7 de mayo de 2012
alcalorpolitico.com
El debate de ideas, visiones y propuestas siempre es un ingrediente indispensable en el fortalecimiento de la democracia. Es el espacio plural donde se contrastan las voces diversas que pretenden o representan a distintas formas de pensar y de concebir el entorno. La fertilidad de un debate se aviva cuando los participantes están ciertos de la urgencia de mejoras, proponen cambios, estrategias, decisiones que parten de la coincidencia esencial de que los problemas tienen solución.
El debate democrático implica respeto, tolerancia, sustancia, habilidad y agilidad mental, conocimiento a fondo de asuntos a tratar, experiencia, algo de esgrima en la argumentación, pero ha de ser propositivo, constructivo, civilizado. La honorabilidad entre adversarios o entre debatientes debe ser la constante.
Inmersos en el proceso electoral que vivimos, los ciudadanos han externado su voz: quieren cambio, quieren algo nuevo, aspiran a apoyar una novedosa ruta que alivie y cure inseguridad y violencia, desempleo y crecimiento atascado, pobreza y desigualdades. No más discursos al vacío; ni promesas populistas ni demagogia; quieren compromiso, certezas, hechos, decisiones, resultados que atiendan estos problemas nacionales prioritarios.
No obstante, la inseguridad y violencia, el miedo, muerte y desconsuelo desatados por el combate al crimen organizado son los flagelos adicionales que agravan nuestra lista de reclamos a gobiernos, ya que los mexicanos recién los padecemos como nunca antes. Cierto es que en la historia nacional contemporánea, no hay referente de esta nueva condición social, como tampoco hubo antes tal determinación absoluta, ubicada en el centro del quehacer institucional, para pelear contra los criminales.
Quizás los mexicanos hemos estado irremediablemente acostumbrados a sufrir pobreza, desigualdades y desempleo, subempleo, atraso, corrupción e impunidad, pero la sensación generalizada de temor y de horror frente a hechos tan cruentos, la vulnerabilidad que sentimos, han sido novedad lamentablemente.
Por eso, creo que la urgencia nacional converge en restaurar la garantía de la ley, de la paz y de la tranquilidad. Los candidatos presidenciales han externado sus propuestas hacia ese propósito que es el primero que los ciudadanos estamos considerando, para elegir a la mejor opción de gobierno este año.
Pero ¿Quién garantiza la paz? ¿Quién podrá devolver a México serenidad y libertad? ¿Cómo lo hará? ¿Funcionará? Esas son las preguntas. Sintetizo las respuestas que se han vertido, aunque objetivamente, no todas han logrado presentarse concretas.
Del lado del PRI, proponen “una nueva estrategia nacional, consensuada entre los tres poderes, tres órdenes de gobierno, con sociedad civil organizada, medios de comunicación y partidos, que se centrará en: crear una política nacional de prevención del delito; reestructurar y profesionalizar a las policías del país; modernizar y mejorar el sistema de justicia; consolidar un sistema penitenciario que reforme y no forme delincuentes y en focalizar esfuerzos en zonas con mayor violencia”.
Las decisiones a detalle: crear “un sistema de seguridad social universal que proteja a mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, como enfermedades, desempleo o la vejez; mejorar calidad y equidad educativa con escuelas de tiempo completo en educación básica, cobertura universal de preparatoria y el aumento de la matrícula universitaria en 1.5 millones de estudiantes; se impulsará una plataforma "Grandeza Deportiva Mexicana" para acercar a niños y jóvenes al deporte y alejarlos de las drogas”.
Plantean duplicar efectivos de élite de la Policía Federal y crear policías estatales únicas estatales; lanzar la carrera de formación policial, capacitación especializada, mejores salarios y prestaciones. Prometen crear una "Gendarmería Nacional", un cuerpo de seguridad pública, de origen militar de mando civil. Contra el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas, proponen atacar finanzas de criminales y afianzar cooperación con Estados Unidos y el orbe. Plantean crear la Comisión Nacional Anticorrupción; modernizar y mejorar el sistema de justicia y acudir a un sistema de justicia penal acusatorio y oral y a la modernización y construcción de centros de reclusión que promuevan efectivamente la reinserción social. Proponen centrar esfuerzos en rutas del narcotráfico, fortalecer seguridad en carreteras, videovigilancia y más patrullaje y de auxilio vial y reforzar la atención a las víctimas del crimen y a sus familiares. En suma proteger y garantizar seguridad ciudadana.
En el PAN, el compromiso es no pactar con los delincuentes, reforma constitucional que de atención a víctimas. La estrategia que proponen tiene tres objetivos iniciales: “colocar la paz y la seguridad de los mexicanos en el centro de la estrategia; convertir la confianza entre policías y ciudadanos en el pilar de la seguridad del país y asegurar que nuestras comunidades estén dominadas por los policías y los ciudadanos y nunca más por los delincuentes”. Proponen transformar “la seguridad de todo el país en un esfuerzo federal centralizado”. Incrementarían a 150 mil los policías federales. Construir “una identidad policial mexicana” gratificando al policía con capacitación especializada, salarios dignos y con reconocimiento social. Invertir en cultura dando mayor cobertura y acceso a jóvenes de bachillerato; prometen eliminar el fuero y dar pena máxima a políticos involucrados con el crimen organizado.
Del lado de las izquierdas la propuesta es reinstaurar paz y tranquilidad “como fruto de la justicia”. Puntualiza que no se puede enfrentar al crimen y a la inseguridad con medidas coercitivas. Plantea que para garantizar la paz es fundamental que haya justicia, honestidad, eficacia, coordinación entre instancias encargadas de la procuración de justicia y seguridad, así como autoridades de estados y municipios. Anuncian que se crearía un organismo a nivel federal de protección a los ciudadanos para que prevalezca el Estado de derecho sobre el de cohecho. Y a una institución fundamental del Estado, como lo es el Ejército, proponen “cuidarla”, en tanto se forma una policía nacional. El planteamiento general es “cambiar la estrategia y atender las causas del delito”.
Para el PANAL, la estrategia de seguridad iría en dos niveles; en la lucha frontal contra el crimen y combatir con las políticas estatales, a la delincuencia local. Plantean la integración de la policía nacional única y desaparecer a las policías municipales. Consideran que la reelección de los presidentes municipales, abonaría a mejorar la seguridad local; así como el uso de inteligencia anticrimen y dar autonomía a los Ministerios Públicos. Consideran que hay que modernizar y tecnologizar a la policía federal y privatizar penales, complementando con aplicación de un nuevo sistema de justicia penal más imparcial y más expedito.
Ahí están los ofrecimientos. Tenemos deber de conocerlos y analizarlos. Tomar mano en las decisiones que nos afectan y nos benefician; no esperar a que otros resuelvan, sino participar y proponer.
El crimen nace de corrupción e impunidad que también consentimos. Si queremos ser libres, tenemos que reconstruir nuestra libertad y vigilar y exigir que se cumpla la ley y se modernicen sistemas de justicia y seguridad.
El debate no termina cuando candidatos y partidos contrastan; apenas inicia la discusión nacional sobre lo que queremos, sobre cómo aspiramos a vivir y a convivir.
Debemos participar y hacer valer nuestros derechos y nuestras voces.
[email protected]
El debate democrático implica respeto, tolerancia, sustancia, habilidad y agilidad mental, conocimiento a fondo de asuntos a tratar, experiencia, algo de esgrima en la argumentación, pero ha de ser propositivo, constructivo, civilizado. La honorabilidad entre adversarios o entre debatientes debe ser la constante.
Inmersos en el proceso electoral que vivimos, los ciudadanos han externado su voz: quieren cambio, quieren algo nuevo, aspiran a apoyar una novedosa ruta que alivie y cure inseguridad y violencia, desempleo y crecimiento atascado, pobreza y desigualdades. No más discursos al vacío; ni promesas populistas ni demagogia; quieren compromiso, certezas, hechos, decisiones, resultados que atiendan estos problemas nacionales prioritarios.
No obstante, la inseguridad y violencia, el miedo, muerte y desconsuelo desatados por el combate al crimen organizado son los flagelos adicionales que agravan nuestra lista de reclamos a gobiernos, ya que los mexicanos recién los padecemos como nunca antes. Cierto es que en la historia nacional contemporánea, no hay referente de esta nueva condición social, como tampoco hubo antes tal determinación absoluta, ubicada en el centro del quehacer institucional, para pelear contra los criminales.
Quizás los mexicanos hemos estado irremediablemente acostumbrados a sufrir pobreza, desigualdades y desempleo, subempleo, atraso, corrupción e impunidad, pero la sensación generalizada de temor y de horror frente a hechos tan cruentos, la vulnerabilidad que sentimos, han sido novedad lamentablemente.
Por eso, creo que la urgencia nacional converge en restaurar la garantía de la ley, de la paz y de la tranquilidad. Los candidatos presidenciales han externado sus propuestas hacia ese propósito que es el primero que los ciudadanos estamos considerando, para elegir a la mejor opción de gobierno este año.
Pero ¿Quién garantiza la paz? ¿Quién podrá devolver a México serenidad y libertad? ¿Cómo lo hará? ¿Funcionará? Esas son las preguntas. Sintetizo las respuestas que se han vertido, aunque objetivamente, no todas han logrado presentarse concretas.
Del lado del PRI, proponen “una nueva estrategia nacional, consensuada entre los tres poderes, tres órdenes de gobierno, con sociedad civil organizada, medios de comunicación y partidos, que se centrará en: crear una política nacional de prevención del delito; reestructurar y profesionalizar a las policías del país; modernizar y mejorar el sistema de justicia; consolidar un sistema penitenciario que reforme y no forme delincuentes y en focalizar esfuerzos en zonas con mayor violencia”.
Las decisiones a detalle: crear “un sistema de seguridad social universal que proteja a mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, como enfermedades, desempleo o la vejez; mejorar calidad y equidad educativa con escuelas de tiempo completo en educación básica, cobertura universal de preparatoria y el aumento de la matrícula universitaria en 1.5 millones de estudiantes; se impulsará una plataforma "Grandeza Deportiva Mexicana" para acercar a niños y jóvenes al deporte y alejarlos de las drogas”.
Plantean duplicar efectivos de élite de la Policía Federal y crear policías estatales únicas estatales; lanzar la carrera de formación policial, capacitación especializada, mejores salarios y prestaciones. Prometen crear una "Gendarmería Nacional", un cuerpo de seguridad pública, de origen militar de mando civil. Contra el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas, proponen atacar finanzas de criminales y afianzar cooperación con Estados Unidos y el orbe. Plantean crear la Comisión Nacional Anticorrupción; modernizar y mejorar el sistema de justicia y acudir a un sistema de justicia penal acusatorio y oral y a la modernización y construcción de centros de reclusión que promuevan efectivamente la reinserción social. Proponen centrar esfuerzos en rutas del narcotráfico, fortalecer seguridad en carreteras, videovigilancia y más patrullaje y de auxilio vial y reforzar la atención a las víctimas del crimen y a sus familiares. En suma proteger y garantizar seguridad ciudadana.
En el PAN, el compromiso es no pactar con los delincuentes, reforma constitucional que de atención a víctimas. La estrategia que proponen tiene tres objetivos iniciales: “colocar la paz y la seguridad de los mexicanos en el centro de la estrategia; convertir la confianza entre policías y ciudadanos en el pilar de la seguridad del país y asegurar que nuestras comunidades estén dominadas por los policías y los ciudadanos y nunca más por los delincuentes”. Proponen transformar “la seguridad de todo el país en un esfuerzo federal centralizado”. Incrementarían a 150 mil los policías federales. Construir “una identidad policial mexicana” gratificando al policía con capacitación especializada, salarios dignos y con reconocimiento social. Invertir en cultura dando mayor cobertura y acceso a jóvenes de bachillerato; prometen eliminar el fuero y dar pena máxima a políticos involucrados con el crimen organizado.
Del lado de las izquierdas la propuesta es reinstaurar paz y tranquilidad “como fruto de la justicia”. Puntualiza que no se puede enfrentar al crimen y a la inseguridad con medidas coercitivas. Plantea que para garantizar la paz es fundamental que haya justicia, honestidad, eficacia, coordinación entre instancias encargadas de la procuración de justicia y seguridad, así como autoridades de estados y municipios. Anuncian que se crearía un organismo a nivel federal de protección a los ciudadanos para que prevalezca el Estado de derecho sobre el de cohecho. Y a una institución fundamental del Estado, como lo es el Ejército, proponen “cuidarla”, en tanto se forma una policía nacional. El planteamiento general es “cambiar la estrategia y atender las causas del delito”.
Para el PANAL, la estrategia de seguridad iría en dos niveles; en la lucha frontal contra el crimen y combatir con las políticas estatales, a la delincuencia local. Plantean la integración de la policía nacional única y desaparecer a las policías municipales. Consideran que la reelección de los presidentes municipales, abonaría a mejorar la seguridad local; así como el uso de inteligencia anticrimen y dar autonomía a los Ministerios Públicos. Consideran que hay que modernizar y tecnologizar a la policía federal y privatizar penales, complementando con aplicación de un nuevo sistema de justicia penal más imparcial y más expedito.
Ahí están los ofrecimientos. Tenemos deber de conocerlos y analizarlos. Tomar mano en las decisiones que nos afectan y nos benefician; no esperar a que otros resuelvan, sino participar y proponer.
El crimen nace de corrupción e impunidad que también consentimos. Si queremos ser libres, tenemos que reconstruir nuestra libertad y vigilar y exigir que se cumpla la ley y se modernicen sistemas de justicia y seguridad.
El debate no termina cuando candidatos y partidos contrastan; apenas inicia la discusión nacional sobre lo que queremos, sobre cómo aspiramos a vivir y a convivir.
Debemos participar y hacer valer nuestros derechos y nuestras voces.
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