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Columnas y artículos de opinión

Legisladoras con causa de género

Hemisferios

Por: Rebeca Ramos Rella

30/07/2012

alcalorpolitico.com

Pese a la constante descalificación infundada, al sospechosismo perverso y a la siembra de desconfianza social en autoridades e instituciones electorales, por parte de las izquierdas y su negación a aceptar la derrota, este pasado proceso arrojó buenas noticias, que aún no las óptimas, para el avance de las mujeres en México.

Según el reciente Informe de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAU, presentado al IFE, la participación de las mujeres en la próxima LXII Legislatura en el Congreso Federal, puede etiquetarse de histórica, pues en la batalla contra la subrepresentación femenina, este 2012, la presencia de las mujeres legisladoras creció en 10% en la Cámara de Diputados y 18% en el Senado de la República.

Se pronostica que este año las mexicanas contemos con 187 diputadas federales -50 más que en 2006-, un 37.4% del total y con 42 senadoras, -23 más que hace un sexenio- y que serán el 33% del total.

Finalmente la orden implacable de hace algunos meses reiterada por el TEPJF, a los partidos para obligarlos a cumplir con la ley y garantizar la cuota de género en candidaturas, que a nivel federal es de 60-40, surtió efecto, pero la subrepresentación persiste, pues nada será tan equitativo como el 50-50, reflejo apenas justo del 52% de la población femenina, porcentaje cercano a la membresía de mujeres, en el padrón electoral.

La meta de equidad, podría ser alcanzada hasta 2087, según el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. De manera que a este paso lerdo, faltan 75 años para que haya paridad en la representación política de las mujeres en México.

Y es que ha sido un proceso, una batalla y a concesión forzada, desde 1952, cuando nos dieron el honor del derecho al voto.

Se estima que desde la XLII Legislatura, cuando las mujeres empezaron a participar, a la fecha, durante 12 Legislaturas, el nivel de participación ha crecido de un 0.6% en el 52, a más del 22 % en la actualidad, con una tasa promedio de presencia femenina de 1.13% en 60 años, en la Cámara de Diputados. En contraparte, la participación de las mujeres en el Senado fue significativa a partir de 1970, con el 5.2%, hasta el 18.8% actual, lo que arroja una tasa promedio de participación en la Cámara Alta de 1.24%. A ese ritmo, es muy probable que la paridad representativa se fuera hasta el lejano siglo XXII.

Así que la equidad de género en la representación popular mexicana, pareciera un tema futurista, una aspiración casi tan etérea, lejana e irrealizable a corto plazo, como irnos a vivir a Marte o de vacaciones a la Luna, cuando en realidad debería ser un asunto prioritario en la agenda política y legislativa de gobiernos, partidos, organizaciones y una bandera permanente de las célebres legisladoras que tienen entre sus atribuciones y obligaciones constitucionales, crear leyes, impulsar iniciativas y reformas que garanticen el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales del pueblo mexicano, del que las mujeres somos algo más de la mitad.

Si nos vamos al análisis de los Congresos locales, en verdad resulta inadmisible que en pleno siglo XXI, aún no exista homologación, en las leyes electorales a nivel federal y a niveles estatales de la cuota de género, lo que resulta en detrimento de la democracia y en obvia inequidad.

Acorde a un estudio de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en México, sólo 21 entidades contemplan 30% o más de postulaciones a candidaturas femeninas; las que cumplen el 30% son Campeche, Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Pero hay un estado, donde es menor al 30%; tres estados donde la cuota es una gentil recomendación y en siete estados -Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas- simplemente no establecen ni consideran cuota de género para candidaturas.

Y abunda la AMDH que en listas de representación proporcional, nueve estados establecen la paridad; 14 sólo fijan cuotas de entre 30 y 40%; en tres, la cuota es menor al 30%; en dos sólo es una amable recomendación y en cuatro estados -Sinaloa, Sonora, Nayarit y Nuevo León- sencillamente no hay cuota de género. Informa que sólo en 18 estados de la República la sanción por incumplimiento de cuota de género, es la negación al registro de candidaturas; que en dos hay multas por esta omisión discriminatoria; en otros 4 sólo hay una notificación a los partidos de que incumplen y en otros ocho, no hay sanciones.

¿Quiénes son las y los responsables de que esta disparidad y desbalance en la homologación en las cuotas de género existan? ¿A quién atribuir esta discriminación? A los partidos políticos y por supuesto, a las legisladoras y a los legisladores que anteponen intereses partidistas a los generales cuando crean, reforman y promueven leyes y normas.

Corresponde entonces a nuestras legisladoras y a nuestros legisladores erradicar la subrepresentación política de las mujeres, homologar el sistema de cuotas de género y tornarlo paritario, con justicia y en estricto cumplimiento a la Constitución, para la postulación equitativa de candidaturas para mujeres; de otra forma seguirán omitiendo y complaciendo la violación flagrante de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos de las mexicanas.

¿Cuál es el problema de los partidos políticos para no querer, ni hacer realidad en los hechos, tantos discursos, compromisos, propuestas, que en campaña sus candidatos y candidatas ofrecen con vehemencia y convicción, pero que olvidan en curules y escaños, para avanzar en la equidad de género?

¿Por qué nuestras legisladoras federales y locales, desde las tribunas soberanas de los Congresos, no han transformado la discriminación e inequidad contra las mujeres, en inclusión, reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos?

¿A qué se dedican entonces?

¿Cómo asumen y prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando toman protesta, para luego ignorarla en las acciones de la agenda legislativa, que debería atender como premisa la equidad y la igualdad de género?

¿Dónde está la sororidad de las legisladoras con las mexicanas?

¿Acaso conocerán ese término y su significado?

¿Sabrán o se documentarán a fondo y en serio sobre los criterios, conceptos, principios y metas de la perspectiva de género, más allá de lo que repiten en los discursos demagogos que les escriben sus asesores y asesoras extraviadas?

¿Estarán de acuerdo en que pasen 75 años y hasta un siglo de discriminaciones, inequidades, pisoteados los derechos de las mujeres?

Con mi respeto y afecto, hasta admiración a muchas mujeres legisladoras y exlegisladoras, federales y locales, pero creo que, si bien los avances en el empoderamiento y adelanto de las mujeres son apreciables, quizá enormes referencias, aún nos quedamos muy mediocres, muy medianas, simuladoras y temerosas para dar el salto cuántico.

“No nos dejan… es muy difícil”…”No quieren, que para la otra…” ¿Ellos, los varones con poder o nosotras o las mismas que empoderadas, no quieren soltar el reflector, ni el protagonismo?

¿Para qué sirve el liderazgo de muchas destacadas sino para abanderar y consolidar la equidad y la igualdad sustantiva de las mujeres?

¿Por qué aún complacemos las cuotas de género dispares, las no sanciones, las medrosas recomendaciones?

¿Por qué toleramos que no se hayan homologado ya, por ejemplo, las tipificaciones del feminicidio en el país?

¿Por qué nuestras legisladoras no hacen eso, legislar para que haya paridad salarial?

¿Por qué no legislan para impulsar la segunda gran reforma política, la reforma del poder y se obligue a los gobernantes a que haya paridad en la designación de cargos públicos de mando medio y alto mando, en el Ejecutivo federal y estatales? Claro, porque de mando medio para abajo, usualmente la mayoría de las servidoras públicas son mujeres, quienes sostienen las estructuras de la administración pública de los tres órdenes de gobierno en el país.

Veamos algunos datos. A nivel gobierno, la desgracia no cambia. En el gabinete federal entre 2006 y 2012, de 19 Secretarías de Estado, sólo tres mujeres encabezan -15.8% contra 84.2% al control de los varones-. En las subsecretarías de Estado, misma situación: de 61 existentes, sólo 12 las dirigen mujeres, el 19.7%.

Ahora en la periferia, sólo hay una gobernadora y en la historia de nuestra causa, sólo 6 mujeres han gobernado un estado.

¿Y por qué no la misma paridad en el Poder Judicial? Aprovechando que ahí se registra una mayor participación de funcionarias entre los magistrados electorales -40% mujeres- y jueces de distrito -24.5%-. Pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los 11 Ministros, sólo dos son Ministras; sólo hay una en el TEPJF y ninguna en el Consejo de la Judicatura Federal.

¿Cómo las mujeres políticas aspiran al mando, al poder y cuando lo logran, cuando arriban a un espacio de toma de decisiones, se olvidan de las causas pendientes de género?

Creo que es necesario y urgente recordar a nuestras legisladoras salientes y entrantes que no hay democracia si no hay igualdad, ni equidad de género. Las desigualdades y las discriminaciones son antidemocráticas y también son flagelos que anclan el desarrollo y crecimiento de las naciones.

Es importante remarcarles que antes que representantes populares, correligionarias de partidos, cuatas de los poderosos, son mujeres.

Si hay talento, liderazgo y vocación de servicio y convicciones sólidas, deben usar toda la posibilidad de su posición para lograr el cambio, desde la plataforma política que les ha otorgado el voto ciudadano y la confianza social, la mitad de todo esto, desde las esperanzas de millones de mujeres menos favorecidas que ellas, que demandan superarse y contar con voces y genuinas combatientes con capacidad y compromiso en la toma de decisiones, que las beneficien y mejoren su calidad de vida.

Si en este año turbulento, la ciudadanía votó por un cambio histórico y decidió darles el beneficio de la duda a más mujeres legisladoras, muchas más que nunca antes en México, las exhortamos a impulsar la Agenda de Género que le urge a la mitad del país.

Queremos y demandamos legisladoras con causa de género, que se comprometan y desquiten sus dietas y privilegios, garantizando con sus atribuciones y funciones constitucionales, los derechos humanos fundamentales de las mexicanas a la salud, a la educación, a la vivienda, a la justicia, al desarrollo social y sustentable, a sus derechos políticos y civiles plenos, al respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, al trabajo en paridad y en reconocimiento, a la productividad, al liderazgo social y político, a crecer en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder, a su legítimo derecho a vivir en igualdad y con respeto.

Si alguien las bendijo por sus atributos y virtudes, por su base social o por su afecto, por negociaciones políticas o equilibrios de fuerzas, como haya sido su ascenso al poder, ya lo lograron, estarán en la máxima tribuna. Prepárense, documéntense, comprométanse con la perspectiva de género, es su responsabilidad social y es su responsabilidad política.

Salgan de la medianidad y defiendan y consumen la equidad y la igualdad que su cuota representa.

Hagan más historia y transformen la simulación en acción justa.

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