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Columnas y artículos de opinión
Al Pie de la Letra
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Raymundo Jiménez
26 de septiembre de 2012
alcalorpolitico.com
Hace una semana, el pasado miércoles 19 de septiembre, el pleno de la LXII Legislatura local tuvo que trasladarse, con todo y curules, mesas y butacas, hasta la Escuela Naval de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, para homenajear al secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, por las acciones que desde hace más de un año viene desplegando la Heroica Armada de México en Veracruz en contra de la delincuencia organizada.
 
Este reconocimiento se vino a sumar a otro realizado hace cuatro meses, cuando a finales de mayo el Congreso local acordó colocar en el muro del salón de sesiones el nombre, con letras de oro, de este instituto armado.
 
Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los 50 legisladores locales se ha atrevido a protestar públicamente por los abusos que con motivo del combate a los grupos criminales han venido cometiendo en la entidad las tropas del almirante Saynez.
 
Y es que los diputados quizá podrían hacerse de la vista gorda en los casos de algunos ciudadanos comunes y corrientes que han sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales, y hasta pasar por alto también los impunes allanamientos de morada que han tenido que padecer las familias de algunos funcionarios estatales como la del ex secretario de Gobierno, Miguel Ángel Díaz Pedroza, actual secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), pero lo que de plano los legisladores locales no debieran tolerar –por dignidad y respeto a su inviolable investidura– son los excesos de estos elementos castrenses en contra de sus propios compañeros de Cámara.
 
Según trascendió, en agosto pasado, un convoy de la Marina Armada de México llegó hasta un lujoso edificio de apartamentos ubicado sobre la avenida Orizaba, de esta ciudad capital. Los uniformados, enmascarados, subieron hasta el departamento del diputado priista coatepecano Roberto Pérez Moreno, “Juanelo”, al cual encañonaron después de abrir la puerta a golpes.
 
Obviamente la esposa e hijos del representante popular del distrito electoral de Coatepec se aterrorizaron.
 
Pérez Moreno se identificó, sacó su credencial que lo acredita como miembro de la LXII Legislatura del estado, pero el que comandaba a los marinos se resistía a creerlo porque presuntamente iban tras otra persona con los mismos apellidos, al cual vinculaban con Osiel Cárdenas Guillén, el ex líder del Cártel del Golfo detenido por elementos del Ejército y de la PGR en marzo de 2003 en Matamoros, Tamaulipas, y extraditado en enero de 2005 a Estados Unidos, donde actualmente purga condena.
 
Según se sabe, el propio Roberto Pérez le comentó de este incidente al gobernador Javier Duarte de Ochoa, principal promotor del homenaje a la Marina Armada y al almirante Saynez.
 
Pero lo más lamentable es que ningún otro miembro del Poder Legislativo alzó la voz para solidarizarse con el diputado de Coatepec, ni siquiera sus propios compañeros de la bancada priista.
 
Es más, ni siquiera lo hizo el presidente de la mesa directiva de la LXII Legislatura local, Eduardo Andrade Sánchez, quien estaba legalmente obligado de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 30 de la Constitución Política del estado de Veracruz que sobre las prerrogativas de los diputados dice textualmente que “el Presidente del Congreso o, en su caso, el de la Diputación Permanente, velarán por el respeto al fuero constitucional de los diputados, así como por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.”
 
Dicho artículo constitucional es muy claro, también, al establecer que “los diputados gozarán de inmunidad por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo, y sólo podrán ser procesados por delitos del orden común cometidos durante el mismo, previa declaración del Congreso de haber lugar a formación de causa.”
 
Pésimo precedente es el que históricamente está por dejar esta Legislatura. Lo más penoso es que la vergüenza seguramente alcanzará a sus descendientes.
 
‘POR TI YA’
 
Por cierto, los “huevudos” diputados de la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura local decidieron no prolongar más de la cuenta los lacrimógenos capítulos de la telenovela titulada “El Auditor General del ORFIS que yo elegí”, por lo que la sesión del pleno en la que habrá de elegirse al nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior, la cual se había programado originalmente para el viernes 28, ha sido adelantada para este miércoles.
 
El propósito sería no prolongar el golpeteo ni exponer más de la cuenta a Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, que es quien encabeza la terna y el aspirante que desde un principio se dio como favorito aunque su trayectoria política y administrativa no sea superior a las de otros de los 56 candidatos que en total participaron en este proceso legislativo y que fueron descartados en la segunda ronda.
 
Portilla, actual director de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado, llegará precisamente a la titularidad del ORFIS porque el actual grupo en el poder necesita de los servicios de un incondicional como él para encubrir sus redes de intereses.
 
Y es que al nuevo auditor general, que será electo para ejercer funciones hasta el año 2018, le corresponderá revisar y presentar ante las próximas dos Legislaturas las cuentas públicas no sólo de la presente administración estatal sino también de los actuales y los próximos ayuntamientos que serán electos en 2013, para cuyas presidencias contenderán en las elecciones locales del año entrante varios de los diputados que este día le darán su voto.
 
A final de cuentas, como se ve, la “autonomía” del órgano fiscalizador y del Poder Legislativo es mero mito.