No pueden dejar de reconocerse los buenos propósitos anunciados por el gobernador Javier Duarte de Ochoa con motivo de los hechos de violencia en los que han perdido la vida valiosos periodistas veracruzanos ni se pueden desestimar sus pronunciamientos.

 

Este viernes ha salido a anunciar la creación de dos comisiones ad hoc: una para la atención a víctimas de la violencia y otra de protección a periodistas. Sobre esta última, ha adelantado que será amplia, plural e incluyente, para lo cual ya ha iniciado contactos personales con directivos de medios informativos, representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y expertos, a efecto de que con su experiencia y conocimiento se pueda hallar la forma más eficiente y directa de atender el problema.

 

De inicio, habla bien que a casi una semana del asesinato de Regina Martínez corresponsal de Proceso y a unas horas del de los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez, sea el mismo titular del Ejecutivo quien salga a dar la cara y a fijar la posición oficial y que con sus anuncios busque demostrar que no se ha quedado cruzado de brazos.

 

De inicio está bien, debe y tiene que reconocerse, aunque todavía no es suficiente. Pero tiene que otorgársele el beneficio de la duda. Por ejemplo, sobre cómo se va a proteger a los periodistas y si con la creación de una comisión tendremos la seguridad, hasta donde sea posible tenerla, de que no habrá más víctimas entre los profesionales de los medios informativos, por los motivos que sean pero todos encuadrados dentro del clima de violencia que azota el estado; es decir, si la solución al problema es de comisiones o de organismos, porque no se debe pasar por alto que dentro de la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado ya existe una Fiscalía Especializada en la Atención de Denuncias contra Periodistas y Comunicadores (que semánticamente el nombre es un grave error, porque tal parece que se creó para investigar a periodistas y comunicadores y no los casos de los que son víctimas) y, que se sepa, no ha habido hasta ahora la solución a un solo caso, no obstante muchas denuncias.

 

Sin embargo, es tan grave el problema que la iniciativa oficial, por sus buenas intenciones, debe y tiene que ser bien recibida. Que la comisión vaya a ser amplia, plural e incluyente, es necesario, sobre todo la pluralidad, porque ello será entonces garantía de que se no solo se convocará a actores con intereses o afines a la posición oficial sino también a quienes puedan disentir o expresar puntos de vista diferentes, necesarios para enriquecer, fortalecer y velar de la mejor forma por los mejores intereses de los periodistas que ejercen en el estado.

 

“No se trata de emitir decretos desde un escritorio de gobierno ni de hacer anuncios que después se quedan en el vacío. Se trata de un esfuerzo colectivo que incorpore las mejores ideas, a las mejores mentes y en el que el Estado asuma plenamente su responsabilidad e involucre activamente a todos los hombres y mujeres de bien”. Esto podría garantizar la pluralidad y, pensado y ejecutado con inteligencia, fortalecería al propio Gobierno. Deben estar no los afines, sino los mejores.

 

El Gobernador se dijo claro de los retos de la seguridad y de la circunstancia a veces muy compleja que enfrentamos quienes ejercemos el oficio. Preocupantemente, esa circunstancia es cada vez más frecuente que a veces. Por eso es alentador que exponga en voz alta que es obligación y compromiso de su gobierno garantizar el libre ejercicio del periodismo así como dar certeza y tranquilidad a quienes lo ejercen.

 

No se debe ni se puede desestimar tampoco que durante su pronunciamiento haya estado acompañado por autoridades federales pero también de las Fuerzas Armadas, navales y militares, pues el problema los involucra y en muchos casos los rebasa, y solo la concurrencia de todas las instituciones ayudará acaso a frenar la situación que se vive.

 

Javier Duarte de Ochoa dijo algo que suena lógico dado el cúmulo de protestas en todo el mundo por lo sucedido en el estado en menos de una semana y por eso habría que creer en su sinceridad: a nadie conviene más que a las propias autoridades, que los crímenes recientes y todos, sean esclarecidos, que se halle a los culpables y que paguen las consecuencias de sus actos. Es su reto.

 

Ayer, con motivo del 36 aniversario del diario EL PAIS de España, su fundador Juan Luis Cebrián dijo: “El periodismo profesional tiene entre otras tareas la de explicar la realidad al público y la de vigilar al poder. Ha de hacerlo desde el pluralismo y aun la confrontación de los medios, pero aplicando y respetando el rigor en las informaciones y la transparencia en los argumentos”. Resaltó que la actual crisis se caracteriza entre otras cosas por la ausencia de liderazgos, pero también en el devenir cultural y que el periodismo profesional puede y debe ayudar a suplir esas carencias y contribuir a generar criterios a partir del conocimiento de la realidad. En el caso de Veracruz, donde se aspira a una verdadera democracia, esas palabras son válidas, aunque aquí un periodismo profesional, verdaderamente protegido, puede y debe contribuir a acabar con la crisis de la inseguridad y de la violencia. De ahí su valor. De ahí la necesidad de que, de veras, se le proteja.

 

Voto de confianza al gobernador Javier Duarte de Ochoa y que lo que ha planteado no quede en meras palabras; como dijo él, que no se quede en un anuncio en el vacío. Esperamos los resultados.