11 de septiembre de 2012
alcalorpolitico.com
Como aún no tiene facultades para ello, a través de los legisladores del PRI el Presidente electo Enrique Peña Nieto hizo llegar este lunes a la Cámara de Senadores la primera iniciativa de dos reformas profundas contra la corrupción y la opacidad en el gobierno, las cuales prometió durante su campaña.
Sobre el primer tema, Peña plantea desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear, en su lugar, una Comisión Nacional Anticorrupción que será un órgano ciudadano, con carácter autónomo y amplias facultades para investigar y castigar actos de corrupción en los tres Poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– a nivel federal, estatal y municipal. Este nuevo organismo tendrá facultades no sólo para encarcelar a funcionarios corruptos sino para proceder también contra aquellos ciudadanos involucrados en actos de corrupción.
Una más de las facultades de este órgano será solicitar al Poder Ejecutivo el desafuero de funcionarios y ejercer la extinción de dominio.
Otro de los cambios planteados por Peña –expuesto ayer ante la opinión pública– es darle naturaleza autónoma y constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) para que tenga competencia sobre los tres Poderes y niveles de gobierno.
La Suprema Corte de Justicia quedará exenta dentro de las nuevas facultades del IFAI, pero el Tribunal Federal Electoral y el Consejo de la Judicatura sí serán sujetos obligados.
El órgano también tendrá la facultad de aplicar sanciones desde administrativas y económicas hasta la remoción del cargo y la acción penal. Además, la modificación prevé que el IFAI tenga la facultad de atracción de casos en poder de los organismos estatales, y que sus resoluciones sean inatacables.
Obviamente existe escepticismo sobre la efectividad de estas reformas, pues desde el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se viene prometiendo la renovación moral de la sociedad mexicana y el ataque frontal a la corrupción gubernamental.
En el año 2000, el PAN logró la alternancia en el poder al hacer del combate a la corrupción su principal bandera para sacar al PRI de Los Pinos. Pero 12 años después pierde la Presidencia dejando a México como uno de los países peor calificados en la materia: sin haber podido abatir la impunidad en los casos de cohecho, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos detectados en ambos gobiernos de transición.
En los últimos 12 años, las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón crearon y modificaron dependencias especializadas en el combate a la corrupción, perfeccionaron el sistema de fiscalización y pusieron en operación instituciones encargadas de transparentar la información del gobierno. Además, establecieron un Servicio Profesional de Carrera para garantizar la profesionalización de los burócratas, hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, simplificaron los trámites administrativos y el Congreso aprobó leyes para sancionar a actores públicos y privados involucrados en irregularidades.
Pero a pesar de ello, todos los indicadores disponibles señalan que México es percibido como un país más corrupto. Los índices internacionales le otorgan calificaciones inferiores a las que ostentaba antes de la llegada de los gobiernos panistas y, a nivel continental, se ubica entre las naciones que más retrocedieron en la materia. Por ejemplo, en diciembre de 2001 Transparencia Internacional dio a conocer la séptima edición de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), una de las mediciones más importantes a nivel mundial sobre el tema. México aparecía con una calificación reprobatoria de 3.7, lo que lo ubicaba junto a países como Panamá y Colombia.
A partir de ese momento la calificación del país comenzó a descender año con año. De acuerdo con el ranking –según el cual 1 es el mayor nivel de corrupción y 10 es la ausencia de ésta–, al finalizar el sexenio de Fox la puntuación del país era de 3.3 y ocupaba el lugar 70 de un total de 163 países.
Entre 2007 y 2011, bajo la administración de Calderón, la calificación del país bajó de 3.5 a 3, y su posición descendió del lugar 72 al 100 en una lista de 180 países.
Según el IPC, actualmente México tiene una calificación inferior a la que registraba antes de la llegada de los gobiernos del PAN. En el año 2000 su puntuación era de 3.3, lo que lo ubicaba a la par de países como Colombia, Zambia y Etiopía. Para 2011 fue de 3, junto a naciones como Tanzania, Malawi e Indonesia.
Desde la perspectiva continental, el ranking indica que de los 21 países de América Latina analizados, México es uno de los tres que más retrocedieron, sólo por debajo de Perú –que entre 2001 y 2011 bajó su calificación de 4.1 a 3.4– y Venezuela, que cayó de 2.8 a 1.9.
Si bien una de las limitaciones del IPC es que mide la percepción ciudadana –misma que puede variar de acuerdo a contextos específicos–, el índice de Transparencia Internacional no es el único en el que México empeoró su calificación. La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana indica que entre 2001 y 2010 los actos de corrupción en el país bajaron, pero el costo de estos aumentó para las familias.
La encuesta, la cual mide la recurrencia de los actos de corrupción en 35 trámites y servicios, señala que en 2001 tuvieron lugar 214 millones de sobornos y el costo de los mismos fue de 23 mil 400 millones de pesos; para 2010 la incidencia disminuyó a 200 millones, pero su costo se incrementó a 32 mil millones de pesos.
El estudio indica que, en 2001, 10 de cada 100 personas pagaban sobornos para acceder a servicios públicos o para agilizar trámites; nueve años después la cifra sigue siendo la misma.
De acuerdo con mediciones del Banco Mundial, México también redujo su calificación en cuanto a su capacidad para controlar la corrupción. El apartado “Control de la corrupción”, de los Indicadores de Gobernanza, precisa que en 2001 la calificación del país era de 50.7; mientras que en 2010 descendió a 44.5 de un máximo de 100 puntos.
Entre 2005 y 2009 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 5 mil 139 promociones de responsabilidad derivadas de sus procesos de auditoría; debido a que no tiene facultades para aplicar sanciones administrativas, éstas fueron atraídas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). El resultado es que del total de las promociones emitidas por la ASF, la SFP aplicó sanciones en únicamente 197, es decir, menos del 4 por ciento.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2007 y 2011 la SFP impuso multas por más de 18 mil 842 millones de pesos a funcionarios públicos por actos que implicaron daños al erario público. Pero debido a que las multas se convierten en créditos fiscales, es el Servicio de Administración Tributaria el encargado de recaudarlos. Del total de multas, el SAT ha cobrado únicamente el 0.4 por ciento, es decir, menos de 80 millones de pesos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indica que la corrupción es uno de los flagelos que ha estancado el crecimiento del país. De acuerdo con las mediciones de este organismo de la iniciativa privada, la corrupción gubernamental tiene un costo de entre 5 y 10 por ciento del PIB, lo que significa que México ha dejado de recibir entre 790 mil millones y 1.5 billones de pesos.
La estimación del CEESP no es la única que señala a la corrupción como una de las limitaciones para el crecimiento. El estudio “El costo de la opacidad” advierte que México ha dejado de recibir 8 mil 554 millones de pesos de inversión extranjera a causa de la opacidad; mientras que el Banco Mundial precisa que sin la corrupción, países como México podrían aumentar en el largo plazo su ingreso per cápita de 2 a 8 mil dólares.
Sobre el primer tema, Peña plantea desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear, en su lugar, una Comisión Nacional Anticorrupción que será un órgano ciudadano, con carácter autónomo y amplias facultades para investigar y castigar actos de corrupción en los tres Poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– a nivel federal, estatal y municipal. Este nuevo organismo tendrá facultades no sólo para encarcelar a funcionarios corruptos sino para proceder también contra aquellos ciudadanos involucrados en actos de corrupción.
Una más de las facultades de este órgano será solicitar al Poder Ejecutivo el desafuero de funcionarios y ejercer la extinción de dominio.
Otro de los cambios planteados por Peña –expuesto ayer ante la opinión pública– es darle naturaleza autónoma y constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) para que tenga competencia sobre los tres Poderes y niveles de gobierno.
La Suprema Corte de Justicia quedará exenta dentro de las nuevas facultades del IFAI, pero el Tribunal Federal Electoral y el Consejo de la Judicatura sí serán sujetos obligados.
El órgano también tendrá la facultad de aplicar sanciones desde administrativas y económicas hasta la remoción del cargo y la acción penal. Además, la modificación prevé que el IFAI tenga la facultad de atracción de casos en poder de los organismos estatales, y que sus resoluciones sean inatacables.
Obviamente existe escepticismo sobre la efectividad de estas reformas, pues desde el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se viene prometiendo la renovación moral de la sociedad mexicana y el ataque frontal a la corrupción gubernamental.
En el año 2000, el PAN logró la alternancia en el poder al hacer del combate a la corrupción su principal bandera para sacar al PRI de Los Pinos. Pero 12 años después pierde la Presidencia dejando a México como uno de los países peor calificados en la materia: sin haber podido abatir la impunidad en los casos de cohecho, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos detectados en ambos gobiernos de transición.
En los últimos 12 años, las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón crearon y modificaron dependencias especializadas en el combate a la corrupción, perfeccionaron el sistema de fiscalización y pusieron en operación instituciones encargadas de transparentar la información del gobierno. Además, establecieron un Servicio Profesional de Carrera para garantizar la profesionalización de los burócratas, hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, simplificaron los trámites administrativos y el Congreso aprobó leyes para sancionar a actores públicos y privados involucrados en irregularidades.
Pero a pesar de ello, todos los indicadores disponibles señalan que México es percibido como un país más corrupto. Los índices internacionales le otorgan calificaciones inferiores a las que ostentaba antes de la llegada de los gobiernos panistas y, a nivel continental, se ubica entre las naciones que más retrocedieron en la materia. Por ejemplo, en diciembre de 2001 Transparencia Internacional dio a conocer la séptima edición de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), una de las mediciones más importantes a nivel mundial sobre el tema. México aparecía con una calificación reprobatoria de 3.7, lo que lo ubicaba junto a países como Panamá y Colombia.
A partir de ese momento la calificación del país comenzó a descender año con año. De acuerdo con el ranking –según el cual 1 es el mayor nivel de corrupción y 10 es la ausencia de ésta–, al finalizar el sexenio de Fox la puntuación del país era de 3.3 y ocupaba el lugar 70 de un total de 163 países.
Entre 2007 y 2011, bajo la administración de Calderón, la calificación del país bajó de 3.5 a 3, y su posición descendió del lugar 72 al 100 en una lista de 180 países.
Según el IPC, actualmente México tiene una calificación inferior a la que registraba antes de la llegada de los gobiernos del PAN. En el año 2000 su puntuación era de 3.3, lo que lo ubicaba a la par de países como Colombia, Zambia y Etiopía. Para 2011 fue de 3, junto a naciones como Tanzania, Malawi e Indonesia.
Desde la perspectiva continental, el ranking indica que de los 21 países de América Latina analizados, México es uno de los tres que más retrocedieron, sólo por debajo de Perú –que entre 2001 y 2011 bajó su calificación de 4.1 a 3.4– y Venezuela, que cayó de 2.8 a 1.9.
Si bien una de las limitaciones del IPC es que mide la percepción ciudadana –misma que puede variar de acuerdo a contextos específicos–, el índice de Transparencia Internacional no es el único en el que México empeoró su calificación. La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana indica que entre 2001 y 2010 los actos de corrupción en el país bajaron, pero el costo de estos aumentó para las familias.
La encuesta, la cual mide la recurrencia de los actos de corrupción en 35 trámites y servicios, señala que en 2001 tuvieron lugar 214 millones de sobornos y el costo de los mismos fue de 23 mil 400 millones de pesos; para 2010 la incidencia disminuyó a 200 millones, pero su costo se incrementó a 32 mil millones de pesos.
El estudio indica que, en 2001, 10 de cada 100 personas pagaban sobornos para acceder a servicios públicos o para agilizar trámites; nueve años después la cifra sigue siendo la misma.
De acuerdo con mediciones del Banco Mundial, México también redujo su calificación en cuanto a su capacidad para controlar la corrupción. El apartado “Control de la corrupción”, de los Indicadores de Gobernanza, precisa que en 2001 la calificación del país era de 50.7; mientras que en 2010 descendió a 44.5 de un máximo de 100 puntos.
Entre 2005 y 2009 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 5 mil 139 promociones de responsabilidad derivadas de sus procesos de auditoría; debido a que no tiene facultades para aplicar sanciones administrativas, éstas fueron atraídas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). El resultado es que del total de las promociones emitidas por la ASF, la SFP aplicó sanciones en únicamente 197, es decir, menos del 4 por ciento.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2007 y 2011 la SFP impuso multas por más de 18 mil 842 millones de pesos a funcionarios públicos por actos que implicaron daños al erario público. Pero debido a que las multas se convierten en créditos fiscales, es el Servicio de Administración Tributaria el encargado de recaudarlos. Del total de multas, el SAT ha cobrado únicamente el 0.4 por ciento, es decir, menos de 80 millones de pesos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indica que la corrupción es uno de los flagelos que ha estancado el crecimiento del país. De acuerdo con las mediciones de este organismo de la iniciativa privada, la corrupción gubernamental tiene un costo de entre 5 y 10 por ciento del PIB, lo que significa que México ha dejado de recibir entre 790 mil millones y 1.5 billones de pesos.
La estimación del CEESP no es la única que señala a la corrupción como una de las limitaciones para el crecimiento. El estudio “El costo de la opacidad” advierte que México ha dejado de recibir 8 mil 554 millones de pesos de inversión extranjera a causa de la opacidad; mientras que el Banco Mundial precisa que sin la corrupción, países como México podrían aumentar en el largo plazo su ingreso per cápita de 2 a 8 mil dólares.