El último libro que me regaló mi papá se llama “La Rama Dorada”, escrito por James Frazer y publicado por primera vez en 1890; es difícil ponerle una etiqueta: estudio de religiones, rituales de magia, sociología comparativa... Lo cierto es que se trata de un clásico de erudición indiscutible y referencia obligada para quienes quieren evaluar el papel de las creencias individuales y colectivas en la evolución de la humanidad.

 

Empieza analizando la leyenda de Diana, la diosa aposentada en el Lago Nemi -mera coincidencia nominativa- y Virbio, dios menor, sacerdote y acompañante de Diana, patrona de la fertilidad, del ganado y más buenaventuras. Según la tradición, el sacerdote de Diana era al mismo tiempo el rey todopoderoso de esas tierras; pero obtener el privilegio de mandar implicaba un requisito inexcusable: se tenía que matar al antecesor para lograr el encargo. De modo que el regicidio era la única fórmula válida de “acceso al poder”.

 

Con sutil vena literaria, Frazer describe la tragedia y los sobresaltos a los que estaría sometido un jefe que conocía previamente su trágico final, el mismo que él le había infringido a otro previamente y que por ende le reducía las horas de sueño, le secuestraba la tranquilidad y le impedía por completo la confianza en los demás.

 

La trama citada por sir James incluye otros elementos: aparentemente el privilegio de matar al rey se reservaba como derecho a un esclavo prófugo que, además, tenía que cortar previamente -era el único que podía hacerlo- la rama dorada del árbol sagrado. Esto del árbol sagrado aparece en otros sitios y otros momentos, por ejemplo, en el libro VI de “La Eneida” de Virgilio, Eneas pide permiso (o instrucciones, según se interprete) para bajar a los infiernos; la sibila le responde que sólo podrá acceder a ellos si encuentra una rama de oro escondida en el bosque, para ofrendársela a Proserpina, también diosa de la vida, la muerte y la resurrección.

 

Pero volviendo a Diana y Virbio en el Lago Nemi, el fondo del asunto es que, para acceder al poder, el único camino estaba en matar al antecesor, lo cual -desde luego- no sería fácil y, además, condenaba instantáneamente al asesino a ser asesinado, antes o después. Menuda chamba.

 

Hay una larguísima discusión teórica sobre la parte estrictamente política de esta teodicea; va desde el derecho divino de los reyes (la legitimación del poder absoluto de quienes detentan el poder de Dios en la tierra y por ello son infalibles, irrecusables) hasta el magnicidio (la supresión violenta -y eventualmente permisible- del mandatario como potestad de los súbditos frente a los abusos y los excesos del gobernante). La apología de la “lucha armada” como opción frente al poder no es sino una forma conceptual relativamente reciente de regicidio.

 

La forma más moderada, “civilizada”, de esta convicción sería la revocación del mandato, la potestad de los ciudadanos de modificar su decisión primaria -la elección original- para retirar del poder público (legalmente y sin matar) a quien no satisface las necesidades y expectativas sociales. El mismo fin -evitar la tiranía- mediante medios menos violentos.

 

Como puede observarse se trata de un tránsito en la cultura política universal, desde el poder omnímodo del gobernante absoluto orientado a su provecho hasta el extremo opuesto de la autoridad destinada al interés público, regulada, acotada, rigurosamente sometida a control y susceptible de ser evaluada, juzgada, condenada y sancionada por sus eventuales responsabilidades en el uso del poder y los bienes públicos. Mediante mecanismos como la división de poderes, la rendición de cuentas, el referéndum, el plebiscito, la contraloría social y, con igual importancia, el ejercicio de la crítica pública a través de los medios de comunicación y, muy reciente pero intensamente, a través de internet, se pretende que la voluntad particular de los ciudadanos/electores se imponga legalmente sobre quienes están obligados a cumplirla.

 

Lo cierto es que ni los gobernantes absolutos cedieron sus privilegios gratuitamente ni la concepción de “soberanía popular” o poder del pueblo ejercido a través de mecanismos democráticos de representación se impuso sin pesares ni conflicto. Siglos, torrentes de sangre y muchos avatares han sido necesarios para arribar a esta concepción de “poder público democrático” en el que, a decir del artículo 39 de la Constitución mexicana vigente, por ejemplo, se dice que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”.

 

El primer dedo en la llaga entonces poco visible de esta “perfección teórica” conocida como sistema de democracia representativa lo puso Alexis de Tocqueville en 1835: la posibilidad de que las mayorías avasallen a las minorías y se les impongan: “La tiranía de la mayoría es consecuencia de la igualdad [de los ciudadanos] pues conduce a la idea de que ‘hay más luz y cordura en muchos hombres reunidos que en uno solo.’” ¿Qué ocurre cuando las democracias modernas impiden que los derechos, las expectativas y las preferencias de las minorías son anulados por las decisiones mayoritarias?

 

Pero no es el único cuestionamiento: hay quien dice que el acto democrático se agota en el sufragio y que, inmediatamente después del acto comicial, los votantes son rehenes de sus propias decisiones y, con frecuencia, frustradas y arrepentidas víctimas de sus preferencias políticas. De aquí derivan muchas otras venas de reflexión: ¿representan realmente los gobiernos elegidos democráticamente los intereses de quienes les eligieron?, ¿tienen capacidad los mecanismos de control institucional (en todos los regímenes democráticos) de hacer cumplir en forma vinculante los compromisos y promesas de quienes resultaron elegidos?

 

Hoy, surge como alternativa a estas deficiencias del modelo democrático la fórmula de la democracia participativa, ésa que presuntamente garantiza la participación ciudadana directa en la toma de decisiones e incluso en el diseño y ejecución de las políticas públicas; otro ejercicio teórico muy atractivo pero de difícil concreción en los hechos, al menos por ahora: ¿cómo sería un sistema político “asambleario” en el que los ciudadanos tuvieran que decidir constantemente sobre todos los asuntos públicos?, ¿tendría viabilidad? Otro reto de este modelo es lograr, además, que los intermediarios y los grupos de interés no “metan ruido” en el proceso de toma de decisiones y, aún más complejo, que no se manipule la conciencia de los electores. Un acertijo en espera de respuesta.

 

Por ahora, tenemos que conformarnos con ser “civilizados” y no recurrir al regicidio en defensa del interés público.