9 de agosto de 2012
alcalorpolitico.com
Muchas veces, quienes deciden sobre los recursos públicos de una localidad, municipio, entidad o nación lo hacen sin considerar las necesidades apremiantes de la comunidad a su encargo. Ello, no es privativo de México, según se desprende de las tablas comparativas sobre trasparencia y rendición de cuentas, que organizaciones internacionales nos proporcionan periódicamente. Nuestro país no es el peor, pero tampoco ocupa los primeros lugares en el cumplimiento de normas o indicadores de eficiencia y honestidad.
¿A qué voy con un tema de sobra conocido por los mexicanos? A las sorpresas que aún nos deparan algunas notas periodísticas como las publicadas el 3 y 5 de agosto en la primera plana del periódico Reforma, de las cuales transcribo solamente algunos párrafos en orden cronológico:
1ª “La totalidad de los exgobernadores de Puebla tendrán a su disposición, de forma vitalicia, una escolta personal de entre 12 y 16 gentes…En contraste la mitad de los 217 municipios de Puebla tiene cuerpos policiacos por entre 5 y 15 elementos”. Esta nota agrega un recuadro donde se da cuenta que ya en: Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo, Chiapas, Edomex., Nuevo León y San Luis Potosí se ha extendido el mismo beneficio a sus exgobernadores, de manera vitalicia o por 18, 6, 3 o 1 año.
2ª” Los magistrados y funcionarios de primer nivel del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) pueden gozar cada tres años de un automóvil nuevo pagado con recursos públicos –el cual luego pasa a ser de su propiedad-, así como de una mensualidad para su mantenimiento…a los magistrados se les otorgan 300 mil pesos para la adquisición del auto que deseen; al contralor, secretarios y directores, 250 mil, y a los titulares de coordinaciones, 200 mil.” La nota aclara que se trata de 12 posibles beneficiarios, entre ellos el coordinador de transparencia.
A un ciudadano del común de la gente le cuesta trabajo entender tanta liberalidad en el uso de los recursos públicos cuando existen necesidades básicas evidentes: agua potable insuficiente, drenajes rebasados, saneamiento de aguas negras desatendido; energía eléctrica cara o nula, transporte público ruinoso, desempleo…¿Por qué les resulta tan difícil a muchos servidores públicos ponerse en los zapatos de la gente?.
Seguramente ésta es una pequeña muestra, de los “usos y costumbres” en algunos ámbitos de poder, sin diferenciación entre partidos, pues se trata de privilegios aprobados legalmente por congresos y asambleas diversos. Entonces, no debiera extrañarnos que la mayoría de gente desconfíe y reclame, cuando puede o como puede, soluciones y derechos postergados.
¿A qué voy con un tema de sobra conocido por los mexicanos? A las sorpresas que aún nos deparan algunas notas periodísticas como las publicadas el 3 y 5 de agosto en la primera plana del periódico Reforma, de las cuales transcribo solamente algunos párrafos en orden cronológico:
1ª “La totalidad de los exgobernadores de Puebla tendrán a su disposición, de forma vitalicia, una escolta personal de entre 12 y 16 gentes…En contraste la mitad de los 217 municipios de Puebla tiene cuerpos policiacos por entre 5 y 15 elementos”. Esta nota agrega un recuadro donde se da cuenta que ya en: Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo, Chiapas, Edomex., Nuevo León y San Luis Potosí se ha extendido el mismo beneficio a sus exgobernadores, de manera vitalicia o por 18, 6, 3 o 1 año.
2ª” Los magistrados y funcionarios de primer nivel del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) pueden gozar cada tres años de un automóvil nuevo pagado con recursos públicos –el cual luego pasa a ser de su propiedad-, así como de una mensualidad para su mantenimiento…a los magistrados se les otorgan 300 mil pesos para la adquisición del auto que deseen; al contralor, secretarios y directores, 250 mil, y a los titulares de coordinaciones, 200 mil.” La nota aclara que se trata de 12 posibles beneficiarios, entre ellos el coordinador de transparencia.
A un ciudadano del común de la gente le cuesta trabajo entender tanta liberalidad en el uso de los recursos públicos cuando existen necesidades básicas evidentes: agua potable insuficiente, drenajes rebasados, saneamiento de aguas negras desatendido; energía eléctrica cara o nula, transporte público ruinoso, desempleo…¿Por qué les resulta tan difícil a muchos servidores públicos ponerse en los zapatos de la gente?.
Seguramente ésta es una pequeña muestra, de los “usos y costumbres” en algunos ámbitos de poder, sin diferenciación entre partidos, pues se trata de privilegios aprobados legalmente por congresos y asambleas diversos. Entonces, no debiera extrañarnos que la mayoría de gente desconfíe y reclame, cuando puede o como puede, soluciones y derechos postergados.