En México está muy clara la separación entre los asuntos del Estado y de la Iglesia. Hace más de 150 años se promulgaron las Leyes de Reforma, que después se proyectaron hacia la Carta Magna, en donde se preconiza que los asuntos teológicos se deben atender en el seno de la comunidad eclesiástica y los del Estado en el ámbito civil, en el terreno republicano, sin la presencia ni la influencia del clero religioso. La referencia viene al caso porque en este 2012 ha provocado mucho revuelo la pretendida reforma al Artículo 24 de la Constitución, que pone en riesgo la vigencia del Estado laico imperante en nuestra Nación. El precepto constitucional relativo indica: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley…” Aunado a ello, precisa tal Artículo que no se prohíbe religión alguna y que los eventos religiosos públicos deberán ajustarse a la ley reglamentaria respectiva.

 

Sin embargo, los representantes de la clerecía y de las huestes conservadoras persisten en su afán antijuarista, manifestando que ese ajuste normativo es necesario porque coloca a nuestro país en el nivel de otras naciones donde se ejerce la libre expresión religiosa. Se han atrevido a aseverar que la iglesia católica no pretende con ello que se imparta educación religiosa en los planteles públicos del nivel básico, aún cuando senadores albiazules declararon que la reforma es para que los padres de familia tengan el derecho de determinar si sus hijos van a tener o no formación de carácter religioso; Así mismo se tiene la pretensión reaccionaria de que las iglesias tengan acceso a los medios electrónicos para que efectúen su labor doctrinaria a plenitud.

 

Los conocedores y analistas jurídicos aportan que existen diferencias entre el texto existente del Artículo 24 y el proyecto que se propone. En primer término es que el proyecto habla de libertad de “convicciones éticas, de conciencia y de religión”, mientras que el texto en vigor trata sólo de “libertad de creencias”, lo cual se entendió siempre en el sentido de libertad de creencias religiosas o libertad de religión. De acuerdo con un especialista, el proyecto de reforma al artículo mencionado, en comparación con el artículo en vigor, no constituye ningún progreso sino una regresión. Por si lo anterior fuera poco, ese ajuste jurídico crea confusión al tratar conjuntamente de 3 libertades distintas y añade una grave limitación al derecho de participación política de todos los ciudadanos creyentes o seguidores de ciertas convicciones éticas.

 

La Asociación Civil Veracruz Laico es precisa al concluir que “La intencionalidad no puede ser más clara y explícita: lo que se quiere por el momento es sentar las bases mediante la introducción de la noción de “libertad de religión” para, después, modificar los pilares del Estado laico, tales como la educación laica (Artículo 3°) y la separación del Estado y las iglesias (Artículo 130)…” Algo es muy claro: si se modifica el artículo 24, ello tendrá repercusiones inmediatas (las revisiones y los análisis de los artículos 3°, 5°, 27 y 130). Con la pretendida reforma se procedería de espaldas a la historia patria, al progreso y a los avances científicos y democráticos; ante ello resulta imprudente incorporar a la agenda nacional un asunto espinoso que nos puede dividir más a los mexicanos.