2 de agosto de 2012
alcalorpolitico.com
Ahora que ya pasó todo o casi todo y se aprobó el nuevo código electoral, ahora que las fuerzas políticas están de acuerdo en que hay que hacer las cosas de otro modo, hay que ver qué fue lo que pasó.
En primer lugar, hay que preguntar quién redactó el proyecto inicial, cuyo artículo cuarenta y ocho condicionaba la publicidad política a los medios donde no se hablara mal de un partido o de un candidato. La regla afectaba prácticamente a todos. Y era ilegal de origen porque negaba el derecho a la expresión de las ideas, políticas o de las otras.
Tal vez algún día sepamos quién fue el hasta ahora oscuro redactor del artículo, que refleja ignorancia y ofrece una imagen intolerante de una administración preocupada por encontrar el camino. Tal vez algún día sepamos quién fue el hasta ahora anónimo y despreocupado jefe que no pensó en lo que pasa cuando uno trata de redefinir desde una oficina - o desde un púlpito - lo que está bien y lo que está mal.
El caso es que el artículo cuarenta y ocho del nuevo código electoral sirvió para que la ciudad, y el estado, y el país, y el mundo, pensaran que en Veracruz no se puede criticar, atacar, rechazar, burlarse o faltar al respeto a personas o instituciones políticas...
Cualquiera pensaría que el proyecto se presentó sin pensar mucho. Sin consenso previo entre los partidos de oposición, sin sondeo -discreto o abierto - entre los propios medios, sin consulta a los actores que para bien o para mal manejan la vaina en Veracruz. Es decir, sin trabajo político.
Hay contradicciones notables, como la de establecer una segunda vuelta para elegir a los consejeros electorales, que son empleados menores aunque importantes, y dejar que los gobernadores, los diputados, los alcaldes, lleguen con mayorías simples y escasos votos a puestos en los que deciden casi literalmente sobre vidas y haciendas.
¿Quién podría escribir una cosa así? Habría que indagar. El nuevo código electoral de Veracruz - como muchas otras leyes - parece redactado por personas cuyo dominio de la lengua es pobre. Y habría que preocuparse, porque la letra de la ley a veces pesa más que su espíritu, y porque una coma mal puesta puede cambiarlo todo.
Pero también habría que preocuparse porque un texto tan lingüísticamente defectuoso, escrito y revisado por ágrafos -como sin duda habría dicho el inolvidable y olvidado Juan Vicente Melo- tiene que ver con la forma en que se regulan las cosas de la vida pública.
Si el Congreso tiene fondos para pagar asesores, ayudantes, teléfonos celulares, gasolina, casetas a Perote, alimentos y otras vainas más y menos fantásticas, algo tendrá para contratar a alguien que no tema a la gramática y pueda poner en español lo que otros escribieron en el idioma que adoptó para hablar y escribir la clase política reciente.
Desde lejos, es lo que uno puede pensar sobre el nuevo código electoral de Veracruz. Eso y el inmenso e innecesario ridículo del artículo cuarenta y ocho, que en otros tiempos habría sido causa de despido fulminante y de iras merecidas. No es poca cosa. O tal vez sí.
En primer lugar, hay que preguntar quién redactó el proyecto inicial, cuyo artículo cuarenta y ocho condicionaba la publicidad política a los medios donde no se hablara mal de un partido o de un candidato. La regla afectaba prácticamente a todos. Y era ilegal de origen porque negaba el derecho a la expresión de las ideas, políticas o de las otras.
Tal vez algún día sepamos quién fue el hasta ahora oscuro redactor del artículo, que refleja ignorancia y ofrece una imagen intolerante de una administración preocupada por encontrar el camino. Tal vez algún día sepamos quién fue el hasta ahora anónimo y despreocupado jefe que no pensó en lo que pasa cuando uno trata de redefinir desde una oficina - o desde un púlpito - lo que está bien y lo que está mal.
El caso es que el artículo cuarenta y ocho del nuevo código electoral sirvió para que la ciudad, y el estado, y el país, y el mundo, pensaran que en Veracruz no se puede criticar, atacar, rechazar, burlarse o faltar al respeto a personas o instituciones políticas...
Cualquiera pensaría que el proyecto se presentó sin pensar mucho. Sin consenso previo entre los partidos de oposición, sin sondeo -discreto o abierto - entre los propios medios, sin consulta a los actores que para bien o para mal manejan la vaina en Veracruz. Es decir, sin trabajo político.
Hay contradicciones notables, como la de establecer una segunda vuelta para elegir a los consejeros electorales, que son empleados menores aunque importantes, y dejar que los gobernadores, los diputados, los alcaldes, lleguen con mayorías simples y escasos votos a puestos en los que deciden casi literalmente sobre vidas y haciendas.
¿Quién podría escribir una cosa así? Habría que indagar. El nuevo código electoral de Veracruz - como muchas otras leyes - parece redactado por personas cuyo dominio de la lengua es pobre. Y habría que preocuparse, porque la letra de la ley a veces pesa más que su espíritu, y porque una coma mal puesta puede cambiarlo todo.
Pero también habría que preocuparse porque un texto tan lingüísticamente defectuoso, escrito y revisado por ágrafos -como sin duda habría dicho el inolvidable y olvidado Juan Vicente Melo- tiene que ver con la forma en que se regulan las cosas de la vida pública.
Si el Congreso tiene fondos para pagar asesores, ayudantes, teléfonos celulares, gasolina, casetas a Perote, alimentos y otras vainas más y menos fantásticas, algo tendrá para contratar a alguien que no tema a la gramática y pueda poner en español lo que otros escribieron en el idioma que adoptó para hablar y escribir la clase política reciente.
Desde lejos, es lo que uno puede pensar sobre el nuevo código electoral de Veracruz. Eso y el inmenso e innecesario ridículo del artículo cuarenta y ocho, que en otros tiempos habría sido causa de despido fulminante y de iras merecidas. No es poca cosa. O tal vez sí.