24 de abril de 2012
alcalorpolitico.com
La licitación simplificada número LSOP-PJE-001-10, relativa a la construcción de la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz, en su primera etapa, le fue asignada el 25 de agosto de 2010 a la empresa Ingeniería Eléctrica y Proyectos de Veracruz, S.A. de C.V., del arquitecto Carlos Esponda.
El proceso de la adjudicación de esta obra, cuyo presupuesto base fue fijado inicialmente en 112.5 millones de pesos, se llevó a cabo a través de la modalidad “Simplificada” en segunda convocatoria, ya que dos meses antes, el 15 de junio de 2010, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado había emitido originalmente la convocatoria para la Licitación Pública Nacional número 59944001-001-10, pero dicho procedimiento fue declarado oficialmente “desierto” debido a que ninguna de las propuestas presentadas cumplió con lo establecido en las bases de licitación.
De acuerdo al contrato signado a finales de agosto del año antepasado, la empresa constructora disponía de 457 días naturales para entregar la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz. La fecha probable para la terminación de los trabajos se había fijado para el 24 de noviembre de 2011.
Para ello, el contratista recibió un anticipo de poco más de 37 millones de pesos, que representaba el 30 por ciento de su propuesta técnica-económica establecida en 112 millones 003 mil 029 pesos con 91 centavos, cifra que estaba casi 497 mil pesos abajo del presupuesto base considerado por el Consejo de la Judicatura del PJE para esta obra.
Precisamente por ello, a la empresa del arquitecto Esponda le fue adjudicada esta licitación, pues las otras dos compañías participantes, Construcciones y Estructuras de Veracruz S.A. de C.V. y PEMARTE S.A. de C.V., presentaron costos superiores a 115 y 118 millones de pesos, respectivamente, por lo que sus propuestas fueron desechadas ya que el Poder Judicial del Estado argumentó que no contaba “con la disponibilidad presupuestal necesaria para sufragar la diferencia” de dichas propuestas para la ejecución de esta obra.
De acuerdo al contrato, la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz debió haber sido entregada desde hace cinco meses, pero la obra sigue prácticamente a medias aunque aparenta estar concluida ya que mañosamente el contratista sólo terminó la fachada pero los interiores del conjunto de Juzgados aún están en obra negra.
Precisamente, a mediados de noviembre de 2011, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández, fue entrevistado sobre el retraso de los trabajos, y entonces dijo que esperaba que se concluyeran en el plazo más cercano a lo convenido.
Entrevistado al término de la sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura, el presidente del TSJE declaró que por ese entonces la obra llevaba un avance de 48 por ciento, y negó que estuviera paralizada.
Sosa Hernández aseveró que quienes han emitido comentarios de su supuesta detención, “no están enterados de cómo va la obra, porque nosotros hemos estado vigilantes de la misma y hemos estado con la gente que está trabajando”.
“Cada ocho días –dijo el magistrado– se hacen supervisiones de los avances de dicha obra y no hay un solo día que se haya dejado de trabajar”.
En esa ocasión, el presidente del TSJE argumentó que el atraso se debía presuntamente a que algunas estructuras y aditamentos que se requieren para los Juzgados no los hacen en México, los hacen en el extranjero, por lo que tienen que esperar “y esto ha ido retrasando un poco la obra”.
Pese a esto, abundó, “la construcción nunca ha sido abandonada”. Y aventuró que “será muy probable que a mediados del mes de febrero o en el mes de marzo (de 2012) se podría inaugurar la obra”.
El magistrado Sosa parece desconocer la verdadera situación del rezago de esta construcción, pues ha de confiar en los informes del arquitecto Alfredo Velasco Luna, quien desde el sexenio pasado está a cargo de la Oficina de Infraestructura y Supervisión de Obra del Poder Judicial del Estado, pero el cual –según versión de proveedores que se han visto afectados también por el retraso de la obra– habría tomado partido, coludiéndose indebidamente con el incumplido contratista, cuya morosidad se la atribuyen a que no ha podido justificar los gastos del 30% del anticipo recibido (del cual un 20% era para la compra de materiales y el 10% restante para inicio de los trabajos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal), y quien actualmente no dispondría del capital necesario para concluirlos.
Por ello, ya casi está por finalizar abril y la Ciudad Judicial porteña aún no se le ve para cuándo la puedan terminar. El nuevo plazo se habría fijado hasta para después de julio próximo, pues el pretexto es que no la pueden inaugurar antes debido al proceso electoral federal.
Este retraso tiene bastante molestos también a los jueces, secretarios y demás personal del Poder Judicial del Estado en dicho distrito que siguen hacinados en incómodas oficinas que carecen hasta de aire acondicionado, así como a los abogados litigantes que tienen que andar tramitando sus asuntos legales en los diversos Juzgados porteños.
La construcción de esta Ciudad Judicial es un problema que recibió a finales de 2010 el magistrado Sosa, pero en realidad todo se gestó al final de la administración de Reynaldo Madruga Picazzo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien presuntamente por presiones del gobernador saliente Fidel Herrera Beltrán habría maniobrado para que la licitación de esta millonaria obra le fuera asignada en segunda convocatoria a la compañía del arquitecto Esponda, muy ligado a Luis Ángel Moreno Núñez, uno de los empresarios que más se expandieron durante el fidelato (2004-2010).
Según datos oficiales del Corporativo Empresarial “Moreno Núñez”, el sexenio anterior sus empresas se duplicaron de 7 a 15 y los empleos permanentes generados pasaron de 220 a 600, mientras que los indirectos se calculan en tres mil. Sus negocios están muy diversificados, pues tienen que ver con la agricultura, acuacultura y ganadería, con las industrias de la construcción, de la transformación y restaurantera, así como con los giros transportista, educativo y financiero.
Una de las empresas que les inauguró Herrera Beltrán fue la Planta Procesadora de Productos del Campo “Los Naranjos”, en Tres Valles, en la que invirtieron 1.8 millones de dólares.
Y en noviembre de 2009 el Corporativo Moreno Núñez echó a andar su sexto proyecto en la zona conurbada de Boca del Río: la “Marina Veracruz”, para la cual obtuvieron la concesión federal por 20 años de una franja de más de 30 hectáreas sobre las playas de El Conchal.
Una de las firmas del corporativo de este boyante empresario fidelista fue la encargada de realizar precisamente el proyecto ejecutivo de la Ciudad Judicial en el Distrito de Veracruz. Pero hasta la fecha el contratista le sigue improvisando modificaciones, pues resulta que de última hora los jueces porteños exigieron que sus despachos tuvieran ¡vista al mar!.
El proceso de la adjudicación de esta obra, cuyo presupuesto base fue fijado inicialmente en 112.5 millones de pesos, se llevó a cabo a través de la modalidad “Simplificada” en segunda convocatoria, ya que dos meses antes, el 15 de junio de 2010, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado había emitido originalmente la convocatoria para la Licitación Pública Nacional número 59944001-001-10, pero dicho procedimiento fue declarado oficialmente “desierto” debido a que ninguna de las propuestas presentadas cumplió con lo establecido en las bases de licitación.
De acuerdo al contrato signado a finales de agosto del año antepasado, la empresa constructora disponía de 457 días naturales para entregar la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz. La fecha probable para la terminación de los trabajos se había fijado para el 24 de noviembre de 2011.
Para ello, el contratista recibió un anticipo de poco más de 37 millones de pesos, que representaba el 30 por ciento de su propuesta técnica-económica establecida en 112 millones 003 mil 029 pesos con 91 centavos, cifra que estaba casi 497 mil pesos abajo del presupuesto base considerado por el Consejo de la Judicatura del PJE para esta obra.
Precisamente por ello, a la empresa del arquitecto Esponda le fue adjudicada esta licitación, pues las otras dos compañías participantes, Construcciones y Estructuras de Veracruz S.A. de C.V. y PEMARTE S.A. de C.V., presentaron costos superiores a 115 y 118 millones de pesos, respectivamente, por lo que sus propuestas fueron desechadas ya que el Poder Judicial del Estado argumentó que no contaba “con la disponibilidad presupuestal necesaria para sufragar la diferencia” de dichas propuestas para la ejecución de esta obra.
De acuerdo al contrato, la Ciudad Judicial en el Distrito del puerto de Veracruz debió haber sido entregada desde hace cinco meses, pero la obra sigue prácticamente a medias aunque aparenta estar concluida ya que mañosamente el contratista sólo terminó la fachada pero los interiores del conjunto de Juzgados aún están en obra negra.
Precisamente, a mediados de noviembre de 2011, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández, fue entrevistado sobre el retraso de los trabajos, y entonces dijo que esperaba que se concluyeran en el plazo más cercano a lo convenido.
Entrevistado al término de la sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura, el presidente del TSJE declaró que por ese entonces la obra llevaba un avance de 48 por ciento, y negó que estuviera paralizada.
Sosa Hernández aseveró que quienes han emitido comentarios de su supuesta detención, “no están enterados de cómo va la obra, porque nosotros hemos estado vigilantes de la misma y hemos estado con la gente que está trabajando”.
“Cada ocho días –dijo el magistrado– se hacen supervisiones de los avances de dicha obra y no hay un solo día que se haya dejado de trabajar”.
En esa ocasión, el presidente del TSJE argumentó que el atraso se debía presuntamente a que algunas estructuras y aditamentos que se requieren para los Juzgados no los hacen en México, los hacen en el extranjero, por lo que tienen que esperar “y esto ha ido retrasando un poco la obra”.
Pese a esto, abundó, “la construcción nunca ha sido abandonada”. Y aventuró que “será muy probable que a mediados del mes de febrero o en el mes de marzo (de 2012) se podría inaugurar la obra”.
El magistrado Sosa parece desconocer la verdadera situación del rezago de esta construcción, pues ha de confiar en los informes del arquitecto Alfredo Velasco Luna, quien desde el sexenio pasado está a cargo de la Oficina de Infraestructura y Supervisión de Obra del Poder Judicial del Estado, pero el cual –según versión de proveedores que se han visto afectados también por el retraso de la obra– habría tomado partido, coludiéndose indebidamente con el incumplido contratista, cuya morosidad se la atribuyen a que no ha podido justificar los gastos del 30% del anticipo recibido (del cual un 20% era para la compra de materiales y el 10% restante para inicio de los trabajos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal), y quien actualmente no dispondría del capital necesario para concluirlos.
Por ello, ya casi está por finalizar abril y la Ciudad Judicial porteña aún no se le ve para cuándo la puedan terminar. El nuevo plazo se habría fijado hasta para después de julio próximo, pues el pretexto es que no la pueden inaugurar antes debido al proceso electoral federal.
Este retraso tiene bastante molestos también a los jueces, secretarios y demás personal del Poder Judicial del Estado en dicho distrito que siguen hacinados en incómodas oficinas que carecen hasta de aire acondicionado, así como a los abogados litigantes que tienen que andar tramitando sus asuntos legales en los diversos Juzgados porteños.
La construcción de esta Ciudad Judicial es un problema que recibió a finales de 2010 el magistrado Sosa, pero en realidad todo se gestó al final de la administración de Reynaldo Madruga Picazzo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien presuntamente por presiones del gobernador saliente Fidel Herrera Beltrán habría maniobrado para que la licitación de esta millonaria obra le fuera asignada en segunda convocatoria a la compañía del arquitecto Esponda, muy ligado a Luis Ángel Moreno Núñez, uno de los empresarios que más se expandieron durante el fidelato (2004-2010).
Según datos oficiales del Corporativo Empresarial “Moreno Núñez”, el sexenio anterior sus empresas se duplicaron de 7 a 15 y los empleos permanentes generados pasaron de 220 a 600, mientras que los indirectos se calculan en tres mil. Sus negocios están muy diversificados, pues tienen que ver con la agricultura, acuacultura y ganadería, con las industrias de la construcción, de la transformación y restaurantera, así como con los giros transportista, educativo y financiero.
Una de las empresas que les inauguró Herrera Beltrán fue la Planta Procesadora de Productos del Campo “Los Naranjos”, en Tres Valles, en la que invirtieron 1.8 millones de dólares.
Y en noviembre de 2009 el Corporativo Moreno Núñez echó a andar su sexto proyecto en la zona conurbada de Boca del Río: la “Marina Veracruz”, para la cual obtuvieron la concesión federal por 20 años de una franja de más de 30 hectáreas sobre las playas de El Conchal.
Una de las firmas del corporativo de este boyante empresario fidelista fue la encargada de realizar precisamente el proyecto ejecutivo de la Ciudad Judicial en el Distrito de Veracruz. Pero hasta la fecha el contratista le sigue improvisando modificaciones, pues resulta que de última hora los jueces porteños exigieron que sus despachos tuvieran ¡vista al mar!.