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Columnas y artículos de opinión

Yarrington, el primero

Al Pie de la Letra

Por: Raymundo Jiménez

30/08/2012

alcalorpolitico.com

Tal y como lo había anticipado en su edición de este miércoles el diario capitalino “Reforma”, ayer la procuradora general de la República, Marisela Morales, confirmó que efectivamente el Ministerio Público federal solicitó y obtuvo de un juez de distrito con sede en Jalisco la orden de aprehensión contra el ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por delitos contra la salud en la modalidad de fomento.

A Yarrington se le implica por presuntamente recibir sobornos del Cártel del Golfo y blanquear el dinero con prestanombres en el sector inmobiliario. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 se incluyen no sólo versiones de tres testigos protegidos sino también el testimonio de Zonia de Pau García, ex esposa de Fernando Cano Martínez, quien es prófugo de la justicia estadounidense por ser el presunto lavador del ex mandatario tamaulipeco.

Otra persona cuyas declaraciones fueron usadas por la PGR contra el ex gobernador es Napoleón Rodríguez de la Garza, quien confesó a las autoridades ser el prestanombres de Yarrington en la compra de un departamento de 450 mil dólares en Texas.

El 17 de agosto pasado, la SIEDO consignó ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Jalisco a Rodríguez de la Garza. Sin embargo, según fuentes policiales el ex gobernante tamaulipeco abandonó el país desde marzo y desconocen su paradero. Precisamente ayer la procuradora Morales informó que ya alertaron a la Interpol para lograr la captura de Yarrington.

Desde el 6 de abril de 1999, cuando se ordenó aprehender a Mario Villanueva Madrid, ex mandatario de Quintana Roo, la PGR no había ejercido acción penal en contra de ningún ex gobernador por acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Este caso ha de tener acalambrados a otros ex gobernadores priistas de entidades ubicadas en el mismo Golfo de México, señalados públicamente también de encubrir a la delincuencia organizada durante sus administraciones.

Por ejemplo, otro ex gobernador de Tamaulipas que anda desaparecido es Eugenio Hernández Flores, quien en 2005 sucedió a Yarrington y entregó la gubernatura a Egidio Torre Cantú, hermano de Rodolfo Torre, candidato del PRI acribillado una semana antes de la elección de julio de 2010. Hernández presuntamente está en Europa porque le habría sido cancelada su visa americana.

Ayer, la titular de la PGR precisó que las acusaciones contra Yarrington derivan de la colaboración de testigos protegidos y de pruebas obtenidas con ayuda de colaboración extranjera. “Son diversas pruebas, no solamente son testigos colaboradores, sino son también otro tipo de pruebas y que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Público al momento de ejercer la acción penal y también por el juez. Sí es un asunto donde se tuvo intercambio de información con diversas instituciones tanto en México como en Estados Unidos”, dijo la procuradora Morales al confirmar la persecución contra el ex gobernador tamaulipeco prófugo.

Coincidentemente ayer también, a través de un comunicado, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa petrolera ADT Petroservicios, subcontratista de Pemex con sede en Veracruz, ya que pertenece al empresario tuxpeño Francisco Antonio Colorado Cessa, quien en junio fue añadido a la lista de narcotraficantes por colaborar con Los Zetas y sus capos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Colorado Cessa –ligado al ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán desde su campaña electoral de 2004–, se encuentra detenido en espera de juicio en Estados Unidos por lavado de dinero desde que se entregó en junio de este año, pocos días después de haber sido señalado por el Departamento del Tesoro.

Bajo estas sanciones, el Tesoro puede incautar cualquier bien de las personas o negocios en Estados Unidos y puede perseguir judicialmente a cualquier ciudadano o empresa que mantenga relaciones comerciales con ellos. Entre los años 2003 y 2011, durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN, la empresa ADT Petroservicios obtuvo 30 contratos de la paraestatal Pemex que sumaron alrededor de cien millones de dólares.

“Continuaremos señalando a personas y empresas ligadas a Los Zetas donde quiera que intenten esconder sus actividades ilegales”, indicó el director de la oficina del Tesoro de control de bienes foráneos, Adam Szubin.


IPE, PAPA CALIENTE

Aunque en materia financiera el Instituto de Pensiones del Estado aún es relativamente estable –pues en la presente administración, de diciembre de 2010 a agosto de 2012, ha incrementado de manera sustancial los préstamos a los derechohabientes activos y pensionados por casi mil 602 millones pesos, además de que cada mes cumple puntualmente con el pago de nómina y de otras prestaciones de ley tanto de sus propios empleados como de los trabajadores al servicio del estado en retiro–, lo cierto es que la reforma a la Ley del IPE es inevitable.

Y es que el número de pensionados crece más aceleradamente que el de los trabajadores activos. Por ejemplo, en diciembre de 2010 el IPE tenía 93 mil 763 trabajadores aún en servicio y 20 mil 845 retirados. Al año siguiente, en diciembre de 2011, la lista de los activos era de 93 mil 444 (319 trabajadores menos), mientras que los pensionados sumaban 22 mil 594, es decir, mil 749 más.

Para agosto de este año el IPE tiene registrados oficialmente 94 mil 493 trabajadores en activo y 23 mil 404 pensionados, o sea, 2 mil 559 más que en 2010.

Tanto el gobernador Javier Duarte como el director general del IPE, Armando Adriano Fabre –quien cuenta con diagnósticos serios de actuarios y especialistas en sistemas de pensiones, los cuales están en crisis en otras entidades de México y en países cuyas economías son de las más fuertes del mundo–, están conscientes de esta situación, al igual que la mayoría de los representantes de las organizaciones sindicales que tienen voz y voto en el Consejo Directivo del instituto.

Pero de seguro habrán de esperar el momento políticamente más oportuno para evitar que este asunto de gran impacto social se politice y se entrampe en perjuicio de sus más de 117 mil derechohabientes activos y pensionados.

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