Dentro de tres semanas, el 30 de mayo próximo, se van a cumplir 28 años del artero crimen del periodista Manuel Buendía, autor de la columna política “Red Privada”, la más temida en los sexenios presidenciales de José López Portillo y Miguel de la Madrid por su filosa y siempre atinada crítica.

Buendía fue asesinado a tiros, por la espalda, sobre la avenida Insurgentes Centro casi esquina con Hamburgo, en la ciudad de México, cuando el columnista salía de su oficina.

El primero en arribar al lugar del crimen fue José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) –la policía política creada durante el régimen del presidente Miguel Alemán Valdés, a la que Zorrilla había ingresado en 1982 por don Fernando Gutiérrez Barrios, de quien había sido secretario particular–, pues su despacho se hallaba muy cerca de ahí, en la Plaza de la República, a la vera del Monumento a la Revolución.


Tras comprobar la muerte del periodista, a quien consideraba su amigo, Zorrilla subió a la oficina del columnista y hurgó en el afamado archivo de Buendía.

El presunto interés del jefe policiaco, dependiente entonces de la Secretaría de Gobernación, era buscar la evidencia documental de la información que supuestamente Buendía tenía en su poder e incriminaba con el narcotráfico al propio Zorrilla y a otros funcionarios del gobierno delamadridista.

Por la noche, en la agencia funeraria Zorrilla se mostró consternado, simulando ser el más adolorido de los deudos del periodista. Tan conspicua fue su presencia que el nervioso presidente De la Madrid, al que diariamente irritaba el trabajo periodístico de Buendía, le encargó en el velorio la investigación, como si se tratara de un agente del Ministerio Público o de la Policía Judicial. Antes de que se corrigiera el dislate presidencial, Zorrilla tuvo tiempo para generar confusiones y distraer a todos de su central participación en el homicidio que hasta el sexenio siguiente se descubrió que había planeado y ordenado ejecutar a dos subordinados suyos de la DFS.


La Fiscalía Especial creada al inicio de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari concluyó que quien disparó y mató a Buendía, obedeciendo órdenes de Zorrilla Pérez, fue Juan Rafael Moro Ávila, perteneciente a la Brigada de la DFS y presunto pariente de las familias Ávila Camacho, de Teziutlán, Puebla, y Fernández Ávila, de Xalapa.

Sin embargo, surgió la sospecha de que el verdadero asesino fue José Luis Ochoa Alonso, alias “El Chocorrol”, identificado como “madrina” de la DFS, quien coincidentemente fue ultimado el 11 de julio de 1984 por miembros de esa corporación; o sea, a casi mes y medio del crimen de Buendía.

Medio año después del homicidio de “El Chocorrol”, a principios de 1985, Zorrilla dejó la Dirección Federal de Seguridad y como salida airosa fue postulado por el PRI a la diputación federal por el distrito electoral de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, donde el ex titular de la DFS había hecho previamente su carrera política como secretario de Gobierno y legislador de la misma Cámara baja del Congreso de la Unión.


Zorrilla estaba urgido del fuero legislativo, pues se avecinaba la sucesión presidencial de 1988 y él representaba un pesado fardo para las aspiraciones de su padrino político, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, confrontado hasta la fecha con Carlos Salinas de Gortari, el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto que sucedió a De la Madrid.

Sin embargo, en un acto insólito, Zorrilla fue despojado por la nomenclatura priista de la candidatura en marzo de 1985 y sus protectores encumbrados en el gobierno federal le concedieron la gracia de desaparecer, poniéndose fuera del alcance de la procuración de justicia que hasta entonces simulaba buscar al homicida de Buendía.

No obstante, debido a la persistente presión de un grupo de periodistas y los deudos del columnista, especialmente su hermano Ángel Buendía, se creó una Fiscalía Especial para resolver ese crimen. Su titular, Miguel Ángel García Domínguez, que después presidió el Supremo Tribunal de Guanajuato, fue ministro de la Suprema Corte y diputado federal, logró atravesar la espesura de falsas investigaciones y determinar que Zorrilla Pérez era el autor intelectual del crimen y había organizado a sus subordinados Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona, Rafael Ávila Moro y Sofía Naya para cometerlo.


Cuatro años después de haber sido despojado de la candidatura del PRI a diputado federal por Pachuca, Zorrilla regresó a México y en junio de 1989 el abogado pozarricense Ignacio Morales Lechuga, a la sazón procurador de Justicia del Distrito Federal, lo aprehendió personalmente, pistola en mano, en su domicilio de las Lomas de Chapultepec.

El ex titular de la DFS inició una intensa y costosa batalla jurídica que no impidió que fuera condenado como autor intelectual de la muerte de Buendía.

En Veracruz, donde en menos de una semana acaban de ser asesinados 4 periodistas –la corresponsal de la revista “Proceso”, Regina Martínez, y tres fotorreporteros del puerto de Veracruz–, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha reiterado su voluntad de investigar y esclarecer todos estos crímenes, tópese con quien se tope.


En el caso de Regina se ha integrado una comisión especial en la que participan agentes de las procuradurías General de Justicia del Estado (PGJE) y de la República (PGR), representantes de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos y hasta un reportero del semanario fundado en noviembre de 1976 por don Julio Scherer García, amigo del columnista Buendía.

A ver si por la coyuntura electoral y la radicalización de la pugna entre PAN y PRI, el Revolucionario Institucional no resulta forzado a cambiar de candidatos en los distritos electorales con cabecera en Xalapa, igual que como sucedió con José Antonio Zorrilla en la capital hidalguense en marzo de 1985.

Y es que los reclamos mediáticos que exigen esclarecer de manera expedita el crimen de la corresponsal de “Proceso” y las presiones políticas del gobierno federal que obviamente busca incidir en la elección presidencial del 1 de julio próximo están por arreciar en este mes, ya que luego del primer debate realizado la noche de ayer la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, intentará acortar a como dé lugar la amplia ventaja que le sigue sacando en las encuestas el priista Enrique Peña Nieto.


Veracruz es una entidad clave para la sucesión presidencial, ya que es el estado con el tercer padrón de votantes en el país.