El próximo 19 de septiembre Javier Duarte de Ochoa cumplirá 39 años de vida y su administración, en el mes 21, se enfila ya hacia el segundo informe de gobierno que rendirá ante los veracruzanos el próximo 15 de noviembre.

En todas las oficinas gubernamentales ya tienen el balance redactado y revisado minuciosamente. Todo está listo para dar a conocer, con bombo y platillos, los logros gubernamentales que ciertamente no han sido pocos, ya que además se han dado obras y acciones de gobierno en el ámbito netamente político que no son muy tangibles como las de infraestructura física pero que también han mostrado y demostrado la visión, el liderazgo y la fortaleza del mandatario veracruzano.

No hay que olvidar que, como el propio gobernador lo ha dicho, su mandato ha enfrentado circunstancias inéditas, extraordinarias, imponderables que han tenido que ver con la reconstrucción en dos sentidos: la de infraestructura, por los desastres que dejó el huracán “Karl”, y del tejido social, por el daño ocasionado por la delincuencia organizada.


Las dos circunstancias las enfrentó Duarte con valentía y determinación. Hace unos días, en Paso de Ovejas, al entregar un puente cuya estructura centenaria fue arrasada por el embate de la naturaleza en el cauce del río Atliyac, el jefe del Ejecutivo decía ante los pasovejenses que la fortaleza y la decisión de los veracruzanos los ha fogueado para enfrentar los retos, por muy difíciles que estos sean.

Hoy, todos los días, su gobierno sigue entregando obras, las de reconstrucción y las obras propias que su gobierno ha programado.

En la otra circunstancia, la de la violencia y la lucha por garantizar la seguridad pública, las acciones están a la vista. En coordinación con el Ejército y la Marina Armada de México, las fuerzas del estado siguen desmantelando las redes del narcotráfico y combatiendo a los delincuentes, quienes siguen cayendo.


La reconstrucción de Veracruz ha sido de alguna manera la línea conductora o el reto de esta administración y al lado de esos dos aspectos se han tejido muchas acciones que han tenido que ver con el adelgazamiento del aparato burocrático y con el orden, la austeridad y la modernización administrativas.

Mucho se ha dicho y reflexionado sobre eso, pero pocos se han detenido a escudriñar el espíritu reformador de Javier Duarte de Ochoa.

Hace unas semanas, con motivo de la reforma al Código Electoral –el mismo que regirá a todas las fuerzas políticas en la elección local del año próximo–, los veracruzanos vimos al gobernador rodeado y apapachado por los líderes y representantes de todas las fuerzas políticas de Veracruz, los cuales reconocieron la sensibilidad política del gobernante que permitió su inclusión en las reformas electorales.


El hecho no fue fortuito. Pero detrás de ese acontecimiento no hubo un operador político en particular, aunque muchos se han querido vestir con el hecho. Ese histórico encuentro en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno lo motivó la voluntad política del gobernador, su tejido fino, su decisión y capacidad para articular acuerdos.

Con esa tenacidad es que Javier Duarte emprendió desde el inicio de su gobierno tres grandes reformas que logró concretar en este primer tramo de su administración estatal gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas en el Congreso local: la reforma hacendaria, la reforma política y la reforma electoral.

Si comparamos, estas tres reformas fueron el caballito de batalla del presidente Felipe Calderón durante su malogrado régimen que está por finalizar. Pero todos sus intentos fueron infructuosos, por lo que la administración calderonista será recordada más por sus decenas de miles de muertos que por las abortadas reformas estructurales.


En cambio, en estos 20 meses de su gobierno, Duarte logró concretar estas reformas.

En la reforma hacendaria se integraron aspectos fiscales y crediticios que lo llevaron a la reestructuración de los recursos financieros.

Experto en materia financiera, Duarte promovió un esquema ante el Congreso que le permitió reconstituir las finanzas veracruzanas para reprogramar obligaciones crediticias, y darle una viabilidad en materia económico-financiera a la entidad.


Esta acción le fue reconocida por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por calificadoras como Fitch Ratings, que ratificó la calidad crediticia de Veracruz.

En las modificaciones al Código Financiero, Duarte promovió la justa distribución de la riqueza con esquemas sociales que hoy permiten a Veracruz subsidiar a usuarios de automotores en el pago de la tenencia vehicular.

Esta reforma o manejo de política fiscal ha permitido por un lado proteger las fuentes de ingreso del estado, la situación jurídica de quienes más lo necesitan, y abrió camino para que el financiamiento del estado no constituya una carga, sino que pueda irse cubriendo con base en lo que la propia entidad recibe.


En la reforma política, que está ligada a la electoral, Duarte de Ochoa promovió con los legisladores la ampliación a 4 años de los próximos gobiernos municipales, acotó a 50 el número de legisladores que integran el Congreso del estado y reformó la configuración del Consejo General del Instituto Veracruzano Electoral (IEV).

La propuesta de que el periodo de gobierno de los nuevos ayuntamientos se extendiera a un cuatrienio resultó una reforma política de trascendencia nacional, pues la modificación constitucional fue avalada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con la reforma política se asegura también que no se entrampe en Veracruz el próximo nombramiento de los miembros del Consejo General del IEV, ya que el gobernador propuso un esquema que garantiza que si no se logra por un consenso ampliado de las dos terceras partes de los votos del Congreso, se recurra entonces a un mecanismo que destrabe esa imposibilidad aparente de lograr un acuerdo, decidiéndolo el propio voto de los diputados.


Además, dentro de esta reforma constitucional de naturaleza política se estableció que a partir de la sucesión estatal del 2016 sea la autoridad administrativa la que realice el cómputo de la elección de gobernador, ya que se consideró que los tribunales no son contadores de votos sino resolutores de conflictos, de modo que si la autoridad administrativa resuelve un cómputo, le da certeza a esa etapa y se configura un principio de definitividad. La elección se podrá impugnar, pero el hecho de que haya una constancia de mayoría expedida por la autoridad electoral, le da mayor certeza a la elección.

Y es que según suele comentarlo, en su caso Javier Duarte estuvo durante más de tres meses en el limbo, pues aunque la noche misma de la elección ya era el candidato triunfador nadie lo reconoció formalmente como “candidato electo” hasta que el Tribunal Electoral del estado así lo declaró y luego el TRIFE lo validó.

La reforma electoral duartista ha sido la cristalización de la reforma política aceptada, nutrida y votada por unanimidad por todos los partidos. Esta reforma buscó que la legislación se adecuara en todos los sentidos: desde el ejercicio de derechos y obligaciones de los ciudadanos, la institución de la observación electoral, la configuración de nuevos partidos con reglas más claras y que cumplan requisitos de mayor nivel para que se integren nuevas fuerzas políticas al estado –sin que tampoco se dispersen en una gran cantidad de formaciones sin representación–, hasta reducir tiempos entre la precampaña y la campaña política.


La reforma electoral se concretó gracias a los acuerdos, a la discusión y a la participación de todos los actores políticos. Pero Javier Duarte puede estar satisfecho que a lo largo de estos 20 meses de gobierno, su espíritu reformador, su capacidad de diálogo, sus fortalezas en el ámbito legislativo, le permitieron hacer las grandes reformas en las que descansarán todos los logros de su gobierno.

Desafortunadamente, el ciudadano aprecia más las obras materiales. Pero estas reformas también buscan incidir en el desarrollo del estado, de su gobierno y de la sociedad en su conjunto.