Quizá mi mayor preocupación en estos momentos es escuchar y observar el desencanto de muchas amigas y amigos que le votaron al PAN y al PRD como opciones políticas, del primero lo vine advirtiendo que el ejercicio del gobierno desgasta, y en esta ocasión el PAN fue severamente castigado por la ciudadanía; por otra parte, la coalición de izquierda fue premiada en muchas regiones del país, como lo fueron Tabasco y Morelos.

Por el momento, el resultado del IFE es que Enrique Peña Nieto obtuvo 18.7 millones de votos con el 38% de la votación, cifra que se puede comparar con los 17 millones de votos que obtuvo Ernesto Zedillo en 1994 con el 48% de la votación, la diferencia es que aquel fue un gobierno de mayorías y el próximo no lo será; regreso a las cifras, ésta última por demás alta para el PRI, si la comparo con los 8.3 millones de votos que tuvo Roberto Madrazo en 2006.

En el caso del PAN, éste bajó 11% de la votación de 2006, en aquella elección obtuvo 14 millones de votos, hoy sólo 12.5 millones; a diferencia del PRD que aumentó 14% su votación, ya que de los 13.6 millones se fue hasta 15.5 millones (basta recordar que oficialmente en 1988, 1994 y 2000, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo un promedio de 6 millones de votos).


Pero la pregunta central es ¿por qué ganó el candidato del PRI?, primero se constituyó una “Oposición de Estado”, la cual fue orquestada por los 20 gobernadores del PRI, donde todos sus recursos económicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura se volcaron hacia la territorialidad política, porque la campaña de aire ya la habían ganado con el duopolio televisivo, las casas encuestadoras, y todo el “círculo rosa” plasmado en revistas del corazón y programas televisivos del espectáculo; además de la coacción y compra de votos (Monex, Soriana) que están detectando los ciudadanos en el actual proceso de recuento de votos.

Dado lo anterior y el resultado electoral, Andrés Manuel López Obrador debe seguir la ruta de la legalidad y asistir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque está en su derecho; empero, la debilidad de su impugnación estará en la poca cobertura que tuvieron sus representantes en el país, ya que sólo cubrieron el 50% el PRD y PT, Movimiento Ciudadano el 25% de las casillas, este fue un error mayúsculo, porque lamentablemente no tendrán las pruebas suficientes para constatar las irregularidades en la elección. Además, López Obrador debe conducir pacíficamente las movilizaciones ciudadanas.

Pese a lo anterior, no creo que el gobierno entrante sea débil, como muchos de los nostálgicos del viejo régimen político (Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Leo Zuckermann), el que los ciudadanos votaran a favor de los contrapesos, como lo es el gobierno dividido y/o compartido, reflejado en el Congreso de la Unión, el cual nuevamente no tendrá mayoría, por ejemplo en la Cámara de Diputados estará conformada así: PRI 226, Coalición PRD 141, PAN 122 y Panal 11; y en la constitución de la Cámara de Senadores: PRI 61, PAN 38, Coalición PRD 28 y Panal 1. Aquí quiero recordar que en la LX Legislatura (2006-2009), el primer reto que tuvo fue que Felipe Calderón tomará posesión, y así se hizo, posteriormente se hicieron reformas importantes: electoral, energética, fiscal, al ISSSTE, entre las más visibles; estos resultados se dieron a través de la negociación política; ahora las reformas estarán en las manos de los próximos coordinadores de las bancadas parlamentarias, donde seguramente estarán Manuel Camacho Solís y Manlio Fabio Beltrones.


Los retos del próximo gobierno serán: atender a los integrantes del #YoSoy132, negociar con el PAN y PRD las posibles reformas, enfrentar las secuelas de la economía internacional, la debilidad estructural de las finanzas, la bomba del sexenio que son las pensiones, las cuales en los 6 años siguientes tendrán una erogación de 3 billones de pesos y sobre todo modificar el obsoleto sistema electoral, empezando por el IFE: cambiar de casillas electorales a centros de votación (de 500 secciones electorales reducirlas a 50); hacer que el voto sea obligatorio y se sancione con 25 salarios a mínimos a quien no acuda a votar, con lo cual desincentivamos la compra del voto, utilizar máquinas para votar, incluido el voto electrónico, el voto por correo, que sean concurrentes las elecciones federales y estatales, donde el nuevo IFE las organice, en fin la reforma política debe empezar con la nueva institucionalidad electoral, ésta es necesaria porque al leer el informe de Alianza Cívica donde ya hay “niños halcones” que participan en la elección, eso es la degradación ética de ese priismo que se confunde con un cártel electoral, espero que ese no sea el nuevo PRI.