos talentos, la traducen en una sugerencia: piden que los administradores y dirigentes de la educación hagan uso eficiente de los limitados fondos públicos.


Seguramente conocen la realidad de algunas universidades en Latinoamérica donde sus dirigentes prefieren andar haciendo declaraciones sin sustento y criticando a los demás para descuidar sus tareas fundamentales como garantizar la calidad en las instituciones que representan.

La OCDE en forma declarativa propone un foro donde los representantes de los gobiernos que son miembros pueden trabajar, compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes.

Lo más importante de esta organización radica en que analiza, compara datos para predecir las tendencias pero lo que se les debe sugerir, es que sus pruebas deberían ser más equitativas y aplicarlas con base en una clasificación en cuanto al desarrollo económico y socio- cultural de los pueblos, a fin de no tratar igual a quienes son desiguales.


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