2 de mayo de 2012
alcalorpolitico.com
Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la deuda de los estados aumentó en 2011 a 391 mil millones de pesos.
De las diez entidades más endeudadas, cuatro son gobernadas por el PRI: el Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, en las cuales se concentran cerca de 20 millones de votantes.
Por eso, para el futuro de estos estados será vital el triunfo o la derrota del candidato priista Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo.
En esta lista destacan los estados de Nuevo León, con una deuda de 38 mil 590.5 millones de pesos (mdp); el Estado de México, con 38 mil 195.9 mdp; Veracruz con 27 mil 938.1 mdp, y Chihuahua con 17 mil 318.6 mdp.
Hace un año, en el caso de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación reportaba compromisos crediticios por al menos 22 mil 566 millones de pesos.
Hasta septiembre del año pasado, el gobierno de Veracruz reportó un pago por concepto de intereses cubiertos para el servicio de la deuda, que ascienden a 1 mil 81.3 millones de pesos. Los documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas establecen que también se pagó capital de los pasivos contratados con la banca comercial.
También a septiembre del 2011 –de acuerdo con los últimos datos disponibles–, el pasivo circulante de corto plazo del gobierno del estado se ubicaba en 28 mil 182 millones 631 mil pesos. Los pasivos de largo plazo que corresponde al financiamiento de la deuda pública se ubican en 10 mil millones de pesos. Así, la deuda del estado de Veracruz supera los 28 mil millones de pesos.
En seis años, la deuda del estado –al menos la que se registra públicamente– aumentó más de 800 por ciento, según los datos comparativos del propio gobierno estatal. A septiembre de 2005, un año después de que Fidel Herrera heredó el gobierno de Miguel Alemán Velasco, la deuda pública directa del estado se ubicaba en 3 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, hasta ahora, el ex gobernador no ha sido llamado a cuentas, pese a que en su revisión de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación ha consignado situaciones administrativas realmente graves. De hecho, en 2006 la ASF reportó que había presentado una denuncia penal por los desvíos registrados en el gobierno del estado de Veracruz en el área de la salud y en la administración de hospitales.
La ASF fiscalizó la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a través del fondo para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
En el caso del Fondo Regional en el Estado de Veracruz, la ASF analizó las inversiones en infraestructura que comprometieron recursos por 496 millones 844.2 miles de pesos y que forman parte de las participaciones autorizadas por la Federación para apoyar a Veracruz como uno de los 10 estados con menor índice de desarrollo humano.
La ASF analizó, por ejemplo, la ejecución de recursos en la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, en el camino F. Carrillo Puerto-El Órgano, contrato asignado a la compañía Seteyco y que sumó 15 millones 280 mil pesos. El sexenio pasado, las empresas Seteyco y Margusa fueron dos de las compañías contratistas que más obras recibieron de los municipios del estado.
Precisamente en el caso de Seteyco, los auditores de la ASF encontraron al abrir la bitácora de la obra que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán “Karl”. Así, el gobierno del estado asignó una obra que no sólo ya se había construido, sino que ya había desaparecido, seguramente por vicios ocultos en su edificación.
Esta obra fue asignada de manera directa por el gobierno de Fidel Herrera luego de que otros dos contratistas: Impulsora Constructora del Sur y Servi Constructora Pavimentos presentaron presupuestos más altos por 16.5 y 16.8 millones de pesos, respectivamente.
“El 10 de enero de 2011 se elaboró el acta de entrega‐recepción de la obra, estipulando un monto total ejercido en dos estimaciones por 15 millones 101.3 miles de pesos, con un periodo de obra del 13 de enero al 28 de marzo de 2010. No obstante, se comprobó que el puente se construyó del 27 de enero al 11 octubre de 2009, siendo esta última fecha la de su inauguración. Once meses después, el 18 de septiembre de 2010, se colapsó por el desbordamiento del río Atoyac, ocasionado por el huracán Karl”, establece el reporte de la ASF.
Una foto en su página de Facebook confirma que Herrera Beltrán, en octubre de 2009, inauguró este puente que fue el número 987 de su administración. Su deficiente edificación se hizo evidente en el recuento de los daños ocasionados por el huracán “Karl”, porque la mayoría de los puentes que se derrumbaron tenían más de 40 años de haber sido construidos.
Sin embargo, el gobierno de Veracruz solicitó recursos a la SHCP para esta obra, cuando la Secretaría de Comunicaciones del estado “debió dictaminar y evaluar las causas por las que se colapsó el puente, ya que sólo tenía 11 meses de haberse edificado y, en su caso, emprender las acciones legales para hacer efectiva la fianza de vicios ocultos y el seguro de la obra”.
El gobierno de Herrera tuvo que reintegrar a la SHCP el monto total del contrato fallido más los intereses. No obstante, para la ASF el delito existe y estaba por presentar ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos correspondiente a este contrato de obra pública, el número SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST.
La Auditoría Superior de la Federación también detectó otras obras con irregularidades en las que habrían estado implicados el actual alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, y su sucesor en la Secretaría de Comunicaciones del estado José Guillermo Herrera Mendoza, el cual acaba de ser sustituido en la jefatura de la Oficina del Programa de Gobierno por Ranulfo Márquez Hernández, a quien como ex secretario de Protección Civil y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente le resultaría responsabilidad por el manejo de los recursos federales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Y es que, según la ASF, no se documentó de manera suficiente la aplicación de al menos 224.1 millones de pesos de los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte del Fonden para la reparación de la infraestructura dañada por diversos fenómenos climatológicos ocurridos de mayo a noviembre de 2009 en Veracruz.
De las diez entidades más endeudadas, cuatro son gobernadas por el PRI: el Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, en las cuales se concentran cerca de 20 millones de votantes.
Por eso, para el futuro de estos estados será vital el triunfo o la derrota del candidato priista Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo.
En esta lista destacan los estados de Nuevo León, con una deuda de 38 mil 590.5 millones de pesos (mdp); el Estado de México, con 38 mil 195.9 mdp; Veracruz con 27 mil 938.1 mdp, y Chihuahua con 17 mil 318.6 mdp.
Hace un año, en el caso de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación reportaba compromisos crediticios por al menos 22 mil 566 millones de pesos.
Hasta septiembre del año pasado, el gobierno de Veracruz reportó un pago por concepto de intereses cubiertos para el servicio de la deuda, que ascienden a 1 mil 81.3 millones de pesos. Los documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas establecen que también se pagó capital de los pasivos contratados con la banca comercial.
También a septiembre del 2011 –de acuerdo con los últimos datos disponibles–, el pasivo circulante de corto plazo del gobierno del estado se ubicaba en 28 mil 182 millones 631 mil pesos. Los pasivos de largo plazo que corresponde al financiamiento de la deuda pública se ubican en 10 mil millones de pesos. Así, la deuda del estado de Veracruz supera los 28 mil millones de pesos.
En seis años, la deuda del estado –al menos la que se registra públicamente– aumentó más de 800 por ciento, según los datos comparativos del propio gobierno estatal. A septiembre de 2005, un año después de que Fidel Herrera heredó el gobierno de Miguel Alemán Velasco, la deuda pública directa del estado se ubicaba en 3 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, hasta ahora, el ex gobernador no ha sido llamado a cuentas, pese a que en su revisión de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación ha consignado situaciones administrativas realmente graves. De hecho, en 2006 la ASF reportó que había presentado una denuncia penal por los desvíos registrados en el gobierno del estado de Veracruz en el área de la salud y en la administración de hospitales.
La ASF fiscalizó la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a través del fondo para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
En el caso del Fondo Regional en el Estado de Veracruz, la ASF analizó las inversiones en infraestructura que comprometieron recursos por 496 millones 844.2 miles de pesos y que forman parte de las participaciones autorizadas por la Federación para apoyar a Veracruz como uno de los 10 estados con menor índice de desarrollo humano.
La ASF analizó, por ejemplo, la ejecución de recursos en la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, en el camino F. Carrillo Puerto-El Órgano, contrato asignado a la compañía Seteyco y que sumó 15 millones 280 mil pesos. El sexenio pasado, las empresas Seteyco y Margusa fueron dos de las compañías contratistas que más obras recibieron de los municipios del estado.
Precisamente en el caso de Seteyco, los auditores de la ASF encontraron al abrir la bitácora de la obra que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán “Karl”. Así, el gobierno del estado asignó una obra que no sólo ya se había construido, sino que ya había desaparecido, seguramente por vicios ocultos en su edificación.
Esta obra fue asignada de manera directa por el gobierno de Fidel Herrera luego de que otros dos contratistas: Impulsora Constructora del Sur y Servi Constructora Pavimentos presentaron presupuestos más altos por 16.5 y 16.8 millones de pesos, respectivamente.
“El 10 de enero de 2011 se elaboró el acta de entrega‐recepción de la obra, estipulando un monto total ejercido en dos estimaciones por 15 millones 101.3 miles de pesos, con un periodo de obra del 13 de enero al 28 de marzo de 2010. No obstante, se comprobó que el puente se construyó del 27 de enero al 11 octubre de 2009, siendo esta última fecha la de su inauguración. Once meses después, el 18 de septiembre de 2010, se colapsó por el desbordamiento del río Atoyac, ocasionado por el huracán Karl”, establece el reporte de la ASF.
Una foto en su página de Facebook confirma que Herrera Beltrán, en octubre de 2009, inauguró este puente que fue el número 987 de su administración. Su deficiente edificación se hizo evidente en el recuento de los daños ocasionados por el huracán “Karl”, porque la mayoría de los puentes que se derrumbaron tenían más de 40 años de haber sido construidos.
Sin embargo, el gobierno de Veracruz solicitó recursos a la SHCP para esta obra, cuando la Secretaría de Comunicaciones del estado “debió dictaminar y evaluar las causas por las que se colapsó el puente, ya que sólo tenía 11 meses de haberse edificado y, en su caso, emprender las acciones legales para hacer efectiva la fianza de vicios ocultos y el seguro de la obra”.
El gobierno de Herrera tuvo que reintegrar a la SHCP el monto total del contrato fallido más los intereses. No obstante, para la ASF el delito existe y estaba por presentar ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos correspondiente a este contrato de obra pública, el número SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST.
La Auditoría Superior de la Federación también detectó otras obras con irregularidades en las que habrían estado implicados el actual alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, y su sucesor en la Secretaría de Comunicaciones del estado José Guillermo Herrera Mendoza, el cual acaba de ser sustituido en la jefatura de la Oficina del Programa de Gobierno por Ranulfo Márquez Hernández, a quien como ex secretario de Protección Civil y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente le resultaría responsabilidad por el manejo de los recursos federales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Y es que, según la ASF, no se documentó de manera suficiente la aplicación de al menos 224.1 millones de pesos de los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte del Fonden para la reparación de la infraestructura dañada por diversos fenómenos climatológicos ocurridos de mayo a noviembre de 2009 en Veracruz.