Mientras el presidente Felipe Calderón Hinojosa vetó, hace una semana, la Ley General de Víctimas que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión había aprobado desde el mes de abril de este año, aquí en Veracruz el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha creado por decreto la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, cuya función será también vigilar que las autoridades estatales cumplan sus obligaciones de prevenir, investigar y sancionar los ilícitos.

 

En su decreto, el mandatario veracruzano establece que este organismo vigilará que exista un trato digno e integral a quienes sufran agresiones de la delincuencia, porque la atención a quienes ven dañada su integridad patrimonial o familiar es parte de su política pública para restablecer la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

 

La Comisión –según define el Ejecutivo del estado en dicho documento– elaborará un diagnóstico de los diferentes servicios que brinden las instancias estatales responsables de la atención a víctimas; así como protocolos de atención a las víctimas del delito, además prestará asesoría técnica, vigilará el cumplimiento de las resoluciones que dicten y podrá intervenir en asuntos de carácter legal, juicios o controversias ante los tribunales locales y federales.

 

Establece, además, que su estructura estará integrada por una Coordinación Ejecutiva, una Dirección General y un Consejo Consultivo que fungirá como órgano de asesoría y consulta.

 

El Consejo Consultivo estará conformado por dos representantes de la sociedad civil organizada que hayan destacado por su función social o por méritos de su trayectoria y práctica profesional; por dos investigadores universitarios dedicados al estudio social y científico sobre las causas, condiciones y circunstancias relativas al campo de la atención integral en favor de las víctimas u ofendidos del delito, y por dos representantes o líderes de opinión de reconocida trayectoria en el campo de la atención a víctimas u ofendidos del delito.

 

La Coordinación Ejecutiva, como órgano superior de gobierno de la Comisión, estará integrada por el Gobernador del Estado, quien la presidirá; el Secretario de Gobierno, el Procurador General de Justicia del Estado, el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Salud y el Secretario de Finanzas y Planeación.

 

En el Decreto se establece que, por única ocasión, en su calidad de Presidente de la Coordinación Ejecutiva, será el gobernador Duarte de Ochoa quien designe directamente a quien ocupará la Dirección General de la Comisión y a los integrantes del Consejo Consultivo.

 

La directora de esta Comisión será la Mireya Toto Gutiérrez, una doctora en Derecho que hasta hace poco militaba activamente en el partido político Convergencia, ahora denominado Movimiento Ciudadano. Ayer al mediodía rindió protesta ante el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.

 

 

 

Por cierto, hablando de “víctimas”…

 

Si la ley se aplicara parejo en Veracruz, Tomás Montoya Pereyra no habría sido otra vez diputado local porque legalmente habría quedado inhabilitado por presuntos actos delictuosos que le endilgan: por haberse robado una urna electoral en la década de los ochentas; por acosar sexualmente a la hija de un ex líder sindical de la Universidad Veracruzana que el sexenio pasado estuvo subordinada a él en la Dirección General de Telebachillerato (Teba), y por los excesos de poder e irregularidades administrativas que en su tiempo le imputaron cuando se desempeñó como presidente municipal de Catemaco.

 

Por eso Montoya no puede rasgarse ahora las vestiduras exigiendo al Órgano de Fiscalización Superior que no dé ningún tipo de concesiones a los 123 ex alcaldes señalados de daño patrimonial por más de mil millones de pesos correspondiente a la Cuenta Pública de 2010, pues él mismo y su trayectoria política son producto de la misma cultura de impunidad prohijada desde siempre por los gobiernos del PRI.

 

El de Montoya es el mismo caso del diputado local por Minatitlán, Flavino Ríos Alvarado, quien como legislador y luego como secretario general de Gobierno durante la administración priista del gobernador Miguel Alemán Velasco debió saber cómo funciona y qué tan autónomo es en realidad el ORFIS ante el Poder Ejecutivo del estado.

 

Las recientes embestidas de este par de representantes populares del partido tricolor en contra del órgano fiscalizador –a las cuales se ha sumado también el joven diputado xalapeño Américo Zúñiga Martínez, quien debutó como secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad en la desastrosa administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, el cual, por cierto, pretendió en su gestión desaparecer el ORFIS para que sus funciones pasaran nuevamente a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso del estado– parecieran tener en realidad otro interés personal y trasfondo político: el de la designación del nuevo Auditor General, aunque el periodo del actual titular Mauricio Audirac Murillo concluye hasta agosto de 2013.

 

Y es que pese a que todavía falta toooodo un año para este proceso legislativo sobre el cambio en el ORFIS, Montoya Pereyra ya declaró públicamente que él no votará por la reelección de Audirac.