No obstante su optimismo por la amplia ventaja que le siguen dando las encuestas a Enrique Peña Nieto sobre los demás candidatos presidenciales, algunos ex líderes priistas veracruzanos de viejo cuño, forjados en la añeja cultura política del presidencialismo imperial que en vez de erradicarla fue reciclada por las dos administraciones panistas de la alternancia en el poder, manifiestan en corto su preocupación por las artimañas que posiblemente emplee el presidente Felipe Calderón, del PAN, para impedir que el PRI recupere la Presidencia de la República.

Este martes 15, Día del Maestro, hubo dos sucesos que aparentemente no tendrían conexión. Uno, el choque verbal que se dio en la residencia oficial de Los Pinos entre la dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el presidente Calderón con motivo del programa de Evaluación Universal al que se resiste el magisterio. Ahí, la profesora, que es dueña del Partido Nueva Alianza pero que en realidad está apoyando la candidatura del priista Peña Nieto, arremetió, sin mencionar su nombre expresamente, en contra de la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, a la que acusó de haber envilecido el diálogo con los maestros cuando fue secretaria de Educación Pública por su cortedad de miras y sus ambiciones personales. Frente a Calderón, Gordillo dijo de manera retadora que “los maestros están más allá de gritos y estertores de fracasadas”.

Vázquez Mota reviró inmediatamente a través de Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular de Calderón y coordinador de la campaña presidencial del PAN, quien vinculó a Gordillo con Peña.


Ese día, casualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Policía Militar había detenido al General de División Diplomado del Estado Mayor retirado, Tomás Ángeles Dauahare, quien fuera subsecretario de la Sedena hasta marzo del 2008.

En un comunicado, la dependencia dijo que esta operación se había llevado a cabo en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), con la finalidad de que Ángeles Dauahare rindiera su declaración ministerial en las indagatorias que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

Pero el boletín no especificaba cuáles serían los cargos, sólo consignaba que cuando alguno de sus elementos no se conduce conforme a Derecho, sus actos se investigan y en su caso se sancionan con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión.


Este caso, más que el del General Brigadier del Estado Mayor Presidencial, Roberto Dawe González, también presentado ese mismo día por la Policía Militar ante el Ministerio Público Federal, adscrito a la Siedo, desató una serie de especulaciones debido a que lo vinculan como un personaje cercano a Peña Nieto por su participación, seis días atrás, en el foro “Seguridad y Justicia” que organizó la Fundación Colosio, del PRI, en San Luis Potosí el pasado 9 de mayo, donde el General de División retirado criticó las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la falta de rumbo para detener al crimen y de aplicación de la ley.

“El primer paso es establecer objetivos de seguridad para tener rumbo, a continuación, ahora sí, establecer las estrategias, las políticas y las líneas de acción seguras que nos llevarán a la consecución de esos objetivos, no estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos llevan a veces a la nada”, criticó en ese foro priista Ángeles Dauahare, quien en 2006 fue mencionado para ser titular de la Sedena.

Sobre los abusos del Ejército en sus operaciones anticrimen, el Divisionario opinó que es indiscutible que existe una mala actuación por parte de los soldados. “Es una mala fortuna. ¿Cómo remediarlo? Con la aplicación de la ley, y precisamente con la aplicación de la ley y es éste uno de los ingredientes más importantes para la seguridad nacional porque donde hay injusticia inevitablemente hay violencia, ese es una axioma, es en buena medida lo que en nuestro país sucede, la ausencia de la aplicación de la ley”, indicó Ángeles, quien lamentó que el crimen organizado haya rebasado los límites tradicionales a la afectación pública y advirtió que ya alcanzó a la seguridad nacional.


En su exposición, el ex subsecretario de la Sedena estableció que quien debe salvaguardar la seguridad es una Guardia Nacional o Policía Nacional, con una doctrina policiaca que le dé unidad de criterio a todas las policías del país, en técnicas tácticas-operativas.

Propuso, además, “involucrar a toda la sociedad en la solución de este problema, hacer un uso coherente y racional de los medios de comunicación masivos estableciendo una política de comunicación institucional, controlar a las agencias de seguridad privadas, con estructura orgánica y funcional, controlar a las armas, que hay muchas en el país”.

Ángeles Dauahare desaprobó la estrategia del gobierno calderonista: “Estamos combatiendo al enemigo (crimen organizado) en su fuerza y al enemigo no se le combate en su fuerza, se le combate en su centro de gravedad. Un ejemplo es la Guerra de Vietnam: Estados Unidos perdió la Guerra en las calles de sus ciudades, no en los arrozales de Vietnam, allá estaba la fuerza”.


Tras la detención del General Divisionario, Peña se deslindó inmediatamente de él y dijo que lo había tratado sólo en el foro de la Fundación Colosio y anteriormente como gobernador del Estado de México cuando Ángeles era subsecretario de la Sedena. “No tengo mayores elementos de valoración, y he de suponer que la Procuraduría estará actuando en estricto apego a la legalidad, y con elementos de valoración para haber realizado estas investigaciones”, respondió el candidato del PRI, quien dijo estar seguro que la sociedad mexicana no sólo “esperará una respuesta muy puntual” de las autoridades de la PGR sino que “habrá de seguir realmente con gran atención qué hay detrás de todas estas detenciones, cuáles son los elementos que presumiblemente involucran a los detenidos en alguna actividad ilícita”.

Ante las especulaciones alimentadas también por las denuncias de la señora Leticia Zepeda de Ángeles, quien acusó que la detención de su esposo tiene tintes políticos y que el Ejército “traicionó” a su marido, pues aseguró que el general Guillermo Galván, titular de la Sedena, fue su compañero y “él sabe que es inocente”, la PGR tuvo que difundir un boletín para precisar que las diligencias ministeriales en que participan los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González se realizan con respeto pleno a sus derechos y conforme a los propios elementos contenidos en el expediente, por lo que carece de connotación política o de relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en contienda.

En el PRI, inicialmente, se hicieron bolas. Por una parte, el presidente de la Fundación Colosio, César Camacho, que fue quien invitó al General de División retirado a participar en el foro priista, pidió “evitar la politización de un asunto que eventualmente tiene carácter judicial y que no hay ninguna razón para vincular una posible conducta personal con un partido político o una institución como la Fundación Colosio, las responsabilidades penales son personalísimas, de suerte que cada uno, el individuo que sea, eventualmente responderá personalmente”.


Sin embargo, antes, la secretaria general del CEN del PRI, Cristina Díaz Salazar, instó a Calderón a informar sobre la detención de los dos generales. La lideresa priista consideró que el Presidente debe actuar con imparcialidad y como mandatario de todos los mexicanos.

Y es que paradójicamente, Ángeles Dauahare, quien presidió el Consejo de Guerra que en el 2000 sentenció a 30 años de prisión al General Brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro por sus presuntos nexos con el cártel de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, ahora es investigado por la Siedo por sus presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, el grupo del crimen organizado que según el libro “Los señores del narco”, de la periodista Anabel Hernández, habría pagado presuntamente 10 millones de dólares por la plaza del Estado de México a un operador político del extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, muy cercano a Calderón que falleció en un sospechoso avionazo en noviembre de 2008.

Esta revelación, según la autora del libro, se la habría hecho Joaquín “El Chapo” Guzmán a Acosta Chaparro, al cual le habría reclamado porque supuestamente esa entidad ya estaba comprometida por los calderonistas con el cártel de Sinaloa que lidera Guzmán Loera.


Acosta Chaparro, coincidentemente, acaba de ser ejecutado el pasado 20 de abril en la ciudad de México, luego de que en junio de 2007 fue exonerado, liberado y reivindicado con honores por su ex compañero de generación, el general Galván, titular de la Sedena.

Pocos meses después de la liberación de Acosta Chaparro, el general Ángeles Dauahare fue jubilado, por lo que dejó de ser subsecretario en marzo de 2008.