De los 56 aspirantes al cargo de Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) que en total registraron sus candidaturas, la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura local ha descartado a 30 por incumplir alguno de los varios requisitos, por lo que los 26 restantes comenzarán a ser entrevistados individualmente a partir de este viernes 7 hasta el miércoles 12 de la próxima semana.

 

Entre los candidatos que pasaron a la siguiente fase del proceso legislativo destacan personajes como el ex rector de la UV y ex contralor general del estado, Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez; la también ex contralora estatal, Clara Luz Prieto Villegas; el actual titular de la Unidad Administrativa del Tribunal Electoral local, Luis Gabriel Andrade Cárdenas; el ex jefe administrativo de la SEV, Antonio Gómez Pelegrín; la ex tesorera municipal del ayuntamiento capitalino, Cecilia Coronel Brizio; el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, Sergio Vázquez Jiménez; y Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, actual director de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado, considerado el prospecto más fuerte por el presunto apoyo de la cúpula gubernamental, aunque el diputado panista Danilo Alvízar Guerrero, secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, ha dicho que los 26 aspirantes contienden en igualdad de condiciones, que “el piso está parejo para todos” y que “nadie trae la bendición de nadie”.

 

Por ello es que entre otros aspirantes que respondieron a la convocatoria del Congreso local para registrar sus candidaturas al ORFIS también se presentó el titular de la Notaría Pública número 1 de Xalapa, Silvio Lagos Martínez, con una amplia trayectoria política y administrativa en el gobierno federal y el del estado que data desde 1966, cuando inició como escribiente del Grupo Especial Número 5 de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del estado de Veracruz.

 

En esos 46 años que lleva en el servicio público, Lagos Martínez no sólo ha establecido relaciones políticas y personales con ex gobernantes, funcionarios y dirigentes políticos que estarían por integrarse a la administración del presidente electo Enrique Peña Nieto, sino también con técnicos y expertos en fiscalización, como al C.P. Juan Manuel Portal Martínez, actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, con el cual coincidió en 1997 en la coautoría de toda la normatividad y manuales de operación de los fondos, programas sociales –Liconsa, Diconsa, Progresa (hoy “Oportunidades”), Programa Nacional de Becas (Pronabes), Programa Nacional de Reforestación (Pronare), y de Desarrollo Urbano (Habitat), entre otros– y de los convenios de coordinación con las entidades federativas del país, los cuales el notario público xalapeño conocía muy bien porque en ese entonces se desempeñaba en Veracruz como delegado estatal de la Sedesol.

Dicho trabajo fue coordinado precisamente por el mexiquense Carlos Rojas Gutiérrez, a la sazón titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Según el calendario acordado por los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Lagos Martínez será el último de los 26 candidatos que serán entrevistados a partir de este viernes 7 hasta el miércoles 12 del presente mes.

 

El abogado nativo del municipio de Isla nos hizo llegar su propuesta y visión para actualizar y modernizar al ORFIS en cumplimiento a una serie de leyes no consideradas cuya implementación concluye precisamente el 31 de diciembre de este año.

 

Lagos Martínez advierte específicamente sobre la urgencia de actualizar la legislación local incorporando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para dar cumplimiento al marco normativo implementando el Presupuesto Basado en los Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) de acuerdo a la estrategia de Gestión para Resultados (GPR) para evaluar el avance en el estado del Presupuesto por desempeño elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

 

Y es que el notario público apunta que a partir del presupuesto 2013 todas estas nuevas leyes entrarán en vigor el día 1º de enero próximo, “por lo cual la tarea es urgente y sin pausas”, ya que refiere que el gobierno de México y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un contrato de préstamo para el Programa de Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados para lo cual se han firmado Convenios de Colaboración con el estado de Veracruz, que le permitirán recibir recursos en apoyo a la consolidación y mejora del proceso de implantación del Presupuesto Basado en Resultados, el Sistema de Evaluación de Desempeño y la modernización presupuestaria a nivel del gobierno del estado y de los 212 ayuntamientos de la entidad.

 

Por ello, Lagos Martínez resume que el proceso de fiscalización y rendición de cuentas de los recursos federales, estatales y municipales es más que la sola práctica de una auditoría financiera o la aplicación de principios generales de contabilidad. “Comprende –afirma– un conjunto de responsabilidades encaminadas al cumplimiento de la ley y forma parte de una estrategia integral vinculatoria para la corrección, depuración y mejora de la administración pública estatal y municipal alcanzando una mejor Gestión Gubernamental eficiente, transparente, rendidora de cuentas, que evalúe el impacto de obras y acciones que se realicen con los recursos públicos”.

 

Y concluye que “la tarea del Auditor General debe ser completa realizando una interpretación armónica de todo el andamiaje jurídico, con visión más allá de coyunturas o circunstancias temporales, con capacidad para moverse con la rapidez que la modernización de los esquemas jurídico-contables requiere”.

 

“La rendición de cuentas y la capacidad para denunciar las conductas irregulares o de franca violación a la Ley son acciones que la sociedad veracruzana y los organismos empresariales que la componen han expresado para que se produzca un profundo cambio de forma y fondo, eliminando la corrupción, la impunidad y la opacidad”.

 

Estas conductas, dice Lagos, se deben desterrar de toda actividad pública y para ello propone elaborar no sólo un diagnóstico-evaluación del desempeño del ORFIS para conocer sus debilidades y fortalezas, analizando sus procesos de fiscalización de forma y fondo, así como sus acciones de carácter legal en torno a desviaciones normativas, financieras e ilícitos detectados como Órgano fiscalizador, sino que también recomienda realizar modificaciones a la Ley de Fiscalización y al organigrama de la institución.

 

“En un entorno mundial de crisis y de inestabilidad social y financiera, el país y el estado requieren de instituciones sólidas que apoyen los esfuerzos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para alcanzar la satisfacción de los reclamos sociales, por lo cual el funcionamiento eficiente del ORFIS, el trabajo profesional y evaluación permanente de los entes fiscalizables contribuirán al desarrollo y a la paz social”, expone Lagos, quien a muchos, en lo personal, les parece muy antipático, pero la convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura local es para elegir al nuevo Auditor General del ente fiscalizador, no para Rey de la Alegría del carnaval porteño 2013.

 

 

El mediodía de ayer tuvo lugar una reunión del más alto nivel político en Toluca, Estado de México, bajo el pretexto del primer informe de gobierno de Eruviel Ávila Villegas, sucesor en la gubernatura del hoy presidente electo Enrique Peña Nieto.

 

La presencia de Peña en el informe de su paisano obviamente generó rebumbio en torno a quien logró la hazaña de regresar al PRI a Los Pinos.

 

El gobernador Javier Duarte de Ochoa, por cuestiones de agenda previa –ayer inauguró en Catemaco la Feria Internacional de Ecoturismo en compañía de la titular de la Sectur federal, Gloria Guevara Manzo–, no pudo asistir a la ceremonia formal del informe del mandatario mexiquense, pero sí logró llegar a tiempo a la comida en la que todos los gobernadores hablaron con Peña del futuro de este país y, sobre todo, del de cada una de sus entidades.

 

Contrario a lo que dicen algunos malquerientes, Duarte de Ochoa mantiene una muy buena relación con Peña Nieto. El apoyo político del veracruzano durante su campaña fue total. El priismo del estado peleó con uñas y dientes cada voto para el hoy Presidente electo.

 

En una guerra sin tregua frente al gobierno federal que se apoyó en el programa Oportunidades para apuntalar a la candidata del partido blanquiazul, además de la evidente campaña en contra que se operó desde el más alto nivel federal para socavar la imagen y fortaleza de la administración priista local, Veracruz aportó un millón 200 mil sufragios para Peña.

 

Javier Duarte ha demostrado temple y fortaleza frente a la compleja circunstancia que le ha tocado vivir al frente del gobierno veracruzano. Peña Nieto sabe de las tribulaciones del mandatario jarocho y para todos es evidente que Peña y Duarte están unidos no sólo por coincidencias político-partidistas sino por su perspectiva de gobierno: la responsabilidad de impulsar una nueva forma de administrar, de dirigir los destinos de una nación y de un estado.

 

En privado, Duarte de Ochoa compartió con su equipo de trabajo una certeza: tras casi dos años de acecho político vienen buenos tiempos para Veracruz, pues ahora habrá un Presidente aliado que deberá redundar obligadamente en el beneficio del estado y sus habitantes, y de igual manera obligará a un mayor y mejor ejercicio de la función pública de todos los servidores públicos estatales.

 

Javier Duarte tendrá un buen amigo en Los Pinos y un mejor aliado político, y en ese tenor sabe bien que la responsabilidad de dar resultados en todos los órdenes aumenta, y el mandatario estatal se prepara para ello, por lo que ha iniciado ya la revisión de los escenarios políticos en previsión de los tiempos que se acercan.

 

Muchas sorpresas habrá en el futuro cercano. Al tiempo.