21 de abril de 2012
alcalorpolitico.com
Hace algunos años todavía existían líderes, funcionarios, representantes sociales, directivos de institutos, entre otros, que constantemente hablaban de la necesidad de reducir el número de cantinas, antros, casas de mala nota, para enrumbar a la juventud por los caminos del trabajo, el deporte, el estudio y la investigación.
Eran tiempos de los gobernantes de la década de los treintas, que fueron muy enérgicos y legislaron para evitar que corriera por las gargantas de los ciudadanos el aguardiente y en general las bebidas embriagantes, amén de otras actitudes de carácter revolucionario que los llevaron a confrontarse seriamente con los representantes de la iglesia católica. Podemos recordar en estos menesteres, como ejemplos, a Tomás Garrido Canabal en Tabasco y aquí en Veracruz al malogrado líder y ejemplar político Manlio Fabio Altamirano Flores.
El tema lo abordo porque me sorprende -en verdad- que haya personajes políticos y pseudorepresentantes de la cultura que ahora se inclinen por el cierre pero no de casas de vicio, sino de escuelas, lo cual francamente me parece un atropello a la inteligencia y a las buenas costumbres.
Si partimos de la base de que existen muchas instituciones que no cuentan con recursos humanos debidamente acreditados y preparados para la enseñanza y la orientación de la juventud en materias técnicas y científicas, lo que procede –creo-, además de manera lógica, es que las autoridades se aboquen a analizar y hacer las pruebas correspondientes al personal docente y con base en la normatividad y la teleología pedagógicas que existen en las leyes, acuerdos y circulares para salvaguardar lo que se conoce ahora como calidad educativa, independientemente de que se aplique el aprendizaje autónomo dentro de las instituciones que nacen gracias a la autogestión de los ciudadanos.
Estos comentarios los hago porque el gobierno de Ecuador acaba de cerrar catorce colegios, después de una declaración de los representantes de la educación nacional sobre su pésimo desempeño.
Dedicaron año y medio de supervisiones para llegar a la conclusión de que esas instituciones deberían sellar sus puertas dejando afuera a 38 mil estudiantes. Lo grave es que en esos dieciocho meses, los encargados de supervisar el funcionamiento de esos centros se debieron preocupar por las medidas remediales y no por afectar a quienes lícitamente realizan una función que tiene implicaciones de carácter económico, laboral, político y socio-cultural.
En este proceso de supervisión continua las autoridades ecuatorianas debieron también convocar a los padres de familia, que son los que estaban pagando las cuotas a los representantes de esas escuelas privadas, a fin de saber sus puntos de vista, conocer sus criterios y qué es lo que piensan sobre las conclusiones evaluadoras de los representantes de las autoridades.
Lo peor es que el gobierno utilizó a la policía para desalojar y evacuar a todo el personal, lo cual me parece un atentado y la configuración de un delito como es el de allanamiento y todo para que se mantenga un letrero con una leyenda: “Suspendida por falta de calidad académica”.
El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, en forma enfática sentenció: “Este es un fraude académico, es una estafa a la ilusión de los padres de familia, de muchos estudiantes.” De los 38 mil aprendientes había 10 mil que cursaban el último año de su carrera, mismos que serán reubicados una vez que se nombre a nuevos administradores, y el resto serán acogidos en otros planteles.
Por otra parte, las catorce universidades han sido suspendidas en forma inmediata y de manera definitiva. Esto indica que están muy desprotegidos los que quieren dedicarse a la enseñanza privada en aquel país, porque en otras partes, como en México, en estos casos procede un amparo ante el poder judicial; además, se nota que allá no tienen garantía de audiencia, por lo que se advierte la comisión de actos sin meditación sobre sus consecuencias.
Lo que más me desorienta, como simple maestro de escuela y observador de los acontecimientos actuales, es que la calidad de la educación en aquel país se desacreditó con base en un estudio de sus cuentas y estructuras financieras, lo cual es totalmente ajeno a la verdadera calidad que debe existir en las instituciones dedicadas a la formación de las nuevas generaciones.
Como es sencillo advertir, los dirigentes de la educación en Ecuador confunden la eficacia administrativa con la brillantez didáctica, con la preparación académica de los mentores y con la capacidad de asimilación de los estudiantes. Allá ellos.
[email protected]
Eran tiempos de los gobernantes de la década de los treintas, que fueron muy enérgicos y legislaron para evitar que corriera por las gargantas de los ciudadanos el aguardiente y en general las bebidas embriagantes, amén de otras actitudes de carácter revolucionario que los llevaron a confrontarse seriamente con los representantes de la iglesia católica. Podemos recordar en estos menesteres, como ejemplos, a Tomás Garrido Canabal en Tabasco y aquí en Veracruz al malogrado líder y ejemplar político Manlio Fabio Altamirano Flores.
El tema lo abordo porque me sorprende -en verdad- que haya personajes políticos y pseudorepresentantes de la cultura que ahora se inclinen por el cierre pero no de casas de vicio, sino de escuelas, lo cual francamente me parece un atropello a la inteligencia y a las buenas costumbres.
Si partimos de la base de que existen muchas instituciones que no cuentan con recursos humanos debidamente acreditados y preparados para la enseñanza y la orientación de la juventud en materias técnicas y científicas, lo que procede –creo-, además de manera lógica, es que las autoridades se aboquen a analizar y hacer las pruebas correspondientes al personal docente y con base en la normatividad y la teleología pedagógicas que existen en las leyes, acuerdos y circulares para salvaguardar lo que se conoce ahora como calidad educativa, independientemente de que se aplique el aprendizaje autónomo dentro de las instituciones que nacen gracias a la autogestión de los ciudadanos.
Estos comentarios los hago porque el gobierno de Ecuador acaba de cerrar catorce colegios, después de una declaración de los representantes de la educación nacional sobre su pésimo desempeño.
Dedicaron año y medio de supervisiones para llegar a la conclusión de que esas instituciones deberían sellar sus puertas dejando afuera a 38 mil estudiantes. Lo grave es que en esos dieciocho meses, los encargados de supervisar el funcionamiento de esos centros se debieron preocupar por las medidas remediales y no por afectar a quienes lícitamente realizan una función que tiene implicaciones de carácter económico, laboral, político y socio-cultural.
En este proceso de supervisión continua las autoridades ecuatorianas debieron también convocar a los padres de familia, que son los que estaban pagando las cuotas a los representantes de esas escuelas privadas, a fin de saber sus puntos de vista, conocer sus criterios y qué es lo que piensan sobre las conclusiones evaluadoras de los representantes de las autoridades.
Lo peor es que el gobierno utilizó a la policía para desalojar y evacuar a todo el personal, lo cual me parece un atentado y la configuración de un delito como es el de allanamiento y todo para que se mantenga un letrero con una leyenda: “Suspendida por falta de calidad académica”.
El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, en forma enfática sentenció: “Este es un fraude académico, es una estafa a la ilusión de los padres de familia, de muchos estudiantes.” De los 38 mil aprendientes había 10 mil que cursaban el último año de su carrera, mismos que serán reubicados una vez que se nombre a nuevos administradores, y el resto serán acogidos en otros planteles.
Por otra parte, las catorce universidades han sido suspendidas en forma inmediata y de manera definitiva. Esto indica que están muy desprotegidos los que quieren dedicarse a la enseñanza privada en aquel país, porque en otras partes, como en México, en estos casos procede un amparo ante el poder judicial; además, se nota que allá no tienen garantía de audiencia, por lo que se advierte la comisión de actos sin meditación sobre sus consecuencias.
Lo que más me desorienta, como simple maestro de escuela y observador de los acontecimientos actuales, es que la calidad de la educación en aquel país se desacreditó con base en un estudio de sus cuentas y estructuras financieras, lo cual es totalmente ajeno a la verdadera calidad que debe existir en las instituciones dedicadas a la formación de las nuevas generaciones.
Como es sencillo advertir, los dirigentes de la educación en Ecuador confunden la eficacia administrativa con la brillantez didáctica, con la preparación académica de los mentores y con la capacidad de asimilación de los estudiantes. Allá ellos.
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