El sorpresivo retorno, hace dos semanas, de Ranulfo Márquez Hernández a Veracruz como jefe de la Oficina del Programa de Gobierno, dio pie a un sinfín de especulaciones que inclusive alcanzaron hasta al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, viejo amigo y ex protector político del priista minatitleco que en la pasada administración estatal sirvió primero como secretario de Protección Civil y luego como titular de la Secretaría de Desarrollo Social que también incluía Medio Ambiente (Sedesma).

La incorporación de Márquez al gabinete del gobernador Javier Duarte de Ochoa fue aprovechado por los malquerientes del joven mandatario estatal para insinuar que se lo había impuesto Herrera Beltrán como si el ex gobernante deveras ejerciera en la entidad un poder transexenal.

Según ha trascendido, el regreso de Ranulfo sí fue a solicitud de un ex gobernador priista del sureste del país pero no se trata de Fidel Herrera, quien muy prudentemente guarda su distancia y se mantiene en el anonimato desde que fue retirado como secretario regional del CEN del PRI para los estados de Coahuila, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.


Quien presuntamente le habría pedido a Duarte de Ochoa que le abriera un espacio en su administración a “Tonicho” fue Pedro Joaquín Coldwell, ex gobernador de Quintana Roo y actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor.

Pero Márquez, quien en el sexenio fidelista lo mismo funcionaba como secretario de despacho que como operador electoral del PRI en los comicios locales y federales en la entidad, no ha vuelto a Veracruz en ese plan de estratega priista aunque seguramente será un activista más del tricolor.

Al parecer, Pedro Joaquín decidió retirar a Ranulfo como delegado del CEN del PRI en el estado de Puebla porque el veterano político veracruzano se había convertido en un factor de riesgo para la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, ante el repudio de grupos priistas poblanos que inclusive lo acusaron hasta de acoso sexual.


El estado de Puebla, que actualmente es gobernado por Rafael Moreno Valle –muy cercano a la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el cual llegó al poder en 2010 postulado por el PAN y Nueva Alianza–, cuenta con el cuarto padrón electoral del país, después del Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz.

Por esta misma razón, la dirigencia nacional del PRI que encabeza el senador quintanarroense decidió remover también del Comité Directivo Estatal de Puebla al diputado federal Juan Carlos Lastiri Quirós, el cual fue sacado hace un par de semanas de esa entidad para incorporarlo como secretario de Gestión Social del CEN priista.

Lastiri, inclusive, fue sustituido en la segunda candidatura al Senado de la República por la ex secretaria general del CDE, Lucero Saldaña Pérez, una reconocida promotora de la equidad de género y autora de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, lo que le ha valido la simpatía de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y hasta de la panista Luisa María “Cocoa” Calderón, hermana del presidente Felipe Calderón.


La crisis en el PRI de Puebla detonó en febrero de este año durante el proceso interno para la selección de candidatos a senadores y diputados federales, en el que aspirantes priistas al Congreso de la Unión, inconformes por las imposiciones, amenazaron con judicializar y reventar las postulaciones en 10 de los 16 distritos electorales del estado: el 1 de Huauchinango, el 3 de Teziutlán, el 5 de San Martín Texmelucan, el 6 de Puebla, el 7 de Tepeaca, el 9 de Puebla, el 13 de Atlixco, el 14 de Izúcar de Matamoros, el 15 de Tehuacán y el 16 de Ajalpan.

Uno de los líderes de esta rebelión priista fue Fernando Morales Martínez, hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores que pretendía ser postulado al Senado, el cual terminó ocupando el lugar de Lastiri Quirós y de Ranulfo al ser designado por el CEN del PRI como delegado presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, luego del escándalo mediático en que fueron implicados el ex secretario particular de “Tonicho” Márquez, Guillermo Moreno, y su operador de finanzas, Julián Haddad, los cuales fueron exhibidos en un diario local por exigirles una pequeña “cuota” de 100 mil pesos a por lo menos 14 de los 87 aspirantes a precandidatos en los distritos de Puebla, Tepeaca, Ciudad Serdán, Ajalpan, Tehuacán y Atlixco.

Moreno y Haddad ofrecieron presuntamente a los aspirantes a precandidatos colocarlos en los primeros lugares de las encuestas del CEN del PRI a cambio de 100 mil pesos. Esta misma artimaña es la que sus detractores le atribuyeron también a Ranulfo Márquez en el proceso electoral municipal de 2007 en Veracruz, en el que habría hecho un jugoso negocio con la venta de buena parte de las 212 candidaturas priistas a las alcaldías que se decidieron también por este tipo de sondeos de opinión, las cuales fueron operadas por dos de sus incondicionales: Othón González, que fue el enlace con las casas encuestadoras, y Ricardo Landa Cano, a quien había impulsado a la presidencia del CDE del PRI con la venia del gobernador Herrera.


Pero ahora en Puebla esta argucia no le funcionó. En conferencia de prensa convocada a mediados de febrero pasado, precandidatos de Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Ajalpan y Puebla –ligados al grupo de Fernando Morales– reprocharon las inconsistencias del proceso de selección de abanderados del PRI, al asegurar que Márquez y Juan Carlos Lastiri pretendían imponer a sus favoritos en la mayoría de los distritos.

Jacobo Aguilar, uno de los precandidatos excluidos, reiteró que el ex secretario particular de Ranulfo y Julián Haddad, que también aspiraba a la diputación federal, intentaron estafar a los aspirantes a precandidatos de Tehuacán con 100 mil pesos y mostró como prueba la tarjeta de presentación de Moreno con su número de cuenta y un recibo de depósito por 100 pesos.

El escándalo mediático se potencializó porque los aspirantes a diputados Alejandro Cruz Olivera, Ana Isabel Allende, Ricardo Chavero, Salomón Alcalá, Armando Ruiz, René Escalona y Cecilia Monzón también exigieron la renuncia de dirigente Juan Carlos Lastiri, pues lo acusaron de promover el cobro de 20 mil pesos a los militantes que intentaran participar en el proceso interno, a cambio de expedirles una carta que certificara el pago de sus cuotas partidistas; tal como se había hecho también en el PRI de Veracruz en 2007 durante la dirigencia de Landa Cano con los cientos de aspirantes a las alcaldías, los cuales tuvieron que desembolsar 12 mil pesos para participar en ese fraudulento proceso interno.


Ante esta situación, a principios de marzo, mientras Ranulfo comenzó a deslizar que pronto renunciaría como delegado del CEN del PRI porque estaba por retornar a Veracruz para incorporarse al gabinete del gobernador Duarte de Ochoa, el ahora secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional priista salió al paso de esos señalamientos y dijo que su permanencia al frente del Comité Directivo Estatal no era negociable, ni estaba a discusión. Lastiri aseguró que esas acusaciones carecían de fundamento, por lo que conminó a sus detractores que presentaran pruebas y denuncias ante las autoridades correspondientes.

El dirigente poblano reveló que presuntamente Guillermo Moreno, colaborador de Ranulfo, fue quien había solicitado recursos económicos a los militantes, por lo que enfatizó que era importante que los afectados procedieran legalmente contra los presuntos responsables, toda vez que prometió que el CDE a su cargo no encubriría a nadie. Ante esta amenaza, coincidentemente Moreno dejó de trabajar para “Tonicho”.

Y Márquez, unas semanas después, emprendió el regreso sin gloria a Veracruz, donde fue acomodado por el gobernador Duarte en la Oficina del Programa de Gobierno que, en los hechos, sigue manejando a distancia el duartista Fabrizio Aguilar.