23 de mayo de 2012
alcalorpolitico.com
Este lunes 21, en Bridgetown, Barbados, al ser cuestionado sobre el arraigo judicial de tres generales y el teniente coronel, también retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública en Veracruz, el presidente Felipe Calderón declaró que en México la aplicación de la ley se realiza sin importar jerarquía, cargo o comisión, y sin permitir impunidad u opacidad alguna.
“Lamento y condeno el que algunos, muy individualmente señalados, miembros de las Fuerzas Armadas, según las evidencias encontradas tanto por la Procuraduría General de la República como la Procuraduría militar hayan incurrido en actos ilícitos. Lo único que queda claro aquí es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley vengan de quien vengan”, advirtió el mandatario mexicano en la conferencia de prensa organizada al finalizar la Segunda Cumbre México-Caricom.
Calderón recordó que no es la primera vez que su gobierno, en refrendo de su compromiso contra la corrupción, actúa contra fuerzas del orden federal. “Y de tal manera, que hemos actuado con toda determinación, independientemente del rango o área al que se pertenezca. No toleraremos actos contrarios a la ley, y, precisamente por la fortaleza y salud de las instituciones públicas federales, actuamos en consecuencia”, expresó.
Pero Calderón usa un doble discurso. Por ejemplo, hace cinco semanas, el viernes 20 de abril, fue ejecutado de tres tiros en la cabeza en la ciudad de México el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue uno de los cuatro directores de Seguridad Pública del estado de Veracruz en la sangrienta administración del gobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), en la que era común ver abandonadas sobre las carreteras federales las camionetas policiacas que escoltaban vehículos cargados de droga.
Actualmente, Acosta Chaparro servía al gobierno de Calderón bajo la cobertura de consultor de seguridad. Su amigo, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, lo mantenía como operador para asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y “casos especiales de seguridad”.
Se había reincorporado a ese trabajo a finales de 2010 después de que fue objeto de un fallido atentado el 18 de mayo de ese año cuando empezaba a investigar la desaparición del ex senador y ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, secuestrado poco antes.
Luego de medio año de convalecencia y depresión por el aparente abandono del gobierno de Calderón, el brigadier retirado se reincorporó a su empresa de seguridad y a sus actividades de “asesoría” al secretario de la Defensa.
Acosta Chaparro estaba asociado con uno de los hijos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en el sexenio del presidente Zedillo (1994-2000) fue procesado por su presunta protección al Cártel de Juárez, cargo por el cual el militar nativo de Chihuahua también fue encausado judicialmente.
Sin embargo, el brigadier fue reivindicado por el general Galván. Siete meses después de la designación como titular de la Sedena de su ex compañero de generación (1959-1962) en el Heroico Colegio Militar, Acosta Chaparro fue exonerado del cargo de narcotráfico del que estaba acusado por supuestamente haber servido al capo de Ciudad Juárez, Amado Carrillo. El 30 de agosto de 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, el brigadier había sido detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra que presidió el general Tomás Ángeles Dauahare, arraigado el pasado viernes junto con otros tres generales y un teniente coronel retirados, acusados de presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Acosta y Quirós fueron sentenciados a 30 años de prisión, pero tras una apelación se les redujo la pena a la mitad. Quirós murió en noviembre de 2006 sin que terminara su proceso penal. En cambio, Acosta Chaparro salió de la cárcel en junio de 2007 luego de que la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar “no pudieron acreditar” su nexos con Carrillo Fuentes, oficialmente fallecido en 1997 durante una cirugía plástica.
Exonerado de los cargos de graves violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico, Acosta Chaparro abandonó la prisión vistiendo su uniforme de general brigadier con todo y condecoraciones. Al año siguiente de su liberación, el 23 de abril de 2008, el general Galván encabezó una ceremonia para darle trato de héroe. En el Campo Militar Número 1, donde estuvo preso, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer “la labor de 23 militares y condecorarlos por su condición de retiro”. Trece de ellos fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército. Entre ellos estaba Acosta Chaparro.
En un comunicado, la Sedena dio a conocer que se trató de “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Pero además de estar identificado con la peor época del régimen autoritario del PRI, el controvertido militar también sirvió al gobierno de Calderón como contacto con jefes de distintos cárteles del narcotráfico a fin de negociar la entrega de supuestos delincuentes o para que aminoraran la violencia desatada desde el inicio del actual gobierno.
Por ejemplo, una de sus primeras acciones clandestinas que le fueron encomendadas durante el gobierno calderonista fueron los contactos con La Familia Michoacana para negociar la entrega de tres supuestos “Zetas” acusados de los granadazos en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La misma noche del atentado –que fue el primero cometido por la delincuencia organizada en México contra la población civil, que dejó un saldo de ocho muertos y más de cien heridos– el militar retirado viajó a Michoacán en su condición de asesor del general Galván y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien falleció dos meses después en un sospechoso avionazo en noviembre de 2008.
Pero este no fue el único servicio de Acosta Chaparro para hacer contactos informales del gobierno de Calderón con jefes del narcotráfico. El general construyó puentes con varias organizaciones delictivas. Según versiones periodísticas, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió entre 2008 y 2009 con los jefes de “La Familia Michoacana”, de “Los Zetas”, de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y de los cárteles de Juárez y de Sinaloa. De todos esos encuentros tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional.
A principios de octubre de 2008, por ejemplo, Acosta Chaparro fue a buscar a “Los Zetas” cuando este grupo aún formaba parte del Cártel del Golfo. El general brigadier retirado se encontró en Matamoros con Heriberto Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, con quienes habló sobre una eventual tregua con el gobierno federal. “Te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del Presidente”, dijo el militar, según la versión de uno de sus allegados.
La aceptación se condicionó a que el gobierno de Calderón no actuara contra los familiares de los miembros de esa organización delictiva. El militar se volvió a reunir con los jefes de “Los Zetas” a principios de 2009. Para entonces esa organización junto con el Cártel del Golfo controlaba 22 estados.
Según la historia recogida por el semanario “Proceso”, fue el propio Lazcano quien puso a Acosta Chaparro en contacto con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”. El encuentro tuvo lugar en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco. Entre los asistentes estuvo Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”. La petición del enviado fue la misma: que bajaran la intensidad de los hechos violentos en su área de influencia, sobre todo en Morelos y Guerrero. Pero en diciembre de 2009 infantes de Marina ejecutaron a “El Barbas”, en Cuernavaca.
El siguiente encuentro del general fue con Vicente Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, organización delictiva a la que se le vinculó en el año 2000. Y la última gestión de Acosta Chaparro fue ante Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, quien permanece prófugo desde hace 11 años, cuando al inicio de la administración del presidente Vicente Fox se fugó inexplicablemente del reclusorio federal de Puente Grande, Jalisco.
Según reseña la periodista Anabel Hernández en su libro “Los señores del narco”, en ese encuentro “El Chapo” le contó al brigadier cómo recibió ayuda para fugarse de la cárcel y cómo “el propio Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob, el actual senador Ulises Ramírez Núñez, le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que esa entidad ya estaba comprometida con el Cártel de Sinaloa.
Pese a todo esto, ayer, al participar en el Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el presidente Calderón lanzó esta interrogante a quienes pretenden sucederlo: “¿Seguirán enfrentando a la delincuencia o se acomodarán a los criminales?, porque acomodarse a los criminales, advirtió, sería un gran error para México”. ¡Qué cinismo!
“Lamento y condeno el que algunos, muy individualmente señalados, miembros de las Fuerzas Armadas, según las evidencias encontradas tanto por la Procuraduría General de la República como la Procuraduría militar hayan incurrido en actos ilícitos. Lo único que queda claro aquí es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley vengan de quien vengan”, advirtió el mandatario mexicano en la conferencia de prensa organizada al finalizar la Segunda Cumbre México-Caricom.
Calderón recordó que no es la primera vez que su gobierno, en refrendo de su compromiso contra la corrupción, actúa contra fuerzas del orden federal. “Y de tal manera, que hemos actuado con toda determinación, independientemente del rango o área al que se pertenezca. No toleraremos actos contrarios a la ley, y, precisamente por la fortaleza y salud de las instituciones públicas federales, actuamos en consecuencia”, expresó.
Pero Calderón usa un doble discurso. Por ejemplo, hace cinco semanas, el viernes 20 de abril, fue ejecutado de tres tiros en la cabeza en la ciudad de México el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue uno de los cuatro directores de Seguridad Pública del estado de Veracruz en la sangrienta administración del gobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), en la que era común ver abandonadas sobre las carreteras federales las camionetas policiacas que escoltaban vehículos cargados de droga.
Actualmente, Acosta Chaparro servía al gobierno de Calderón bajo la cobertura de consultor de seguridad. Su amigo, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, lo mantenía como operador para asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y “casos especiales de seguridad”.
Se había reincorporado a ese trabajo a finales de 2010 después de que fue objeto de un fallido atentado el 18 de mayo de ese año cuando empezaba a investigar la desaparición del ex senador y ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, secuestrado poco antes.
Luego de medio año de convalecencia y depresión por el aparente abandono del gobierno de Calderón, el brigadier retirado se reincorporó a su empresa de seguridad y a sus actividades de “asesoría” al secretario de la Defensa.
Acosta Chaparro estaba asociado con uno de los hijos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en el sexenio del presidente Zedillo (1994-2000) fue procesado por su presunta protección al Cártel de Juárez, cargo por el cual el militar nativo de Chihuahua también fue encausado judicialmente.
Sin embargo, el brigadier fue reivindicado por el general Galván. Siete meses después de la designación como titular de la Sedena de su ex compañero de generación (1959-1962) en el Heroico Colegio Militar, Acosta Chaparro fue exonerado del cargo de narcotráfico del que estaba acusado por supuestamente haber servido al capo de Ciudad Juárez, Amado Carrillo. El 30 de agosto de 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, el brigadier había sido detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra que presidió el general Tomás Ángeles Dauahare, arraigado el pasado viernes junto con otros tres generales y un teniente coronel retirados, acusados de presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Acosta y Quirós fueron sentenciados a 30 años de prisión, pero tras una apelación se les redujo la pena a la mitad. Quirós murió en noviembre de 2006 sin que terminara su proceso penal. En cambio, Acosta Chaparro salió de la cárcel en junio de 2007 luego de que la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar “no pudieron acreditar” su nexos con Carrillo Fuentes, oficialmente fallecido en 1997 durante una cirugía plástica.
Exonerado de los cargos de graves violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico, Acosta Chaparro abandonó la prisión vistiendo su uniforme de general brigadier con todo y condecoraciones. Al año siguiente de su liberación, el 23 de abril de 2008, el general Galván encabezó una ceremonia para darle trato de héroe. En el Campo Militar Número 1, donde estuvo preso, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer “la labor de 23 militares y condecorarlos por su condición de retiro”. Trece de ellos fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército. Entre ellos estaba Acosta Chaparro.
En un comunicado, la Sedena dio a conocer que se trató de “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Pero además de estar identificado con la peor época del régimen autoritario del PRI, el controvertido militar también sirvió al gobierno de Calderón como contacto con jefes de distintos cárteles del narcotráfico a fin de negociar la entrega de supuestos delincuentes o para que aminoraran la violencia desatada desde el inicio del actual gobierno.
Por ejemplo, una de sus primeras acciones clandestinas que le fueron encomendadas durante el gobierno calderonista fueron los contactos con La Familia Michoacana para negociar la entrega de tres supuestos “Zetas” acusados de los granadazos en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La misma noche del atentado –que fue el primero cometido por la delincuencia organizada en México contra la población civil, que dejó un saldo de ocho muertos y más de cien heridos– el militar retirado viajó a Michoacán en su condición de asesor del general Galván y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien falleció dos meses después en un sospechoso avionazo en noviembre de 2008.
Pero este no fue el único servicio de Acosta Chaparro para hacer contactos informales del gobierno de Calderón con jefes del narcotráfico. El general construyó puentes con varias organizaciones delictivas. Según versiones periodísticas, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió entre 2008 y 2009 con los jefes de “La Familia Michoacana”, de “Los Zetas”, de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y de los cárteles de Juárez y de Sinaloa. De todos esos encuentros tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional.
A principios de octubre de 2008, por ejemplo, Acosta Chaparro fue a buscar a “Los Zetas” cuando este grupo aún formaba parte del Cártel del Golfo. El general brigadier retirado se encontró en Matamoros con Heriberto Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, con quienes habló sobre una eventual tregua con el gobierno federal. “Te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del Presidente”, dijo el militar, según la versión de uno de sus allegados.
La aceptación se condicionó a que el gobierno de Calderón no actuara contra los familiares de los miembros de esa organización delictiva. El militar se volvió a reunir con los jefes de “Los Zetas” a principios de 2009. Para entonces esa organización junto con el Cártel del Golfo controlaba 22 estados.
Según la historia recogida por el semanario “Proceso”, fue el propio Lazcano quien puso a Acosta Chaparro en contacto con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”. El encuentro tuvo lugar en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco. Entre los asistentes estuvo Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”. La petición del enviado fue la misma: que bajaran la intensidad de los hechos violentos en su área de influencia, sobre todo en Morelos y Guerrero. Pero en diciembre de 2009 infantes de Marina ejecutaron a “El Barbas”, en Cuernavaca.
El siguiente encuentro del general fue con Vicente Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, organización delictiva a la que se le vinculó en el año 2000. Y la última gestión de Acosta Chaparro fue ante Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, quien permanece prófugo desde hace 11 años, cuando al inicio de la administración del presidente Vicente Fox se fugó inexplicablemente del reclusorio federal de Puente Grande, Jalisco.
Según reseña la periodista Anabel Hernández en su libro “Los señores del narco”, en ese encuentro “El Chapo” le contó al brigadier cómo recibió ayuda para fugarse de la cárcel y cómo “el propio Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob, el actual senador Ulises Ramírez Núñez, le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que esa entidad ya estaba comprometida con el Cártel de Sinaloa.
Pese a todo esto, ayer, al participar en el Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el presidente Calderón lanzó esta interrogante a quienes pretenden sucederlo: “¿Seguirán enfrentando a la delincuencia o se acomodarán a los criminales?, porque acomodarse a los criminales, advirtió, sería un gran error para México”. ¡Qué cinismo!