4 de mayo de 2012
alcalorpolitico.com
El hallazgo, ayer, de los cadáveres de dos fotoperiodistas de la ciudad de Veracruz vuelve a colocar al gobierno del estado bajo el severo escrutinio de la opinión pública nacional e internacional, pues apenas el sábado anterior fue asesinada en su domicilio particular de Xalapa la corresponsal de la revista “Proceso”, Regina Martínez, cuyo caso tuvo una fuerte resonancia en otras regiones del orbe.
¿En qué momento dejamos perder la tranquilidad y seguridad que caracterizaba a este “pedacito de patria” que según el músico-poeta Agustín Lara “sabe sufrir y cantar”?
Podríamos remontarnos, por ejemplo, al sexenio del gobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), en cuya administración se tiñó de sangre el estado por las bandas criminales que se habían repartido la entidad, entre ellas la de Felipe “El Indio” Lagunes Castillo, la famosa “Sonora Matancera” como el propio mandatario veracruzano motejó al grupo de sicarios de su pariente político, esposo de su prima Minerva Lagunes.
Uno de los últimos crímenes que cimbró a Veracruz fue el del ex diputado federal tuxpeño y ex dirigente estatal del PRI, Demetrio Ruiz Malerva, acribillado en Álamo a mediados de 1986.
Sin embargo, el estado se apaciguó apenas asumió el poder don Fernando Gutiérrez Barrios, quien el 1 de diciembre de 1988 dejó la gubernatura para ocupar la Secretaría de Gobernación, donde despachó hasta enero de 1993.
En el cuatrienio del gobernador sustituto Dante Delgado Rannauro hubo algunas ejecuciones fraguadas presuntamente desde el mismo aparato del poder, como la del capo Toribio “El Toro” Gargallo, quien durante el acostalagunismo había dominado la zona de Córdoba.
Durante la administración dantista (1988-1992) comenzaron a asentarse en el estado células del narcotráfico como el del Cártel del Golfo, encabezado entonces por Juan García Ábrego, que fue uno de los consentidos en el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Sin embargo, la entidad seguía siendo hasta ese momento sólo un punto más en la ruta del trasiego de droga que procedía de Sudamérica hacia Estados Unidos.
Eso sí, con Delgado Rannauro hubo indicios de lavado de dinero, pues de la noche a la mañana comenzaron a multiplicarse las plazas comerciales y negocios sospechosos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en otras ciudades del estado.
Algunas fortunas familiares crecieron desmesuradamente pese a que en sus establecimientos comerciales, hasta la fecha, siguen viéndose más empleados que clientes.
En el cuatrienio dantista proliferaron también las bandas de “chupaductos” de Pemex, que ahora se ha convertido en un jugoso negocio para algunos cárteles del narcotráfico que trafican con gasolina clandestina.
No obstante, Veracruz aún se mantenía en una relativa calma y los periodistas locales ejercían sin sobresaltos su profesión. Lo único a lo que temían era al airado reclamo del gobernante o a los exabruptos de su soberbio secretario de Finanzas y Planeación, Gerardo Poo Ulibarri, quien fue su compañero de celda en el reclusorio de Pacho Viejo cuatro años después de concluida su administración.
Con el gobernador Patricio Chirinos (1992-1998) hubo un reacomodo de los grupos del narcotráfico en la entidad a raíz de la caída de García Ábrego al inicio del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Fue, entonces cuando llegó a asentarse a Veracruz Albino Quintero Meraz, “Don Beto” o “El Orejón”, quien operaba para varios cárteles, entre ellos el de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La presencia de “Los Norteños” era bastante visible en la entidad pero hasta entonces la violencia derivada del narcotráfico estaba contenida.
Quintero Meraz operaba de manera tan discreta que hasta fue vecino del gobernador Miguel Alemán Velasco en el fraccionamiento Costa de Oro en el puerto de Veracruz.
Precisamente en el régimen de Alemán (1998-2004), tras la detención de Albino Quintero en un operativo del Ejército en mayo de 2002, la situación comenzó a descomponerse en la entidad. Jefes policiacos y políticos priistas fueron desaparecidos y ejecutados. Algunos periodistas críticos del neoalemanismo como José Miranda Virgen, quien había sido muy incisivo al cuestionar a los miembros de lo que él llamaba la “mafilia” del poder, murieron en “accidentes” domésticos muy sospechosos.
Pero el colmo se dio en el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), en el que el grupo de “Los Zetas”, al independizarse del Cártel del Golfo, se apoderó de la entidad, a grado tal que controlaban presuntamente algunas áreas del gobierno estatal, como la de los reclusorios, y comandancias policiacas y de tránsito en el nivel municipal.
Menudearon entonces las extorsiones y los “levantones” como el del administrador de la Aduana Marítima del puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, secuestrado en junio de 2009 y desaparecido hasta la fecha.
Con Herrera Beltrán –cuyos detractores como Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Fernando Yunes Márquez, candidato del PAN al Senado, lo han señalado públicamente de ser el verdadero “Zeta 1”–, el narcotráfico no sólo penetró a su gobierno sino a partidos políticos que, como el propio instituto blanquiazul, han postulado a las alcaldías y diputaciones a personajes vinculados con bandas criminales.
Los casos más recientes son los de los ediles panistas Mauricio Herrera Fernández, de Las Minas, detenido a finales de febrero por la Policía Federal en el vecino estado de Puebla al ser sorprendido en un retén transportando armas y drogas en su vehículo, y Martín Padua Zúñiga, de Chinameca, el cual fue aprehendido el 17 de abril pasado por el Ejército cuando el munícipe sureño convivía en un restaurante-bar de la ciudad de Minatitlán con sicarios de “Los Zetas”, encabezados por José Carmen Fragoso Martínez, jefe de plaza de esta banda criminal.
Pero igualmente hay indicios de que el narcotráfico también infiltró a los medios de comunicación, dándose algunos casos de periodistas que por amenazas, favores o jugosos pagos sirven de “halcones”, publirrelacionistas o de asesores de prensa de estos grupos de la delincuencia organizada.
Por eso, la Procuraduría General de la República ha precisado que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos a Periodistas, creada en 2009, sólo tiene facultad de atraer los casos de agresión o asesinatos de comunicadores si es que el motivo fue realmente coartar su libertad de expresión.
En los recientes casos de los homicidios de periodistas en Veracruz, hay algunos cuyos indicios apuntan hacia la narcopolítica. Pero de otros habría que investigar cuál fue el verdadero móvil de sus muertes.
Todos tenemos derecho a saber la verdad.
¿En qué momento dejamos perder la tranquilidad y seguridad que caracterizaba a este “pedacito de patria” que según el músico-poeta Agustín Lara “sabe sufrir y cantar”?
Podríamos remontarnos, por ejemplo, al sexenio del gobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), en cuya administración se tiñó de sangre el estado por las bandas criminales que se habían repartido la entidad, entre ellas la de Felipe “El Indio” Lagunes Castillo, la famosa “Sonora Matancera” como el propio mandatario veracruzano motejó al grupo de sicarios de su pariente político, esposo de su prima Minerva Lagunes.
Uno de los últimos crímenes que cimbró a Veracruz fue el del ex diputado federal tuxpeño y ex dirigente estatal del PRI, Demetrio Ruiz Malerva, acribillado en Álamo a mediados de 1986.
Sin embargo, el estado se apaciguó apenas asumió el poder don Fernando Gutiérrez Barrios, quien el 1 de diciembre de 1988 dejó la gubernatura para ocupar la Secretaría de Gobernación, donde despachó hasta enero de 1993.
En el cuatrienio del gobernador sustituto Dante Delgado Rannauro hubo algunas ejecuciones fraguadas presuntamente desde el mismo aparato del poder, como la del capo Toribio “El Toro” Gargallo, quien durante el acostalagunismo había dominado la zona de Córdoba.
Durante la administración dantista (1988-1992) comenzaron a asentarse en el estado células del narcotráfico como el del Cártel del Golfo, encabezado entonces por Juan García Ábrego, que fue uno de los consentidos en el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Sin embargo, la entidad seguía siendo hasta ese momento sólo un punto más en la ruta del trasiego de droga que procedía de Sudamérica hacia Estados Unidos.
Eso sí, con Delgado Rannauro hubo indicios de lavado de dinero, pues de la noche a la mañana comenzaron a multiplicarse las plazas comerciales y negocios sospechosos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en otras ciudades del estado.
Algunas fortunas familiares crecieron desmesuradamente pese a que en sus establecimientos comerciales, hasta la fecha, siguen viéndose más empleados que clientes.
En el cuatrienio dantista proliferaron también las bandas de “chupaductos” de Pemex, que ahora se ha convertido en un jugoso negocio para algunos cárteles del narcotráfico que trafican con gasolina clandestina.
No obstante, Veracruz aún se mantenía en una relativa calma y los periodistas locales ejercían sin sobresaltos su profesión. Lo único a lo que temían era al airado reclamo del gobernante o a los exabruptos de su soberbio secretario de Finanzas y Planeación, Gerardo Poo Ulibarri, quien fue su compañero de celda en el reclusorio de Pacho Viejo cuatro años después de concluida su administración.
Con el gobernador Patricio Chirinos (1992-1998) hubo un reacomodo de los grupos del narcotráfico en la entidad a raíz de la caída de García Ábrego al inicio del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Fue, entonces cuando llegó a asentarse a Veracruz Albino Quintero Meraz, “Don Beto” o “El Orejón”, quien operaba para varios cárteles, entre ellos el de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La presencia de “Los Norteños” era bastante visible en la entidad pero hasta entonces la violencia derivada del narcotráfico estaba contenida.
Quintero Meraz operaba de manera tan discreta que hasta fue vecino del gobernador Miguel Alemán Velasco en el fraccionamiento Costa de Oro en el puerto de Veracruz.
Precisamente en el régimen de Alemán (1998-2004), tras la detención de Albino Quintero en un operativo del Ejército en mayo de 2002, la situación comenzó a descomponerse en la entidad. Jefes policiacos y políticos priistas fueron desaparecidos y ejecutados. Algunos periodistas críticos del neoalemanismo como José Miranda Virgen, quien había sido muy incisivo al cuestionar a los miembros de lo que él llamaba la “mafilia” del poder, murieron en “accidentes” domésticos muy sospechosos.
Pero el colmo se dio en el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), en el que el grupo de “Los Zetas”, al independizarse del Cártel del Golfo, se apoderó de la entidad, a grado tal que controlaban presuntamente algunas áreas del gobierno estatal, como la de los reclusorios, y comandancias policiacas y de tránsito en el nivel municipal.
Menudearon entonces las extorsiones y los “levantones” como el del administrador de la Aduana Marítima del puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, secuestrado en junio de 2009 y desaparecido hasta la fecha.
Con Herrera Beltrán –cuyos detractores como Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Fernando Yunes Márquez, candidato del PAN al Senado, lo han señalado públicamente de ser el verdadero “Zeta 1”–, el narcotráfico no sólo penetró a su gobierno sino a partidos políticos que, como el propio instituto blanquiazul, han postulado a las alcaldías y diputaciones a personajes vinculados con bandas criminales.
Los casos más recientes son los de los ediles panistas Mauricio Herrera Fernández, de Las Minas, detenido a finales de febrero por la Policía Federal en el vecino estado de Puebla al ser sorprendido en un retén transportando armas y drogas en su vehículo, y Martín Padua Zúñiga, de Chinameca, el cual fue aprehendido el 17 de abril pasado por el Ejército cuando el munícipe sureño convivía en un restaurante-bar de la ciudad de Minatitlán con sicarios de “Los Zetas”, encabezados por José Carmen Fragoso Martínez, jefe de plaza de esta banda criminal.
Pero igualmente hay indicios de que el narcotráfico también infiltró a los medios de comunicación, dándose algunos casos de periodistas que por amenazas, favores o jugosos pagos sirven de “halcones”, publirrelacionistas o de asesores de prensa de estos grupos de la delincuencia organizada.
Por eso, la Procuraduría General de la República ha precisado que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos a Periodistas, creada en 2009, sólo tiene facultad de atraer los casos de agresión o asesinatos de comunicadores si es que el motivo fue realmente coartar su libertad de expresión.
En los recientes casos de los homicidios de periodistas en Veracruz, hay algunos cuyos indicios apuntan hacia la narcopolítica. Pero de otros habría que investigar cuál fue el verdadero móvil de sus muertes.
Todos tenemos derecho a saber la verdad.