Hace ocho días, el domingo 22, en la ciudad de Cádiz, España, el historiador y ensayista mexicano Enrique Krauze recibió el Gran Premio Chapultepec 2012 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa.

En su discurso pronunciado ante los miembros de la SIP, el director de la revista “Letras Libres” habló precisamente de la libertad de expresión que arraigó tardíamente en el orbe hispano. “Nuestra tradición –refirió Krauze– era otra, no una plaza pública sino una fortaleza cerrada a la disidencia y a la crítica. A fines del siglo XVIII, la libertad de expresión comenzó a tocar las puertas de esa fortaleza. Y las tocó hasta derribarlas justo aquí, en Cádiz, hace doscientos años. Aquella Constitución animó el nacimiento de nuestros primeros diarios independientes, vertebró legalmente a nuestras primeras repúblicas y fincó la tradición liberal, que sigue siendo el fundamento mejor de nuestra civilización”.

El también autor de los libros “Por una democracia sin adjetivos”, “Biografía del poder”, “La presidencia imperial”, “Travesía liberal” y “De héroes y mitos” refirió que las dictaduras militares del siglo XIX en Hispanoamérica “abominaron de la libertad de expresión, y no les faltaban razones”, pero señaló que “ante ellas se alzó siempre la prensa liberal, con sus feroces caricaturas, sus sonetos satíricos, sus incendiarios artículos y sus grandes prosistas”. Luego mencionó que “con el arribo del siglo XX, la libertad de expresión se consolidó en los países de más honda vocación democrática como Chile, Costa Rica, Uruguay, la propia Colombia, entre otros. Ahora mismo, circulan periódicos que han cumplido hasta un siglo y medio de existencia ininterrumpida. Esos diarios históricos son monumentos vivos a la libertad”.


Krauze recriminó la intolerancia tanto de las dictaduras militares que en Chile y Argentina reprimieron a los disidentes, cerraron diarios, torturaron y mataron periodistas, como la de los actuales gobiernos populistas de Centro y Sudamérica –Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, entre otros– que, precisó, no han cerrado medios de comunicación pero sí los han expropiado, inoculando en ellos “una servidumbre voluntaria”.

Al aludir el caso concreto de nuestro país, el historiador y ensayista galardonado por la SIP dijo: “En México ha aparecido un poder que actúa en la impunidad y la sombra, que no tiene ideas ni ideales, sólo intereses e instintos, y que por su naturaleza no tolera estar sujeto a ningún escrutinio. Es el poder del narcotráfico y el crimen organizado. El problema es de México, de América Latina, de Estados Unidos y del mundo. Nos enfrenta de nueva cuenta al Mal absoluto de que hablaba Hannah Arendt. En algunas regiones de mi país, el periodismo se ha vuelto una actividad no sólo riesgosa sino imposible. En los viejos tiempos del PRI, por conveniencia o miedo, un sector de la prensa se autocensuraba, pero ahora, en un México democrático, hay periodistas que deben optar por el silencio o la muerte. Y sin embargo, muchos de ellos siguen cubriendo la realidad, como reporteros enviados al infierno”.

El homicidio de la corresponsal de la revista “Proceso” en Veracruz, Regina Martínez, parece ser uno de estos casos.


El cadáver de la reportera fue hallado la tarde de este sábado 28 en el baño de su casa, con huellas de tortura. La posible causa de su muerte fue por asfixia. Presuntamente la estrangularon.

Según versiones de algunos compañeros, la reportera les había confiado hace casi un mes que a principios de las vacaciones de Semana Santa, personas desconocidas habían entrado a su domicilio a robar pero sólo se llevaron información que tenía en su computadora y un poco de dinero que tenía ahorrado.

Regina no era una periodista que lucrara ilícitamente con su profesión. Por eso arrendaba una modesta vivienda de un barrio popular de Xalapa y no poseía vehículo. Tampoco era una reportera que pidiera favores personales a gobernantes o extorsionara a servidores públicos. Se conducía con una gran integridad y ética profesional. Por eso hace 20 años inició como corresponsal del diario capitalino “La Jornada” y luego pasó a trabajar para la revista “Proceso”, donde actualmente colaboraba.


Precisamente en la edición número 1849, del pasado 8 de abril, el semanario fundado por don Julio Scherer García publica un par de reportajes con motivo de la visita al puerto de Veracruz del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en cuya comida servida el miércoles 4 en la sede del sindicato porteño de empleados de comercio aparecieron dos personajes priistas que llamaron la atención de Jenaro Villamil, enviado especial de “Proceso” que habría sido apoyado informativamente por la corresponsal.

Ambos son ex funcionarios del gobierno del estado en diferentes administraciones y ahora contienden como candidatos del PRI a la diputación federal. A uno, el reportero Villamil, aludiendo a “investigaciones de la Procuraduría General de la República, basadas en los testimonios de 14 testigos protegidos”, lo etiqueta “como uno de los responsables del crecimiento de La Compañía y de Los Zetas durante el gobierno de (Fidel) Herrera Beltrán”, en cuyo periodo (2004-2010) “crecieron en Veracruz los levantones, secuestros, extorsiones a comercios y, sobre todo, los crímenes contra periodistas.”

Al otro lo exhibieron por sus presuntos vínculos con Albino Quintero Meraz –el capo que operó en Veracruz de 1995 a 2002 para los cárteles de Ciudad Juárez y del Golfo, encabezado entonces por Osiel Cárdenas Guillén, que fue quien contrató a los sicarios desertores del Ejército que dieron origen al grupo de “Los Zetas”– y por su enriquecimiento inexplicable en los últimos 10 años, pues en una entrevista concedida en mayo de este año al diario porteño “Imagen” presumía de su origen humilde como “cargador de legumbres en el mercado de Jamaica”.


Presuntamente, por conducto de la corresponsal, al reportero de “Proceso” le hicieron llegar una lista completa de todas las propiedades de este candidato del PRI, entre las cuales se incluían nueve inmuebles valuados en 93 millones 800 mil pesos.

También se aludían a otros bienes escriturados a nombre de familiares cercanos, entre ellos un terreno de 15 mil 500 metros cuadrados donde se desarrolló el fraccionamiento “La Toscana”.

El gobernador Javier Duarte, quien este domingo se reunió en Xalapa con Scherer y otros directivos de la revista “Proceso”, condenó el crimen de Regina Martínez e instruyó de inmediato al procurador Amadeo Flores Espinosa para que se integrara un grupo especial que agilizara las investigaciones. Según se informó, a este equipo se integrarán representantes de la PGR, de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos y un reportero del semanario capitalino.


En conferencia de prensa convocada la noche del sábado 28, el titular de la PGJE dijo a los representantes de los medios de comunicación que tuvieran “la certeza de que se agotarán todas las líneas de investigación que nos conduzcan al esclarecimiento de estos lamentables hechos que como veracruzanos lamentamos”.

Quienes conocimos, tratamos y convivimos con Regina desde hace dos décadas sabemos que esta combativa reportera no descansará hasta que reciba cabal justicia.

Enrique Krauze, en su discurso ante la SIP, refería que “a doscientos años de la Constitución de Cádiz, nuestros diarios tienen varias tareas pendientes: restituir el ejercicio de la libertad ahí donde ha sido conculcado, defenderlo donde está amenazado (por el poder político o el crimen organizado), pero también enriquecerlo con un sentido profesional y ético, para que nunca supedite la búsqueda de la verdad a los intereses materiales”.


Nosotros, como el historiador y ensayista galardonado, también estamos convencidos de que la buena prensa es una misión. Creemos “en el periódico nuestro de cada día, esa flor de tinta y papel que muere y renace la mañana siguiente”.