Desde hace mucho tiempo el estado de Veracruz ha sido considerado como un “paraíso” para los chupaductos de Pemex. Familias de reconocida reputación (como empresarios adinerados y ladrones de gasolina) han amasado fortunas del robo del combustible que venden directamente a los consumidores en áreas rurales alejadas o directamente en gasolineras cuyos propietarios se coluden con ellos, porque además el delito no era de los considerados como grave por nuestra legislación.

 

Le han robado a la nación con la impunidad que en este país se acostumbra para todo tipo de actividad ilícita y nos han robado en gasolineras donde es común que despachen litros incompletos.

 

Pero a partir de octubre pasado ya se considera como delito grave el robo, así como la ordeña de hidrocarburos y en teoría, se aplican penas más severas, luego de que el gobierno federal publicara las reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobadas por el Congreso siete meses antes.

 

 De acuerdo con el decreto en vigor, se aplicarán de tres a 10 años de prisión y 200 a mil días de multa a quien sustraiga hidrocarburos de manera ilegal. También se sancionará a quien posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados.

 

Cuando la cantidad sea menor de 300 litros, con prisión de seis meses a dos años y de 100 a 500 días de multa. Cuando la cantidad sea entre 300 litros y mil litros, con prisión de dos a cuatro años y de 500 a mil días de multa. Y en caso de que la cantidad sea igual o mayor a mil litros, con cárcel de cuatro a 10 años y de mil a 12 mil días de multa.

 

Por el robo a ductos de Pemex, la reforma al Código Penal Federal establece imponer de tres a seis años de prisión y de 500 a mil días de multa a quienes suministren litros incompletos de gasolinas y diesel. Esa misma sentencia se aplicará a quienes vendan litros alterados de gas o modifiquen los instrumentos de medición para robar hidrocarburos, según también se establece en las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

 

En su exposición de motivos, los diputados advierten que con esta reforma se dará un instrumento para desmantelar instrumentos de software que se usan para alterar las máquinas despachadoras que les reditúan ganancias anuales por más de 40 mil millones de pesos. "Al gasolinazo mensual que aplica el gobierno federal, se suma este robo hasta ahora impune que afecta a millones de mexicanos y que en algunas ocasiones merma hasta 20 por ciento de cada litro que se paga".

 

También explicaron que a los propietarios o gerentes de gasolineras se les aplicará una sanción de entre cuatro y seis años de cárcel y de 50 a mil días de multa a quien despache una cantidad inferior del 1.5 por ciento de los que aparezca registrado en la bomba. "La sanción será para los propietarios y gerentes, no para los despachadores porque estos trabajadores no son los beneficiarios de este robo millonario".

 

Según la reforma aprobada, las sanciones contempladas para quien cometa este delito serán aplicadas a los dueños de las estaciones de servicio o a los "autores intelectuales" del fraude, a fin de proteger a los despachadores. El dictamen establece que la Profeco ofrece "datos preocupantes" respecto del fraude en gasolineras.

 

Sin embargo, pese a las reformas a la ley, a la fecha no se tienen datos sobre el ejercicio de la acción penal en contra de quienes han violado esta disposición.

 

La ley ahí está, solo falta aplicarla, mientras no es como La carabina de Ambrosio.

 

La seguridad, prioridad en el esquema de Enrique Peña Nieto. 

 

Este jueves, al sostener un encuentro con autoridades municipales electas de todo el país, Enrique Peña Nieto esbozó lo que será su agenda de gobierno, y entre los aspectos destacables sobresale la seguridad pública y la necesidad de generar acuerdos en los tres niveles de gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias en México.

 

El próximo Presidente de la República exhortó a todos los partidos políticos a debatir sus propuestas en materia de transparencia, publicidad gubernamental y combate a la corrupción porque, dijo, el debate permitirá enriquecerlas.

 

Tras una breve ausencia de los reflectores, la presencia de Peña Nieto vino a confirmar la necesidad de generar acuerdos en beneficio de los ciudadanos, pues sumado a la ola de violencia que se vive en el país y a la beligerancia mediática de Andrés Manuel López Obrador, ya era hora de que los ciudadanos escucharan sensatez en los actores políticos, y Peña Nieto vino a dar el bálsamo que necesitaban las familias del país ante tantas agresiones. 

 

Los veracruzanos, incluso, hemos sido testigos de esa beligerancia del tabasqueño que, en su afán de obtener la Presidencia de la República a como dé lugar, manda a sus esbirros a que pisoteen los derechos de los demás; lo bueno que, a pesar de eso, se mantiene la tranquilidad que ha conseguido el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

 

Luego de intensos debates en comisiones y en el pleno, los diputados de la LXII Legislatura del Estado aprobaron la convocatoria para elegir al nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), quien sustituirá a Mauricio Audirac en el cargo a partir de septiembre. 

 

Ayer, a los reporteros que cubren la fuente del Gobierno del Estado se les ocurrió entrevistar al subsecretario de Gobierno, Enrique Ampudia Mello al respecto, y el funcionario expresó: “Yo creo que es un proceso que se está desahogando como la ley lo establece”. 

 

Además, explicó, por ser un tema que tiene un gran interés de la sociedad veracruzana, en plena transparencia, es en el ámbito del poder legislativo donde debe procesarse esta elección tan importante.

 

Ahí es donde –con una gran apertura- se está dando un gran análisis y discusión de todos los partidos y grupos parlamentarios para buscar con acuciosidad, con objetividad y con seriedad a quien merezca ocupar el cargo que estará más directamente asociado con el buen manejo de los recursos y de las actividades públicas de Veracruz.

 

Tras las polémicas causadas por la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón durante su mandato, el plan de Enrique Peña Nieto en este sentido, es uno de los temas recurrentes entre especialistas, analistas y ciudadanos.

 

La estrategia de combate al crimen organizado instrumentada por Calderón ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia, debido al número de víctimas que ha causado, unas 68 mil en los últimos cinco años, según el gobierno federal.

 

Aunque Peña ha recriminado a Calderón no tener un enfoque integral, si ha reconocido la “determinación” con la que el presidente mexicano enfrentó al crimen organizado.

 

El programa de combate a la inseguridad del virtual presidente electo estará basado en el trabajo de inteligencia y la creación de una gendarmería que sustituya paulatinamente al Ejército en su ofensiva al crimen organizado, de acuerdo con el priista y su equipo de trabajo. Además ha propuesto invitar al general colombiano, Óscar Naranjo como su asesor en materia de seguridad.

 

La Estrategia Nacional para Reducir la Violencia del priista, estará basada en cuatro objetivos: Disminuir de manera significativa el número de homicidios, secuestros, extorsiones y la trata de personas. Enrique Peña Nieto es el virtual presidente electo de México tras obtener el 38.21% de los votos computados por el IFE. La constancia de mayoría la dará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes del seis de septiembre.

 

Si los diputados locales nos dan una muestra de honestidad tienen que ajustarse a los términos de la convocatoria emitida por ellos mismos para la elección del nuevo titular del Orfis, en la que incluye, entre otros puntos como requisito: “Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, le inhabilitará para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena.”

 

Con esto Muricio Audirac está moralmente incapacitado para participar como aspirante a reelegirse, porque su reputación es de miembro de la delincuencia organizada. Los veracruzanos sabemos que se trata de un delincuente que se ha dedicado a traficar con el poder que tiene como Auditor General del Orfis, que gracias a los actos de corrupción en los que ha incurrido junto con su pandilla, se ha enriquecido en forma escandalosa. Reelegir a este sujeto equivale a legitimar la corrupción y la impunidad y convertirse en cómplice beneficiario de los negocios de Audirac.

 

El plazo para que permanezca en el cargo vence mañana sábado y esperemos que si no le aplican la ley a este cómplice del endeudamiento en que se encuentra el estado, al menos que ya no regrese a la administración pública: Es un peligro para los veracruzanos.

 

Hasta donde sabemos, antes de iniciar su periodo de vacaciones el gobernador Javier Duarte de Ochoa, en un acto de cortesía, habló con el virtual presidente electo Enrique Peña Nieto, a quien le comentó que se ausentaría unos cuantos días del país lo que Peña aprobó. Que la contingencia del huracán Ernesto se haya presentado es otra cosa, obligó al gobernante a suspender su descanso y retornar de inmediato.

 

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