Sin duda, mala, muy mala noticia para el PAN, especialmente en Veracruz, la información difundida ayer de que un juzgado federal concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de arraigo en contra del todavía presidente municipal de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, detenido el pasado 17 de abril por el Ejército en un operativo en contra de presuntos integrantes del cártel de los Zetas en Minatitlán.

 

Aun cuando la dirigencia nacional panista salió a tratar de deslindarse de la militancia albiazul del detenido, toda la prensa del país, incluyendo a los influyentes diarios de la capital de la república, la desmintió publicando fotografías del ahora arraigado mostrándose siempre bajo los colores y las siglas de Acción Nacional y nunca fue desconocido por la cúpula del partido de la derecha.

 

Mala, muy mala la noticia, porque si la PGR determinó solicitar el arraigo luego de que el alcalde rindió su declaración ministerial ante la fiscalía de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y un juez lo concedió, entonces es que hay elementos que por ahora confirman la participación del presidente municipal panista en la delincuencia organizada, aunque no será sino hasta que se agoten las investigaciones y cuando se consigne y un juez dicte la formal prisión cuando se tenga la certeza. Pero el hecho de que no haya sido dejado en libertad por falta de pruebas es un mala señal para la causa panista.

 

Es muy mala noticia porque el arraigo de un militante blanquiazul convertido además en autoridad municipal viene a suceder en un momento clave del proceso electoral, cuando concluye el primer mes de proselitismo abierto y formal y cuando, según información extraoficial de las filas panistas, se disponen o se disponían a abrir fuego en el segundo mes de campaña, en mayo, después del debate del día 6 entre los candidatos presidenciales, en contra de prominentes figuras priistas precisamente a quienes se pretende acusar y vincular con delincuentes organizados, con el propósito de dañar la imagen tricolor y de paso al candidato Enrique Peña Nieto, a quien no pueden bajar en su alto porcentaje de preferencia electoral que mantiene.

 

Una de esas figuras sería el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán (aunque no sería el único), contra quien el Gobierno Federal abriría fuego con base en supuestos testimonios de testigos protegidos, lo que habría llevado al cuenqueño a una retirada forzosa de la actividad política para evitar golpeteo contra su persona pero más que nada contra el mexiquense y contra la causa de su partido, para no dar pretexto alguno de señalamiento y de persecución con fines electorales, algo de lo que Fidel estaba y está consciente de que podría ocurrir pues con base en sus múltiples relaciones tejidas con los hombres del poder en todas las instancias le habrían filtrado que le preparaban “un paquete” para tratar de incriminarlo (recientemente un político que ha sido de su equipo me confirmaba la especie y me decía que cuando se vaya el gobierno panista y llegue de nuevo el tricolor a Los Pinos resurgirá con fuerza).

 

Pero ahora, ¡ay!, con qué autoridad puede el Gobierno Federal, la dirigencia nacional panista, acusar al priismo de vinculación con la delincuencia organizada si hasta ahora no existe un solo político de nivel o un funcionario o una autoridad municipal, estatal o federal priista detenida en flagrancia por el Ejército o la Marina como sí lo hay uno de filiación blanquiazul, capturado después de una refriega con armas de grueso calibre en la ciudad de Minatitlán en la que participó un presunto comandante del crimen organizado. Y aquí sí, se actuó no con base en algún testigo protegido que bien pudo hacer cualquier señalamiento presionado o con tal de salvarse, sino que se procedió con fuego armado de por medio, y, además, la detención no la hizo ninguna policía municipal o estatal, como para tratar de alegar que hubo mala intención o propósito electoral, sino el Ejército mismo, el cuerpo armado cuyo Comandante Supremo es el propio Presidente… panista.

 

El priismo seguramente no se esperaba el enorme, gigantesco regalo que le cayó como caído del cielo para su causa, que le dio el todavía alcalde panista de Chinameca, Martín Padúa Zúñiga, pues de entrada neutralizó cualquier golpe mediático que quiera asestarle el panismo, y aunque hasta ahora no ha habido reacción de la dirigencia nacional tricolor, seguramente no ha perdido un solo detalle y debe tener bien documentado el caso para salir a responder cualquier obús que, relacionado con la delincuencia organizada, le envíe o le quiera enviar la derecha.

 

Pero además, los hechos, la detención y el arraigo han ocurrido en vísperas que se dé el primer debate formal entre los candidatos el próximo 6 de mayo, por lo que si doña Josefina Vázquez Mota pensaba asestarle un marrazo por ese lado a Enrique Peña Nieto, no hará más que escupir para arriba.

 

Con lo ocurrido, el priismo tiene un valioso as bajo la manga, por eso no se entiende la torpeza de la autoridad judicial local de citar a declarar al secretario general del comité estatal del PAN, Marco Antonio Nuñez López, “para que amplíe” la información y “aporte los datos necesarios” sobre una declaración que hizo en el sentido de que hay alcaldes que son presionados por grupos de la delincuencia organizada para que hagan pagos de hasta 20 mil pesos para salvar la vida.

 

Y la torpeza no está tanto en que se le haya requerido sino en que se haya informado sobre ello en forma pública, en conferencia de prensa por parte de la subprocuradora de Investigaciones Ministeriales María Consuelo Laguna Jiménez, pues de cuando acá se convoca a los periodistas cada vez que se cita a declarar a algún denunciante o testigo, además de que, en todo caso, al requerido se le debe proteger guardando la secrecía, más en tratándose de un asunto tan delicado que tiene que ver con la delincuencia organizada. Nada más faltó que le pidieran que su ampliación y aporte de datos lo hiciera también en otra conferencia de prensa.

 

Cómo se ve que les gusta complicársela. Dios no lo quiera y al señor Nuñez López no le pasé algo malo porque entonces al Gobierno del Estado, no a la Procuraduría General de Justicia estatal, se le vendría encima el mundo mediático, pues se le acusaría de exponer públicamente a cualquier ciudadano que hiciera algún señalamiento o denuncia contra el crimen organizado en lugar de protegerlo. Y entonces los panistas tendrían también material de guerra mediática electoral. Pero qué necesidad.

 

Pese a todo lo que ha pasado, cómo se ve que no aprenden, o que no quieren aprender. Qué se le hace. ¿Quién los mal aconseja o asesora?