Nunca antes en la historia de los servicios médicos públicos del estado el propio titular del ramo, el mismísimo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el director del DIF Estatal y hasta el contralor general del Gobierno del Estado habían reaccionado con tal presteza, habían salido a hacer frente a un grave problema con boletines, declaraciones o conferencias periodísticas cuando generalmente se acostumbra guardar silencio e incluso nunca habían llegado a la denuncia penal, como en el caso del matrimonio de la joven señora Martha Luisa Rodríguez Mena y de su esposo Carlos Rodríguez Castro, a quienes en un hecho descarnado, cruel e inhumano les entregaron en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz a uno de sus dos bebés, presuntamente nacido muerto, en un galón, dentro de un garrafón de plástico.

 

No son para menos las reacciones. Se trata de un hecho vergonzoso, reprobable, que mancha terriblemente al servicio médico público del estado y, en el aspecto médico, crea desconfianza, incredulidad e inseguridad en los servicios hospitalarios oficiales, mientras que en el terreno político pone en entredicho a la administración pública estatal, aunque también tiene implicaciones académico-profesionales, jurídicas y éticas.

 

Tanta preocupación oficial por el caso da qué pensar y caben varias interpretaciones. Podría ser que los funcionarios estén plenamente conscientes de que se cometió un grave, verdadero crimen médico así haya sido involuntario pero por falta de capacidad médica profesional o por descuido y tratan de contener el aluvión mediático, de los medios críticos. Podría ser que ellos mismos tengan dudas y no quieran comprometer más la imagen de la institución médica ante la afirmación del adolorido padre de que le cambiaron a su hijo, de que le sustrajeron uno al nacer y le dieron el cuerpo de otro, pues no se cansa de mostrar a la prensa las imágenes de los ultrasonidos que le hicieron a su esposa que muestran que sus dos productos venían vivos. Podría ser que se anticipan para salvar cualquier responsabilidad oficial. Podría ser que les invadió, en lo más profundo, su condición de seres humanos sensibles y se pusieron en el lugar de los adoloridos padres y actuaron por un sentimiento de solidaridad. Podría ser que teman que si el asunto no se aclara lo suficientemente no tarde en desatarse otro escándalo mediático como otros que han envuelto a la administración estatal. O podría ser que teman la ira del Gobernador para ahora que regresen al estado y despida a más de uno.

 

Anomalías en los servicios médicos públicos del estado siempre los ha habido, pero generalmente las mismas autoridades han tratado de encubrir, con éxito, a los responsables, negándose, además, a informar sobre los casos y dejando que se pierdan con el tiempo. Esta vez, en forma insólita, los propios Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) interpusieron una denuncia de hechos ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en la ciudad de Veracruz, en contra de quien o quienes resulten responsables por el incumplimiento de la normatividad interna en el manejo del escandaloso caso ocurrido el pasado domingo.

 

Los propios responsables directos, encabezados por la directora del nosocomio, Aracely Cabrales Mujica, insisten, machacan que se trató del incumplimiento de la normatividad interna, pero si fue así, entonces cabe preguntar por qué además de la presunta suspensión del doctor residente del área de ginecología del hospital no se procedió administrativamente, como correspondía, y en cambio se hizo la denuncia penal. Aunque siendo tan delicado el caso, extraña que hasta ahora se nieguen a proporcionar un solo nombre de algún presunto responsable (en conferencia de prensa la directora Cabrales Mújica dijo no recordar el nombre del médico residente), lo que hace recaer la responsabilidad en toda la institución.

 

Desde un principio el asunto despide un tufo no precisamente de asepsia. El joven padre ha declarado que su joven esposa llevó un proceso de gestación normal y controlado por los médicos del Hospital de Tarimoya en el puerto de Veracruz, en el cual le programaron el parto gemelar para el domingo 5 de agosto. Para su desgracia, al acudir en la fecha para ser atendida les informaron que los ginecólogos estaban de vacaciones por lo que los remitieron al Hospital Regional de Alta Especialidad. El resultado, ya se sabe: a uno de sus presuntos bebés se los entregaron muerto dentro del garrafón de plástico aunque antes a él le dieron versiones contradictorias: que los gemelos habían nacido bien; que eran niño y niña y estaban bien; y que uno había nacido muerto y otro no porque estaba sin vida dentro del vientre desde la semana 17 de gestación, aunque las imágenes del último ultrasonido que le habían hecho a su esposa el 28 de mayo muestran que ambos venían bien (“tengo el ultrasonido que llevaron a cabo, ahí siempre –en el Hospital de Tarimoya– me dijeron que estaban estables, inclusive me entregaron las fotografías que afirmaron que estaban bien, por escrito”). Su esposa le dijo que habían nacido vivos.

 

El reportero Víctor Pineda, del diario Notiver, consignó en la edición del martes que él se enteró del caso porque un familiar de la joven pareja es su conocida y que cuando él acudió al hospital la directora no le dio la cara y que incluso lo mandaron sacar del nosocomio, aunque advirtió una corredera de médicos; que por la anoche habló con el papá y éste le dijo que lo había mandado llamar la directora para pedirle que no hiciera más “borlote” en los medios, porque para entonces ya había trascendido el caso. Como si todo lo que había pasado no era ya suficiente, tal vez porque lo vieron humilde, le dijeron que se podía llevar a su casa el garrafón con los restos de su presunto hijo y luego regresarlo para hacerle estudios además de que tenía que pagar 190 pesos para ello. Bárbaros, crueles, inhumanos y desconsiderados.

 

Con toda razón, el joven Rodríguez Castro denunció por negligencia médica al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz ante la Agencia Segunda del Ministerio Público.

 

En contrapartida, la SESVER, a través de su representante legal, Ashanty Matus Pacheco, solicitó que se practicaran las diligencias necesarias para fincar responsabilidades por los hechos ocurridos. “La Secretaría de Salud y SESVER revisaron el control de natalidad que la paciente seguía en el Hospital de Tarimoya, donde se refiere que la última revisión que se practicó fue el 28 de mayo pasado. Las dependencias requirieron la prueba de ADN y solicitaron la necropsia del óbito fetal para responder a todas las dudas de la familia Rodríguez Rodríguez”, se dijo oficialmente.

 

El director general del DIF Estatal, Juan Antonio Nemi Dib, anunció que respaldarían a la familia y calificó de inadecuado, lo que sucedió. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Perera Escamilla, instruyó al encargado de la delegación de la institución en la ciudad de Veracruz, Abraham Hernández Patiño, acompañar a los padres del recién nacido en los trámites necesarios ante las instancias correspondientes. A su vez, el contralor general del estado, Iván López Fernández, dio a conocer que la dependencia a su cargo interviene en el caso a través de la Contraloría Interna del Sector Salud, que determinará si hubo o no algún tipo de error administrativo por parte del personal que atendió a la paciente, para sancionar quien corresponda si hay lugar a ello, aunque, con todo sentido común, señaló que lo importante es saber qué pasó y por qué.