El 9 de agosto de 1982, Elvira Luz Cruz, de 26 años, ahorcó a sus cuatro hijos de 6, 3 y 2 años y de 2 meses porque no tenía para darles de comer y sobrevivió a un intento de suicidio. Los estranguló con una soga y un cinturón, para luego colgarse con un cable de electricidad que ató al techo de su casa. Su caso fue muy discutido entonces porque se inició una controversia sobre si era culpable o no, si esta mujer, pobre, desempleada, ignorante, que había sido abandonada por sus parejas padres de los niños, que de niña había recibido palizas de su madre y ya de mujer recibía maltratos físicos de su última pareja, que fue quien la acusó, era tan víctima como sus hijos. En aquella época no había estudios psicológicos como ahora y menos se hablaba de violencia contra la mujer o de violencia intrafamiliar, ni había colectivos o ONGes defensoras de víctimas. La sociedad fue dura con ella y el único argumento que prevaleció fue que ninguna madre mataría a sus hijos. Luz purgó una condena de 23 años por filicidio, que cumplió y cuando salió en libertad se casó y poco se sabe de ella en la actualidad. Su caso despertó tanto interés que incluso fue llevado al cine en 1985 con el título “Los motivos de Luz” que dirigió Felipe Cazals.

 

Se han de preguntar, lectores, a qué traigo a cuento lo anterior. Lo recordé cuando me enteré este miércoles que el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, le tomó la protesta de ley a la abogada feminista doctorada en Francia, Mireya Toto Gutiérrez, como directora general de la recién creada Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, y es que Mireya, originaria de San Andrés Tuxtla, hija de un bien recordado periodista de esa ciudad, el maestro Adalberto Toto Linares, y de la respetable maestra Ernestina Gutiérrez Reyes, que fue una gran activista política (a los dos tuve el honor de conocer y el gusto de tratar), cobró celebridad también entonces porque fue la abogada defensora de Luz, un juicio que ella misma denominó “Un proceso medieval en el siglo XX” y sobre el que argumentó que el caso dejaba ver las grandes deficiencias en la impartición de justicia en México a partir de la específica condición del "ser mujer"; caso que, argumentaba, generaba el debate entre la posibilidad de alcanzar la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, y la necesidad inmediata para que la mujer tuviera (tenga) su propia validez histórica, cosa que, me imagino, continúa sosteniendo.

 

Pero lo recordé y lo comento ahora porque el nombramiento es un gran acierto del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, uno, a mi juicio, de los más acertados nombramientos de toda la administración estatal, porque la tuxtleca no es una mujer improvisada, es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana , tiene experiencia no solo jurídica sino también administrativa, fue representante ante el IEV del entonces partido Convergencia por la Democracia (hoy Movimiento Ciudadano), es militante de izquierda, simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, ex diputada local y ex directora del Servicio Civil de Carrera en el gobierno de Dante Delgado, además de activa activista en la defensa de las mujeres y gran promotora del hoy Instituto Veracruzano de la Mujer, por lo que es toda una garantía de que la nueva Comisión que preside no solo funcionará, y funcionará bien, sino que dará resultados, de los que están urgidas tantas víctimas de delitos.

 

Pero, lógicamente, Mireya, por sí sola, no podrá hacer toda la tarea, aunque es de pensarse que si el gobierno de Javier Duarte de Ochoa la designó entonces es que le dará todo el apoyo necesario, todo el respaldo oficial para que cumpla bien su labor, lo que, de paso, acarreará (acarrea de entrada ya) buena imagen a la administración estatal, de la cual está tan necesitada ante las vicisitudes que ha vivido y padecido en lo que va de su gestión. Duarte ha dado un buen campanazo y debe reconocérsele, y ese debiera ser el punto de inflexión para iniciar una nueva etapa renovando el equipo humano que no le ha funcionado o que no ha rendido lo que de él se esperaba para lograr, así sea en mínima parte, lo que propone con su eslogan de gobierno: la prosperidad de Veracruz y con ello de los veracruzanos.

 

Por otro lado, qué bueno que Javier Duarte no le teme a la pluralidad y que, en este caso específico, privilegia la calidad jurídica y de derechos humanos por sobre cualquier otra consideración. Eso también le genera, le generará la confianza y la credibilidad ciudadanas a partir de que las víctimas saben que serán bien atendidas pero, además, bien defendidas; que sus derechos están garantizados a través del modelo integral de asistencia jurídica, psicológica, médica y social del que Mireya ya habló ayer mismo. La tuxtleca dijo estar convencida de que el fortalecimiento de las instituciones públicas debe ser una tarea compartida entre gobierno y sociedad, que constituyen el binomio perfecto que permite construir gobernabilidad y gubernamentalidad en el espacio público, con lo cual coincido plenamente. Que todo sea para bien.

 

La renuncia de Tomás Carrillo Sánchez como subsecretario de Gobierno estaba cantada desde hacía mucho. Es más, se demoró. Es buen hombre, sin duda alguna, pero nunca atendió bien el cargo porque no pudo o porque no quiso o porque no supo cómo. No respondió a la segunda oportunidad que se le dio. El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, tenía que estar haciendo su trabajo o a veces lo tenía que sacar Juan Manuel del Castillo en la Secretaría Particular del Gobernador. La gota que derramó el vaso fueron los negativos resultados electorales en su distrito Cosamaloapan, del que aún es diputado federal aunque ya saliente. Por otra parte, su despido lleva el mensaje de que se irán los últimos vestigios que quedan de la administración anterior.