16 de agosto de 2012
alcalorpolitico.com
Vamos a ver.
Muchos perdieron todo. La violencia climática en la región de las Altas Montañas arrasó maizales y cafetales, se llevó casas y animales, destruyó puentes, caminos y veredas. Decenas de miles de personas se encuentran ahora en la paradójica situación de andar por calles inundadas y no tener agua para tomar...
Lo mismo pasó en cuatrocientas setenta y tantas comunidades de ochenta y cinco municipios del estado. Y aunque muchas de las zonas afectadas por el desastre ya sufrían carencias, en ninguna hay más pobreza y más olvido que en la región de las Altas Montañas.
El gobierno del estado anunció una serie de operativos para ayudar a todos, y habrá que creerle, y ver - en persona y no en el papel - cómo viven los habitantes de esas zonas pobrísimas dentro de seis meses o dentro de cuatro años para saber si la ayuda sirvió de algo.
El gobierno federal tiene un fondo nacional para zonas afectadas por desastres naturales, aunque no puede o no quiere o no sabe cómo hacer que el dinero llegue a tiempo a quienes lo necesitan, como admiten sin empacho funcionarios de alto nivel.
El delegado de la secretaría de Desarrollo Social Abel Cuevas Melo reconoció esta misma semana que hay rezagos de hasta dos años en la entrega de ayuda para casos de desastres naturales, aunque no explicó por qué ni dónde está el dinero.
A estas alturas, pocos pueden dudar de que ya es demasiado tarde para impedir los cambios del clima, pero todos saben todavía se puede hacer algo para evitar que el medio ambiente se siga deteriorando. Y lo que preocupa es que se ve precisamente lo contrario.
El gobierno federal - cuya visión ambiental a largo plazo es autorizar obras y esperar que no afecten al medio - hace lo que mejor le parezca en territorio veracruzano, al precio que sea. Y el estado, pese a su soberanía, no puede controlar lo que hace el gobierno federal.
Por eso muchos dudan y desconfían. Desconfían los productores de café de la cuenca del Río de los Pescados, porque temen que la construcción de una planta hidroeléctrica en el Chorro Blanco afecte sus cultivos. Y desconfían los que todavía piensan que el gobierno federal va a terminar autorizando la operación de la mina Caballo Blanco en las inmediaciones de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Y tienen razón en desconfiar, como lo ilustra el hecho de que nadie pueda impedir que los arrecifes de Punta Vergara y Punta Gorda desaparezcan en la ampliación del recinto portuario de Veracruz, pese al serio daño ecológico que se va a provocar en nombre del desarrollo.
Hay quienes creen que el crecimiento económico es más importante que la estabilidad ecológica, sin darse cuenta de que pronto vamos a vivir en un mundo azotado por tormentas y huracanes y agobiado por sequías y enfermedades que se creían erradicadas, y plagas nuevas y viejas. Están ocupados haciendo cuentas alegres.
Pero si el gobierno federal es negligente, el gobierno de Veracruz no puede hacer ni siquiera cuentas alegres por la simple razón de que no tiene dinero para hacer frente a contingencias como la que viven ahora - y en algunos casos desde hace tiempo - varios municipios.
Una ejemplo da la idea: el secretario estatal de Medio Ambiente reconoció que los tiraderos a cielo abierto y las descargas de aguas negras son un peligro para Veracruz, y declaró que se han invertido siete millones de pesos (si fueran fiestas de carnaval o festivales internacionales, se habrían gastado tres veces esa cantidad...) para resolver el problema.
Pero el problema es que Veracruz es un estado rico que no tiene dinero. Eso lo saben los trabajadores del Telebachillerato (que llevan ocho meses sin recibir sus salarios), las enfermeras del hospital regional de Córdoba (que están en huelga porque no les han cumplido la promesa de recategorizarlas), y los veinticinco mil estudiantes (que siguen esperando sus becas y leyendo boletines de prensa sobre la importancia de la juventud...).
Algunos de los acreedores ya están muy molestos, como los músicos xalapeños, a quienes el gobierno del estado les debe dos años de tocadas y conciertos, y los empresarios, que le dieron a la administración duartista hasta diciembre para pagar lo que debe a los empresarios desde 2010.
A fin de cuentas, el gobierno federal declara desastres en zonas a las que no ayuda porque no manda dinero. Y el gobierno del estado no se atreve a reconocer que no tiene con qué ayudar a quienes lo necesitan ni con qué pagar lo que ya debe.
Quienes ocupan puestos en el gobierno federal están por irse y guardan silencio y otras cosas. Pero el gobierno estatal es relativamente nuevo, y todavía puede cambiar su estrategia de información pública. Sería tan fácil y evitaría tantos problemas...
Muchos perdieron todo. La violencia climática en la región de las Altas Montañas arrasó maizales y cafetales, se llevó casas y animales, destruyó puentes, caminos y veredas. Decenas de miles de personas se encuentran ahora en la paradójica situación de andar por calles inundadas y no tener agua para tomar...
Lo mismo pasó en cuatrocientas setenta y tantas comunidades de ochenta y cinco municipios del estado. Y aunque muchas de las zonas afectadas por el desastre ya sufrían carencias, en ninguna hay más pobreza y más olvido que en la región de las Altas Montañas.
El gobierno del estado anunció una serie de operativos para ayudar a todos, y habrá que creerle, y ver - en persona y no en el papel - cómo viven los habitantes de esas zonas pobrísimas dentro de seis meses o dentro de cuatro años para saber si la ayuda sirvió de algo.
El gobierno federal tiene un fondo nacional para zonas afectadas por desastres naturales, aunque no puede o no quiere o no sabe cómo hacer que el dinero llegue a tiempo a quienes lo necesitan, como admiten sin empacho funcionarios de alto nivel.
El delegado de la secretaría de Desarrollo Social Abel Cuevas Melo reconoció esta misma semana que hay rezagos de hasta dos años en la entrega de ayuda para casos de desastres naturales, aunque no explicó por qué ni dónde está el dinero.
A estas alturas, pocos pueden dudar de que ya es demasiado tarde para impedir los cambios del clima, pero todos saben todavía se puede hacer algo para evitar que el medio ambiente se siga deteriorando. Y lo que preocupa es que se ve precisamente lo contrario.
El gobierno federal - cuya visión ambiental a largo plazo es autorizar obras y esperar que no afecten al medio - hace lo que mejor le parezca en territorio veracruzano, al precio que sea. Y el estado, pese a su soberanía, no puede controlar lo que hace el gobierno federal.
Por eso muchos dudan y desconfían. Desconfían los productores de café de la cuenca del Río de los Pescados, porque temen que la construcción de una planta hidroeléctrica en el Chorro Blanco afecte sus cultivos. Y desconfían los que todavía piensan que el gobierno federal va a terminar autorizando la operación de la mina Caballo Blanco en las inmediaciones de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Y tienen razón en desconfiar, como lo ilustra el hecho de que nadie pueda impedir que los arrecifes de Punta Vergara y Punta Gorda desaparezcan en la ampliación del recinto portuario de Veracruz, pese al serio daño ecológico que se va a provocar en nombre del desarrollo.
Hay quienes creen que el crecimiento económico es más importante que la estabilidad ecológica, sin darse cuenta de que pronto vamos a vivir en un mundo azotado por tormentas y huracanes y agobiado por sequías y enfermedades que se creían erradicadas, y plagas nuevas y viejas. Están ocupados haciendo cuentas alegres.
Pero si el gobierno federal es negligente, el gobierno de Veracruz no puede hacer ni siquiera cuentas alegres por la simple razón de que no tiene dinero para hacer frente a contingencias como la que viven ahora - y en algunos casos desde hace tiempo - varios municipios.
Una ejemplo da la idea: el secretario estatal de Medio Ambiente reconoció que los tiraderos a cielo abierto y las descargas de aguas negras son un peligro para Veracruz, y declaró que se han invertido siete millones de pesos (si fueran fiestas de carnaval o festivales internacionales, se habrían gastado tres veces esa cantidad...) para resolver el problema.
Pero el problema es que Veracruz es un estado rico que no tiene dinero. Eso lo saben los trabajadores del Telebachillerato (que llevan ocho meses sin recibir sus salarios), las enfermeras del hospital regional de Córdoba (que están en huelga porque no les han cumplido la promesa de recategorizarlas), y los veinticinco mil estudiantes (que siguen esperando sus becas y leyendo boletines de prensa sobre la importancia de la juventud...).
Algunos de los acreedores ya están muy molestos, como los músicos xalapeños, a quienes el gobierno del estado les debe dos años de tocadas y conciertos, y los empresarios, que le dieron a la administración duartista hasta diciembre para pagar lo que debe a los empresarios desde 2010.
A fin de cuentas, el gobierno federal declara desastres en zonas a las que no ayuda porque no manda dinero. Y el gobierno del estado no se atreve a reconocer que no tiene con qué ayudar a quienes lo necesitan ni con qué pagar lo que ya debe.
Quienes ocupan puestos en el gobierno federal están por irse y guardan silencio y otras cosas. Pero el gobierno estatal es relativamente nuevo, y todavía puede cambiar su estrategia de información pública. Sería tan fácil y evitaría tantos problemas...