7 de mayo de 2012
alcalorpolitico.com
El profundo ajuste en la política de gasto público a partir de 1983 llevó a cabo un proceso de reorganización de las prioridades presupuestales del Estado particularmente modificando sus tareas productivas y sociales. Esto canceló la vía de las reformas sociales practicada hasta 1982, lo cual se manifestó en una reducción del ritmo de crecimiento del gasto social que de 1959 a 1982 tuvo un incremento del 1,790%, mientras de 1983 a 2007 sólo creció un 183.4%.
Es interesante observar que a pesar de este diferencial en su incremento, durante el primer período el gasto social no alcanzó a representar una proporción mayor al 37% del total (en 1961) y en 1982 era tan sólo del 26%. En cambio en el segundo período alcanzó una proporción de hasta 61% en 2001 y fue del 59% en 2007.
Esto no significa que durante el primer período el gasto social no haya sido importante sino que el gasto económico lo era mucho más y por lo mismo provocaba que el procentaje de participación del gasto social fuera reducido. En el período siguiente la reducción del gasto económico hace que el gasto social pueda incrementar su participación, aunque su magnitud y su crecimiento sea menor que en el período anterior.
También hay que apuntar que la política social aplicada hasta antes de 1982 habia estado contenida en la política económica, razón por la cual tenía un efecto mucho más amplio y profundo que la aplicada posteriormente cuando se desliga de ésta y se utiliza sobre todo para amortiguar el impacto de los ajustes realizados a las funciones del Estado.
En este sentido es importante abundar sobre el hecho de que la política social implementada en el marco del Estado Social parte del reconocimiento jurídico de una serie de derechos socialesque el Estado debe tutelar, toda vez que los mecanismos de mercado son incapaces de proveerlos.
El Estado articula su política social a su política económica, orientada a resolver los problemas de empleo, distribución del ingreso y de la capacidad adquisitiva del salario mediante el uso de los recursos públicos. Todo esto va aunado a una cobertura pública de seguridad social, salud, educación, abasto, vivienda, alimentación y creación de infraestructura básica.
La característica esencial en el uso del gasto público para atender estas necesidades fue el establecimiento de instituciones estatales que implementaban programas de mediano y largo plazo y donde los criterios de asignación del gasto social estaban determinados por una lógica de justicia distributiva en el sentido Rawlsoniano. Por ejemplo, la política social estaba orientada al mejoramiento de las remuneraciones y el consumo popular mediante el otorgamiento de subsidios y un amplio sistema de abasto popular a través de Conasupo y sus filiales: Codisupo (1963) con 1,964 tiendas, la mayoría en zonas urbanas marginales; Diconsa (1968) y Liconsa, que resolvían no sólo el problema de la escasez de los productos y evitaban la especulación, sino que además, los ofrecían a precios inferiores a los de mercado. Al mismo tiempo, la utilización de los precios de garantía y las barreras arancelarias a la importación de granos para completar el apoyo al consumo y la producción de básicos.
Vale la pena mencionar también la política de salarios mínimos como parte de esta política social de bienestar, que permitió que esta variable creciera de 1959 a 1976 en un 178.3% en términos reales gracias a una política de compensación de la inflación pasada que buscaba proteger el poder adquisitivo del salario y con ello mantener el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores. Cabe señalar que a partir de ese año se implementa un conjunto de medidas para restaurar el proceso de acumulación de capital que se había deteriorado durante los primeros años de la década de los setenta y ésta política salarial cambia a una política que ajustaba el salario mínimo indexándolo a la inflación futura esperada, la que normalmente era mayor que el incremento salarial. De esta manera, el incremento permanente de la inflación, por sus efectos diferenciados sobre los salarios y las utilidades, jugó un papel funcional en la restauración de la acumulación de capital, pues la pérdida de los trabajadores propiciada por la caída del salario real, se convirtió en utilidades de las empresas, gracias a que el incremento de los precios de los productos era mayor que el incremento del costo de la fuerza laboral. En el mismo sentido operó el incremento de la productividad del trabajo, que en un contexto de contracción salarial, incrementó las utilidades y mejoró la eficiencia de las empresas. Gracias al sostenimiento y profundización de esta política a partir de 1983 y dada la persistente y ampliada inflación, el salario registró una mucho más profunda caída, que lo llevó a que en 2007 representara apenas el 45% del que estaba vigente en 1983, deteriorando de manera dramática el bienestar social.
A partir de 1983 y como resultado de la profunda modificación de los arreglos sociales y políticos sobre los que se sustentaba el Estado, se modifica el contenido y la fundamentación filosófica, teórica y política de la Política social. Este acontecimiento es crucial pues representa un salto cualitativo de profunda significación.
La política social del Estado Neoliberal nace separada de la política económica, la que por otro lado se presenta como ajena a toda preocupación de orden social. El Estado ya no es el eje de la promoción de los derechos sociales. La política social cancela como objetivo la redistribución del ingreso y el mejoramiento salarial. Se desmantelan los mecanismos de abasto y subsidios a la alimentación y los esquemas de cobertura en seguridad social, salud y educación, privatizando las instituciones creadas para la atención al bienestar social.
El nuevo enfoque de la política social estará orientado a la atención de las clases y grupos sociales marginados, con programas de combate a la pobreza y la generación de empleos temporales. Y aunque es un enfoque que intenta reducir la discriminación que impide la igualdad de oportunidades, resulta incapaz de resolver la insatisfacción de las necesidades no atendidas e incorporar a los individuos a otro nivel material de vida, y en ese sentido termina por postergar su mejoramiento de modo indefinido y reproducir su pobreza.
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Es interesante observar que a pesar de este diferencial en su incremento, durante el primer período el gasto social no alcanzó a representar una proporción mayor al 37% del total (en 1961) y en 1982 era tan sólo del 26%. En cambio en el segundo período alcanzó una proporción de hasta 61% en 2001 y fue del 59% en 2007.
Esto no significa que durante el primer período el gasto social no haya sido importante sino que el gasto económico lo era mucho más y por lo mismo provocaba que el procentaje de participación del gasto social fuera reducido. En el período siguiente la reducción del gasto económico hace que el gasto social pueda incrementar su participación, aunque su magnitud y su crecimiento sea menor que en el período anterior.
También hay que apuntar que la política social aplicada hasta antes de 1982 habia estado contenida en la política económica, razón por la cual tenía un efecto mucho más amplio y profundo que la aplicada posteriormente cuando se desliga de ésta y se utiliza sobre todo para amortiguar el impacto de los ajustes realizados a las funciones del Estado.
En este sentido es importante abundar sobre el hecho de que la política social implementada en el marco del Estado Social parte del reconocimiento jurídico de una serie de derechos socialesque el Estado debe tutelar, toda vez que los mecanismos de mercado son incapaces de proveerlos.
El Estado articula su política social a su política económica, orientada a resolver los problemas de empleo, distribución del ingreso y de la capacidad adquisitiva del salario mediante el uso de los recursos públicos. Todo esto va aunado a una cobertura pública de seguridad social, salud, educación, abasto, vivienda, alimentación y creación de infraestructura básica.
La característica esencial en el uso del gasto público para atender estas necesidades fue el establecimiento de instituciones estatales que implementaban programas de mediano y largo plazo y donde los criterios de asignación del gasto social estaban determinados por una lógica de justicia distributiva en el sentido Rawlsoniano. Por ejemplo, la política social estaba orientada al mejoramiento de las remuneraciones y el consumo popular mediante el otorgamiento de subsidios y un amplio sistema de abasto popular a través de Conasupo y sus filiales: Codisupo (1963) con 1,964 tiendas, la mayoría en zonas urbanas marginales; Diconsa (1968) y Liconsa, que resolvían no sólo el problema de la escasez de los productos y evitaban la especulación, sino que además, los ofrecían a precios inferiores a los de mercado. Al mismo tiempo, la utilización de los precios de garantía y las barreras arancelarias a la importación de granos para completar el apoyo al consumo y la producción de básicos.
Vale la pena mencionar también la política de salarios mínimos como parte de esta política social de bienestar, que permitió que esta variable creciera de 1959 a 1976 en un 178.3% en términos reales gracias a una política de compensación de la inflación pasada que buscaba proteger el poder adquisitivo del salario y con ello mantener el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores. Cabe señalar que a partir de ese año se implementa un conjunto de medidas para restaurar el proceso de acumulación de capital que se había deteriorado durante los primeros años de la década de los setenta y ésta política salarial cambia a una política que ajustaba el salario mínimo indexándolo a la inflación futura esperada, la que normalmente era mayor que el incremento salarial. De esta manera, el incremento permanente de la inflación, por sus efectos diferenciados sobre los salarios y las utilidades, jugó un papel funcional en la restauración de la acumulación de capital, pues la pérdida de los trabajadores propiciada por la caída del salario real, se convirtió en utilidades de las empresas, gracias a que el incremento de los precios de los productos era mayor que el incremento del costo de la fuerza laboral. En el mismo sentido operó el incremento de la productividad del trabajo, que en un contexto de contracción salarial, incrementó las utilidades y mejoró la eficiencia de las empresas. Gracias al sostenimiento y profundización de esta política a partir de 1983 y dada la persistente y ampliada inflación, el salario registró una mucho más profunda caída, que lo llevó a que en 2007 representara apenas el 45% del que estaba vigente en 1983, deteriorando de manera dramática el bienestar social.
A partir de 1983 y como resultado de la profunda modificación de los arreglos sociales y políticos sobre los que se sustentaba el Estado, se modifica el contenido y la fundamentación filosófica, teórica y política de la Política social. Este acontecimiento es crucial pues representa un salto cualitativo de profunda significación.
La política social del Estado Neoliberal nace separada de la política económica, la que por otro lado se presenta como ajena a toda preocupación de orden social. El Estado ya no es el eje de la promoción de los derechos sociales. La política social cancela como objetivo la redistribución del ingreso y el mejoramiento salarial. Se desmantelan los mecanismos de abasto y subsidios a la alimentación y los esquemas de cobertura en seguridad social, salud y educación, privatizando las instituciones creadas para la atención al bienestar social.
El nuevo enfoque de la política social estará orientado a la atención de las clases y grupos sociales marginados, con programas de combate a la pobreza y la generación de empleos temporales. Y aunque es un enfoque que intenta reducir la discriminación que impide la igualdad de oportunidades, resulta incapaz de resolver la insatisfacción de las necesidades no atendidas e incorporar a los individuos a otro nivel material de vida, y en ese sentido termina por postergar su mejoramiento de modo indefinido y reproducir su pobreza.
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