La semana antepasada el presidente Felipe Calderón estuvo dos días en Veracruz. El domingo 18 abanderó el buque “Abasolo” en la Terminal Marítima “Pajaritos” de Pemex, en el puerto de Coatzacoalcos, y posteriormente encabezó en el Complejo Petroquímico “Cangrejera” la ceremonia cívica con motivo del 74 aniversario de la Expropiación Petrolera. Por la tarde supervisó los avances del Libramiento Perote-Banderilla-Xalapa y luego viajó al puerto de Veracruz, donde pernoctó en las instalaciones de la Marina Armada de México.

Al día siguiente, lunes 19, en vez de viajar a la ciudad de Orizaba –donde originalmente tenía agendado un evento en el Parque del Bicentenario para la celebración del quinto aniversario del programa de Rescate de Espacios Públicos–, Calderón decidió trasladarse a Papantla. Pero el jefe del Ejecutivo federal no fue para visitar el Parque Temático Takilhsukut, sede del exitoso festival Cumbre Tajín 2012, sino para supervisar los avances del Complejo Penitenciario Federal No. 3 que está a punto de concluirse en el Totonacapan, en el cual se invierten 2 mil 600 millones de pesos y dispondrá de espacios para albergar a más de 2 mil internos y hasta 500 reos de alta peligrosidad, que estarán en un modulo de seguridad único en el país.

Como los cinco miembros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaban por resolver, el miércoles 21, el proyecto del ministro presidente Arturo Zaldívar que ordenaba la liberación “inmediata y absoluta” de la francesa Florence Cassez debido a que el proceso judicial que se le inició por secuestro en diciembre de 2005 violó algunas garantías constitucionales y de tratados internacionales a causa del montaje televisivo que realizó Genaro García Luna, a la sazón director de la AFI y actual secretario de Seguridad Pública federal, Calderón aprovechó este escenario para dirigir un exhorto a los miembros del Poder Judicial de la Federación para que “quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado y castigado y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia”.


Acompañado en este evento precisamente de García Luna, el Presidente les advirtió a los ministros de la Corte que “la impunidad es el estímulo más poderoso, el incentivo más destructivo e interminable que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique”.

Calderón enfatizó que, si bien deben cuidarse los derechos humanos de los delincuentes, el Poder Judicial debe garantizar ese mismo derecho a las víctimas.

El mensaje presidencial dirigido desde Papantla era claro y directo para los miembros de la Primera Sala de la SCJN, quienes dos días después aprobaron elaborar un nuevo proyecto de sentencia que le fue encargado a la ministro Olga Sánchez Cordero, tras desechar el de Zaldívar que ordenaba la liberación “inmediata y absoluta” de la francesa Cassez.


Sin embargo, no faltó quien le diera otra interpretación a las palabras del Presidente de extracción panista, quien ha sido acusado por la dirigencia nacional del PRI de su injerencia en el proceso electoral federal y de presionar a los gobernadores del partido tricolor en sus giras proselitistas.

Y es que hay quienes suponen que lo dicho por Calderón en Papantla habría tenido también otros destinatarios, máxime ahora que el Presidente ha hecho evidente su interés por ganar posiciones en el Congreso de la Unión luego de haber fracasado en su intento por imponer al candidato presidencial del PAN, Ernesto Cordero.

Esta hipótesis la viene a reforzar la burda nominación en Veracruz de los alfiles de su ex subordinado Miguel Ángel Yunes Linares, un viejo conocido y cómplice de los protectores de García Luna –desde el desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, hasta el ex subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Enrique Tello Peón, y el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, ex director de la Policía Federal Preventiva, todos implicados en presuntos pactos y hasta en la fuga en enero de 2001 del capo del Cártel del Pacífico, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, según el libro “Los Señores del Narco” de la periodista Anabel Hernández–, quien finalmente logró imponer a su hijo Fernando Yunes Márquez como candidato de primera fórmula al Senado de la República, y a 14 de los 18 abanderados del PAN a diputados que fueron electos en el proceso interno del pasado 19 de febrero, votaciones partidistas que fueron impugnadas por los grupos del partido blanquiazul contrarios al del ex director del ISSSTE por diversas irregularidades, entre ellas la manipulación de los recursos de la Sedesol y del Programa Oportunidades que en la entidad manejan Abel Cuevas Melo y Miguel Ángel Yunes Márquez, aliado y primogénito de Yunes Linares.


En este contexto parece ubicarse el reciente golpe asestado por la SSP de García Luna al grupo criminal de “Los Zetas” en la zona de Tuxpan, donde el pasado viernes 23 –apenas cuatro días después del mensaje de Calderón en Papantla– fueron abatidos y detenidos una decena de delincuentes, entre ellos el par de jefes que controlaban el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz para este cártel del crimen organizado rival del “Chapo” Guzmán.

Este operativo de los subordinados de García Luna fue dizque resultado del seguimiento a reportes de inteligencia derivados de distintos casos de plagios y homicidios, con los cuales elementos de la Policía Federal implementaron la búsqueda y localización de los criminales en los límites de los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Coincidentemente el enfrentamiento se dio en el rancho denominado “Flor de María” –del cual 18 trabajadores fueron detenidos y puestos a disposición de la PGR–, ubicado sobre la autopista Tuxpan-Poza Rica y que es propiedad de Francisco Colorado Cessa, un acaudalado empresario que tiene ascendiente sobre alcaldes y líderes priistas de la región y que en 2004 patrocinó la campaña del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, el repudiado enemigo político del presidente Calderón y de Yunes Linares.


“Pancho” Colorado, como es popularmente conocido, fue uno de los apostadores en la carrera de caballos organizada clandestinamente en marzo de 2007 en Villarín, una congregación del municipio de Veracruz –gobernado entonces por el alcalde panista Julen Rementería, actual compañero de fórmula del hijo de Yunes para el Senado–, en donde se armó un zafarrancho que dejó mortalmente herido a Efraín Teodoro Torres, el “Z-14”, uno de los ex militares fundadores de Los Zetas, muy cercanos al líder Heriberto Lazcano.

Pero fue precisamente Herrera Beltrán quien habría alertado a Calderón sobre estos antecedentes, pues trascendió que en la víspera de la elección federal de 2009, al revirarle al Presidente en una reunión con gobernadores en la que el mandatario mexicano les reclamó que sus partidos postularan en sus entidades a candidatos a la Cámara de Diputados con supuestos vínculos con el narcotráfico, el cuenqueño le habría dicho que en Veracruz ocurría lo contrario: que los aspirantes que el PRI desechaba por estas sospechas, el PAN los postulaba. Herrera se refería a Miguel Colorado Cessa, un notario público, hermano del dueño del rancho “Flor de María”, quien hace tres años perdió la elección en el distrito de Poza Rica, donde fue postulado por Acción Nacional.