19 de marzo de 2012
alcalorpolitico.com
La fotografía de una joven corriendo en un camino solitario con el rostro teñido de pánico mostró al mundo, sin una palabra, la sensación de la muerte que llegó a Vietnam con las bombas de Napalm.
La sociedad simplemente no podría creer ciertas noticias si no fuese por las fotografías tomadas por las y los reporteros gráficos que todos los días buscan las imágenes que muestren una realidad que debe conocerse.
Por eso el miedo de quienes perpetran crímenes y violan la ley a una reportera con cámara, a un fotógrafo que se juega la vida acercándose para capturar el momento.
Las y los reporteros gráficos están en peligro en México; en los últimos tres años 95 fotógrafos y camarógrafos de medios escritos y electrónicos han sido agredidos.
Sesenta y dos de estos ataques fueron perpetrados por elementos de las fuerzas de seguridad.
Esta semana saldrá a la luz pública uno de los informes más honestos que he leído sobre agresiones a periodistas; elaborado por la reconocida organización Article 19 que defiende la libertad de expresión y protege a periodistas en riesgo en México y el mundo.
El informe “Silencio forzado: el Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México”, exige una reflexión sobre los métodos con que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documenta las agresiones y desapariciones de periodistas; critica seriamente las inconsistencias de dicho organismo y llama a reflexionar sobre la importancia de ratificar y contrastar fuentes, así como de comprender que inflar las cifras no es ético ni abona a que se dé importancia al fenómeno de violencia.
Cuando se desagregan las cifras a nivel nacional, nos dice el informe, se advierte que en su mayoría, los responsables de las agresiones han sido elementos de Policía Estatal (77 incidentes), Policía Federal (6), Policía Municipal (7) y Fuerzas Armadas (41); las fuerzas de seguridad son responsables de la mitad de las agresiones que provienen de funcionarios del Estado.
Del total de agresiones de 2009 a 2011, uno de cada tres abusos fue responsabilidad de las fuerzas encargadas de guardar el orden.
A la delincuencia organizada se atribuyen las principales violaciones graves: 24 ataques con armas de fuego o explosivos contra medios de comunicación (de los cuales 75% se concentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); 12 de los 27 asesinatos a periodistas y colaboradores de medios, y dos de los cuatro casos de desaparición.
En resumen, 7 de cada 10 agresiones graves vienen del crimen organizado.
El director de Article 19 asegura que el fenómeno no es novedad sexenal; se gestó lentamente al amparo de un Estado omiso ante la evidencia de complicidades entre la autoridad, el narcotráfico y la delincuencia organizada, cuando varios medios ya publicaban trabajos sobre la corrupción en las instituciones policiacas, en las procuradurías de Justicia estatales y en los gobiernos del ámbito municipal y estatal.
Citando su informe, Ramírez asegura que fue a inicios del 2010 cuando empezó a hablarse del rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas, hasta entonces su brazo armado.
Y la evidencia con detalles de combates de hasta ocho horas que se libraban en las calles de varios municipios, (de los cuales ni medios ni autoridades informaban) comenzó a circular en blogs y redes sociales, gracias a videos captados por ciudadanos.
Este cambio en la dinámica nos llama a revisar de manera honesta el verdadero papel de las redes sociales en la información.
El informe nos recuerda que salirse del guión, atreverse a nombrar a algún jefe criminal se castiga, y los escarmientos suelen tener tal nivel de brutalidad que hacen desaparecer semanas a las o los reporteros.
Es vital saber quién quiere silenciar a quién y cuáles son sus razones, porque amordazar a la prensa es negarnos a usted y a mí el derecho a conocer la verdad y a actuar en consecuencia, para proteger a nuestras familias y para colaborar en la transformación social.
Darío Ramírez y su equipo aseguran que no se puede omitir que el periodismo debe cambiar para satisfacer el derecho a la información de la sociedad, pero este derecho sólo se puede asegurar con una prensa sin miedo, profesional y con una independencia total de las autoridades.
El reto está en lograrlo sin jugarse la vida o asumir un silencio forzado.
Todas las partes involucradas deben revisar a fondo del papel que juegan y asumir la responsabilidad que les corresponde para defender la libertad de expresión.
La sociedad simplemente no podría creer ciertas noticias si no fuese por las fotografías tomadas por las y los reporteros gráficos que todos los días buscan las imágenes que muestren una realidad que debe conocerse.
Por eso el miedo de quienes perpetran crímenes y violan la ley a una reportera con cámara, a un fotógrafo que se juega la vida acercándose para capturar el momento.
Las y los reporteros gráficos están en peligro en México; en los últimos tres años 95 fotógrafos y camarógrafos de medios escritos y electrónicos han sido agredidos.
Sesenta y dos de estos ataques fueron perpetrados por elementos de las fuerzas de seguridad.
Esta semana saldrá a la luz pública uno de los informes más honestos que he leído sobre agresiones a periodistas; elaborado por la reconocida organización Article 19 que defiende la libertad de expresión y protege a periodistas en riesgo en México y el mundo.
El informe “Silencio forzado: el Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México”, exige una reflexión sobre los métodos con que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documenta las agresiones y desapariciones de periodistas; critica seriamente las inconsistencias de dicho organismo y llama a reflexionar sobre la importancia de ratificar y contrastar fuentes, así como de comprender que inflar las cifras no es ético ni abona a que se dé importancia al fenómeno de violencia.
Cuando se desagregan las cifras a nivel nacional, nos dice el informe, se advierte que en su mayoría, los responsables de las agresiones han sido elementos de Policía Estatal (77 incidentes), Policía Federal (6), Policía Municipal (7) y Fuerzas Armadas (41); las fuerzas de seguridad son responsables de la mitad de las agresiones que provienen de funcionarios del Estado.
Del total de agresiones de 2009 a 2011, uno de cada tres abusos fue responsabilidad de las fuerzas encargadas de guardar el orden.
A la delincuencia organizada se atribuyen las principales violaciones graves: 24 ataques con armas de fuego o explosivos contra medios de comunicación (de los cuales 75% se concentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); 12 de los 27 asesinatos a periodistas y colaboradores de medios, y dos de los cuatro casos de desaparición.
En resumen, 7 de cada 10 agresiones graves vienen del crimen organizado.
El director de Article 19 asegura que el fenómeno no es novedad sexenal; se gestó lentamente al amparo de un Estado omiso ante la evidencia de complicidades entre la autoridad, el narcotráfico y la delincuencia organizada, cuando varios medios ya publicaban trabajos sobre la corrupción en las instituciones policiacas, en las procuradurías de Justicia estatales y en los gobiernos del ámbito municipal y estatal.
Citando su informe, Ramírez asegura que fue a inicios del 2010 cuando empezó a hablarse del rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas, hasta entonces su brazo armado.
Y la evidencia con detalles de combates de hasta ocho horas que se libraban en las calles de varios municipios, (de los cuales ni medios ni autoridades informaban) comenzó a circular en blogs y redes sociales, gracias a videos captados por ciudadanos.
Este cambio en la dinámica nos llama a revisar de manera honesta el verdadero papel de las redes sociales en la información.
El informe nos recuerda que salirse del guión, atreverse a nombrar a algún jefe criminal se castiga, y los escarmientos suelen tener tal nivel de brutalidad que hacen desaparecer semanas a las o los reporteros.
Es vital saber quién quiere silenciar a quién y cuáles son sus razones, porque amordazar a la prensa es negarnos a usted y a mí el derecho a conocer la verdad y a actuar en consecuencia, para proteger a nuestras familias y para colaborar en la transformación social.
Darío Ramírez y su equipo aseguran que no se puede omitir que el periodismo debe cambiar para satisfacer el derecho a la información de la sociedad, pero este derecho sólo se puede asegurar con una prensa sin miedo, profesional y con una independencia total de las autoridades.
El reto está en lograrlo sin jugarse la vida o asumir un silencio forzado.
Todas las partes involucradas deben revisar a fondo del papel que juegan y asumir la responsabilidad que les corresponde para defender la libertad de expresión.