El título de la columna de hoy, ¿De qué se trata?, es una frase con la que en 1976 se encabezó un editorial del diario Excelsior dirigido al gobierno del presidente Luis Echeverría por una serie de ataques –materiales, económicos, laborales, televisivos y políticos– que ese periódico, dirigido entonces por el periodista Julio Scherer García, empezó a sufrir, orquestados por el echeverriato y que culminaron con el golpe interno encabezado por Regino Díaz Redondo y la expulsión de la cooperativa y por lo tanto del diario mismo de Scherer y todo su equipo humano de colaboradores. El gobierno priista de aquella época no soportó la línea crítica de aquel histórico diario que nos sacudió a todos los mexicanos y que contribuyó a una mayor apertura y a un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Con el tiempo se sabría que ese memorable e histórico editorial lo redactó el entonces joven periodista Miguel Ángel Granados Chapa, hoy ya fallecido.

 

Pero eso es historia documentada de la mejor forma en el libro Los periodistas de Vicente Leñero y que todos los jóvenes periodistas de hoy debieran leer obligadamente. ¿De qué se trata? es una pregunta que cabe muy bien en un reclamo que, a juicio mío, debiera hacer con todo el respeto pero con toda la energía el gobierno de Javier Duarte de Ochoa al de Felipe Calderón Hinojosa pues éste, con toda arbitrariedad, su gobierno, sin razón legal alguna está ahogando y tiene ahorcado económicamente al Gobierno del Estado y con ello a la vida económica y productiva de la entidad, que indirectamente sufre las consecuencias.

 

No es ningún secreto que el panista Felipe Calderón se olvida de su condición de Presidente de todos los mexicanos, que es Jefe de Estado y se asume y actúa como presidente de su partido, el PAN, y procede en consecuencia, una de ellas usando los recursos de todos los mexicanos, que pagamos con nuestros impuestos, para beneficiar a los candidatos de su formación política y para perjudicar a los de oposición así como a sus gobiernos.

 

Es del conocimiento público que la Procuraduría General de la República, la fiscalía dependiente del Ejecutivo Federal, retiene indebidamente desde el 27 de enero pasado 25 millones de pesos propiedad del Gobierno del Estado, que decomisó a empleados estatales en el aeropuerto de Toluca. Aclarada con documentos la procedencia legal del dinero y pese a los reclamos legales, se desoye la petición y no se da una explicación oficial del por qué. Ese dinero fue motivo de escándalo, sobre todo porque se puso en duda su destino. Legalmente nunca se pudo probar ningún ilícito aunque la duda del para qué o para quién persiste. Pero esa es otra historia. Dentro del estado de derecho, en rigor, el dinero es legalmente del Gobierno del Estado. ¿Por qué no se le devuelve? Con base en suposiciones, pero porque así se actúa en época electoral como la de ahora, he sostenido que ese dinero se devolverá pero hasta después del 1 de julio cuando pasen las elecciones. O sea, se retiene arbitrariamente en la Federación guiados seguramente por la sospecha de que podría ser utilizado para la campaña de los candidatos priistas. Pero no es dinero suyo y, en todo caso, seríamos los veracruzanos los que deberíamos reclamar que se transparente su uso, su destino.

 

Pero, más grave, una verdadera agresión a Veracruz, a su gobierno y a los veracruzanos es la retención y el recorte ilegal que el Gobierno Federal está haciendo y ha hecho de los recursos que por ley corresponden al estado. En mi contacto diario con actores políticos y gubernamentales, he ido recogiendo testimonios, escuchando, documentando, comprobando cómo el gobierno panista de Felipe Calderón, pese a que el estado ha cumplido con sus compromisos y ha entregado en tiempo y en forma las aportaciones que le corresponden, no ha recibido los recursos que por ley le deben entregar y, peor aún, por el contrario, manipulando cifras del INEGI y alegando que es menor el número de beneficiarios que se contemplaron en los diversos programas, la administración calderonista está recortando recursos. Las consecuencias se viven a diario. En efecto, el Gobierno del Estado está ahogado económicamente y el efecto dominó pega en todos lados: en los ayuntamientos, en los acreedores y prestadores de servicios, en la industria y el comercio, en los medios mismos.

 

La administración estatal ya no puede hacer más sacrificios despidiendo empleados y recortando sueldos. En los ayuntamientos hay trabajadores de confianza que tienen más de tres meses que no cobran por falta de recursos. Restauranteros, dueños de cafés y bares resienten la falta de clientes. Acreedores y prestadores de servicios ya no son contratados pero tampoco se les acaba de pagar a quienes se les adeuda. A los medios, si no a todos sí a la mayoría o casi a todos, se les recortó drásticamente la contratación de publicidad oficial al grado que muchos de plano rechazaron lo poco que se les ofrecía y, por decirlo de alguna manera, rompieron relaciones con el Gobierno (a mi juicio, en justicia, para mí, aquí Gina Domínguez no tiene ninguna culpa pero tiene que dar la cara, lo que pasa es que no hay dinero), y así con otros sectores.

 

Esto mismo se hizo durante época electoral con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán quien, sin embargo, se enfrentó abiertamente al régimen de Calderón. Javier Duarte de Ochoa, en cambio, desde que asumió el poder se ha mostrado totalmente respetuoso, colaborador y hasta colaboracionista con el Gobierno Federal, no ha escatimado ningún reconocimiento al Presidente a quien ha recibido con toda la cordialidad cuando ha visitado al estado, ha estado dispuesto a participar en todos los programas federales, es el único gobernador priista que le ha reconocido públicamente su política de combate a la delincuencia organizada, entre otras cosas.

 

Es cierto, se trata, hay ahora una guerra electoral en la que está de por medio el poder de la Federación. Y en la guerra y en el amor todo se vale, dice el dicho. Pero, en todo caso, una guerra y una relación amorosa se da entre dos. Desde ring side nos gusta ver que los rivales, los contrincantes, se den hasta con la cubeta, pero en igualdad de condiciones y que gane el que más pegue duro. Si aterrizamos en la lucha electoral que se da ahora, en todo caso, uno solo se ha quedado con todas las cubetas y está agrediendo a mansalva al otro porque lo tiene atado de manos.

 

Me llama la atención, me pregunto por qué no protesta, por qué Javier Duarte de Ochoa se ha quedado callado, por qué guarda silencio y no nos dice a los veracruzanos, con todas las pruebas que posee, que son todas, lo que está pasando verdaderamente, por qué no hace una denuncia pública, que reclamar un derecho no es hacer propaganda electoral, por qué no demanda el apoyo de los veracruzanos, de todos los sectores, para hacer el reclamo que, en este caso de estricta justicia y dado que se está perjudicando a todos directa e indirectamente, sin duda secundaríamos, por qué permite lo que está pasando y no se defiende públicamente pues es evidente que el Gobierno Federal panista está logrando un efecto que seguramente ha calculado: que culpen a su administración por la falta de recursos, de pagos y de cumplimiento de compromisos y obligaciones y que lo acusen de que está desviando recursos para las campañas de sus candidatos.