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Columnas y artículos de opinión

Campañas: ¿positivas o negativas?

Deliberación

Por: Francisco Montfort Guillén

20/04/2012

alcalorpolitico.com

¿Por qué los mexicanos tenemos pavor a los juicios que pretenden distinguir las cualidades y los defectos de una obra o una persona? Sobre el tema, tratado por varios especialistas, se han señalado causas múltiples. Por ejemplo, se han indicado entre las probables causas la baja auto-estima e inseguridad que, según ellos, nos caracteriza como integrantes de un pueblo colonizado material y mentalmente. En este complejo, también se ha  destacado la educación autoritaria, desde el ambiente familiar hasta las formas de gobernar el país. Así, la crítica es vista en México sobre todo como un cuestionamiento a la autoridad, que realizan los resentidos o los inconformes consuetudinarios.
 
Entre la clase política el ejercicio de la crítica es propiamente inexistente. Recordemos dos casos notables. Uno es el desprecio y aún la feroz embestida que vivió Octavio Paz por exigir a la izquierda mexicana una auténtica autocrítica sobre  sus posiciones ideológicas, cuando el comunismo empezaba a hacer agua. El mismo trato que le han dado, tal vez menos virulento, a Enrique Krauze. El otro lo encarna el Partido Revolucionario Institucional, que a pesar de no haber conseguido el desarrollo para México cuando gobernó ininterrumpidamente, y de  sus actos de gobierno desfavorables para la sociedad mexicana, jamás promovió una autocrítica pública. Que sean los casos más notables no significa que los otros partidos estén exentos de esta falta de ejercicio intelectual y ético. El PAN ahora está en la misma tesitura.
 
Si uno ve la realidad sin anteojeras puede concluir que ninguna falta les ha hecho  a los partidos políticos mexicanos hacer su autocrítica. No sólo no han sido rechazados por los electores, sino que gozan de fuertes respaldos, no obstante que su imagen entre la ciudadanía los coloca en los peldaños más bajos de las opiniones favorables. Pero que no practiquen la autocrítica no significa que por lo menos acepten los juicios de sus adversarios o de los votantes mexicanos.
 
Para los políticos mexicanos, en general, es más soportable el infierno de perder el poder que aceptar los señalamientos críticos y menos aún reconocer públicamente que se equivocaron. Los ejemplos abundan, entre los políticos que ejercieron el poder y los que actualmente lo ejercen. Aceptar las críticas y asumir los errores no está entre sus conductas porque las consideran como «pérdida de autoridad», como desdibujamiento de su imagen de poderosos. De ahí que ni siquiera en procesos electorales estén dispuestos a someterse al juicio crítico de los ciudadanos.
 
El colmo es que llegaron a prohibir, en la misma Constitución, el ejercicio de la crítica… a los políticos. Con anterioridad se había dado un paso adelante con la eliminación del carácter penal y su traslado al ámbito administrativo a las posibles ofensas, que los periodistas, escritores, personas o instituciones privadas, u otros trabajadores de los medios de comunicación hicieran en contra de cualquier persona u organización y que pudiera constituir una blasfema o dañar su honor. En 2007, en sentido contrario, agregaron un párrafo a la Constitución que exige expresamente a partidos políticos o coaliciones, a candidatos, a concesionarios o permisionarios de radio y televisión y por supuesto a particulares, «abstenerse de emitir/transmitir/contratar expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien personas». El IFE quedó como celador, como guardián de lo políticamente correcto  para mantener el carácter edulcorado de la vida y la lucha política.
 
La vida real ha desmentido esta presunción. Felipe Calderón ha sido tal vez el sujeto más vilipendiado por sus críticos (y ahora viene un libro de la «escritora argentina» Olga Wornat, que augura otra ola de críticas) y jamás ha ejercido censura o represión alguna contra medios de comunicación o persona alguna. Pero la contradicción es que el presidente y su gobierno son objetos de la crítica de sus adversarios -justa o injustamente, es otra la cuestión- pero él no puede defenderse durante las campañas por mandato de ley. En cambio, a los candidatos y sus partidos no se les pueden rozar ni con el pétalo de una crítica.
 
México debe ser, por ley, el paraíso de las campañas políticas «positivas» según el acuerdo del Legislador. Deben ser ciertas, constantes, buscando en todo momento la utilidad. Su decisión ubicó al país en el estado positivo de la filosofía de Auguste Comte. No se debe buscar conocer los porqués de un problema o de una situación o una conducta, sino sólo y exclusivamente los cómos para alcanzar siempre cosas de provecho. «Hay que ser positivos» dice la «filosofía» de moda de los técnicos de la superación personal y de la autoayuda. Como si fuera posible hacer a un lado las causas de sus efectos, como si los efectos no tuvieran, a su vez, consecuencias sobre las causas, como si fuera mejor  y superior esconder los defectos, las equivocaciones, los errores y sólo vivir con las cualidades.
 
Esta tontería legislativa va en contra de toda lógica racional, de toda realidad y por supuesto de toda forma de acción política. Es, en pocas palabras, una estupidez inhumana, pues va en contra de la misma naturaleza de los seres humanos. Es hipocresía política y factor de despolitización de los ciudadanos. Esta mentira, este engaño es el precio del despecho y el rencor de una persona y un partido que no aceptan el juego de luchar/vencer/perder/recuperar el poder que define a la democracia política. Porque el antecedente real de esta legislación es la supuesta «Guerra Sucia» de Calderón y el PAN en contra de AMLO. Y lo más patético es que de los tiempos y promocionales de la elección anterior,  los panistas utilizaron sólo el 23.6% mientras que AMLO y sus partidos hicieron uso del 33.3% para «ensuciar» a sus rivales. (CIDAC MÉXICO, Semana Electoral, Número 419, [email protected]).
Para «guerra sucia», no se olvide, la de Luis Echeverría en contra de la izquierda revolucionaria en los años setenta, y la de Pinochet en Chile y Videla en Argentina. Las campañas electorales no pueden ser «guerras sucias». Si acaso pueden derivar en contenidos «negativos» según la apreciación de los afectados y  son difíciles de detener, porque no existen límites precisos en las actitudes humanas y  una cosa es denigrar y calumniar y otra cosa muy distinta es ejercer la crítica, es decir, exponer los puntos de vista sobre las cualidades y defectos de una persona, una institución o un partido. El primer «duelo» entre PAN y PRI en esta campaña lo demuestra. La crítica es consustancial a la democracia. No debe ser prohibida, sino al contrario. Demostrar que tal o cual candidato mienten a los ciudadanos, que cometieron ilícitos, que tienen  características de intolerancia o autoritarismo o que sus proyectos de gobierno son inviables tal como los plantean,  y que representan un riesgo o inclusive un peligro para la sociedad no es calumniar o denigrar. En todo caso, las campañas «negativas» no son determinantes para las conductas y decisiones de los electores. Sería tanto como dar pleno crédito a que un cretino oligofrénico puede ganar una elección a base de una campaña de marketing político, que lo presente como un ángel de la sociedad o un franciscano de la bondad política, sin que la sociedad no perciba el engaño. O tal vez sí. Y este es uno de los problemas de la actual campaña presidencial: no conocer a plenitud las limitaciones y carencias intelectuales, emocionales y de experiencias de los cuatro candidatos, no poder evaluar críticamente sus conductas como funcionarios públicos y sus reacciones ante lo imprevisto y lo difícil porque las leyes electorales despojaron a los ciudadanos de los elementos de evaluación,  en aras de instalar en México el reino de lo positivo, a imagen y semejanza del reino de Dios.

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