17 de octubre de 2012
alcalorpolitico.com
La compleja situación de las finanzas de los ayuntamientos veracruzanos augura un delicado último trimestre del año ante las presiones de la población, acreedores y de los propios empleados municipales que muy probablemente habrán de impactar en la estabilidad política y social en buena parte de los 212 municipios.
Para el último año de las administraciones municipales actuales, más de la mitad de los Ayuntamientos estará enfrentando una situación crítica en materia administrativa, que de no paliarse en alguna medida puede tener un importante impacto en los resultados de las elecciones locales del próximo año.
Hoy la principal preocupación de la mayoría de los munícipes es hacer frente a los compromisos de fin de año con acreedores y, sobre todo, con los empleados municipales. Para ello recortan nóminas, cabildean en el Congreso del Estado la posibilidad de adelantos en las participaciones, así como autorizaciones para contratar deuda. Se comenta que, como medida inmediata, han recibido la sugerencia de parte de las autoridades financieras de la entidad de reducir su plantilla laboral en un 20 por ciento.
Esta severa situación que se vive en muchos ayuntamientos se expresa en falta de obra e imposibilidad de reparar caminos, brindar adecuadamente los servicios públicos y mantener acciones de política social para beneficio de la población, por citar algunos casos. A esta problemática mantenida por las administraciones en donde ya los recursos se encuentran comprometidos, se suman los laudos laborales pendientes e impagables, los descuentos de la bursatilización, los conflictos de todo tipo y el cambio de gobierno a nivel federal que de manera temporal rezagará la entrega de participaciones.
Al cierre del 2012, por ejemplo y de acuerdo a datos del Congreso del Estado, los ayuntamientos enfrentan deudas del orden de 500 millones por concepto de juicios laborales y existen mil 200 laudos sin ejecución
Además, la queja recurrente de los ediles es que las haciendas municipales están “desfondadas” ante los constantes recortes del estado y el incremento en el pago de la bursatilización de la tenencia vehicular, lo que les significa descuentos millonarios en sus participaciones.
Ante esta situación y en virtud de las demandas sobre la falta de transferencia de fondos federales de la mayor parte de los municipios, el secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, aseguró que el Gobierno del Estado paga en tiempo y forma las participaciones federales a los municipios que, efectivamente, presentan una reducción porque el Gobierno Federal aplicó un recorte de aproximadamente 1.5 por ciento a los ayuntamientos. El funcionario estatal señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó una disminución en la recaudación, por lo que en automático recortó las participaciones a los ayuntamientos, de tal suerte que en este momento existen 80 millones de pesos menos en arcas de los 212 municipios.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa indicó que en apoyo a las finanzas municipales se analizará caso por caso, pues cada municipio presenta una problemática diferente y que trabajan conjuntamente ayuntamientos y Gobierno estatal en la elaboración de una agenda común para atender la problemática, tal y como se ofreció a la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de filiación panista, con quienes se reunió hace unos días.
Ahora, alcaldes perredistas se entrevistarán con el secretario de finanzas Tomás Ruiz para aclarar la reducción a las participaciones federales y los descuentos de recursos para la bursatilización.
Otro botón de muestra de la crisis en sus finanzas la dio el director del DIF estatal, Juan Antonio Nemi Dib, que hizo público el adeudo de algunos ayuntamientos con el organismo asistencial y que asciende a más de 23 millones de pesos por cuotas de recuperación de apoyos que se les envían para familias de escasos recursos.
Se tiene, asimismo, el registro de al menos 47 ayuntamientos veracruzanos que han solicitado ante el Congreso del Estado el adelanto de sus participaciones federales, lo que implicaría, de aprobarse, mayores ajustes financieros para el último año de gestión.
En opinión de muchos analistas, dirigentes partidistas y ediles de todas las formaciones políticas, si no hay una solución de fondo al problema, muchos ayuntamientos podrían caer en quiebra técnica. Se señala que el problema reside en la enorme deuda que dejaron muchos de los ex alcaldes de las pasadas administraciones, producto del desvío de recursos realizado, sin que las instancias de fiscalización lo hayan sancionado.
Como es evidente, la situación financiera de los ayuntamientos, que se pudo sobrellevar en 2011 ya empieza a hacer crisis. De ahí que empiecen a proliferar las expresiones de protesta en ayuntamientos para exigir el rescate del gobierno estatal o para demandarle que se finquen responsabilidades a ex munícipes por el quebranto de las haciendas municipales.
Pero el hecho concreto es que se avecinan fuertes presiones a los gobiernos municipales por parte de empleados de los ayuntamientos para que reciban las prestaciones de fin de año, lo que puede originar un importante número de palacios municipales tomados, plantones y manifestaciones.
La dimensión del problema, que trasciende la capacidad de los ayuntamientos para el cierre fiscal del ejercicio 2012, requiere una atención integral, tanto de parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación como del Congreso del Estado de Veracruz para atenuar el impacto negativo en el proceso electoral del próximo año.
Esta atención integral al problema financiero y a la herencia de pasivos, irregularidades y daño patrimonial de buena parte de los ex alcaldes, pasaría también por la actuación del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, organismo autónomo que en teoría es el garante de la transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos, para mostrar que va en serio y sin distingos el combate a la impunidad, pues la quiebra de las finanzas en buen parte de los ayuntamientos no se gestó de la nada; hay responsables que deberían ser llamados a cuentas.
El tema es complejo pero de urgente atención, si se quiere desactivar conflictos, asegurar la estabilidad política y la paz social, pero sobre todo responder a la población que cada vez encuentra menos respuesta o de plano no la tiene en los alicaídos y desfondados gobiernos municipales.
[email protected]
Para el último año de las administraciones municipales actuales, más de la mitad de los Ayuntamientos estará enfrentando una situación crítica en materia administrativa, que de no paliarse en alguna medida puede tener un importante impacto en los resultados de las elecciones locales del próximo año.
Hoy la principal preocupación de la mayoría de los munícipes es hacer frente a los compromisos de fin de año con acreedores y, sobre todo, con los empleados municipales. Para ello recortan nóminas, cabildean en el Congreso del Estado la posibilidad de adelantos en las participaciones, así como autorizaciones para contratar deuda. Se comenta que, como medida inmediata, han recibido la sugerencia de parte de las autoridades financieras de la entidad de reducir su plantilla laboral en un 20 por ciento.
Esta severa situación que se vive en muchos ayuntamientos se expresa en falta de obra e imposibilidad de reparar caminos, brindar adecuadamente los servicios públicos y mantener acciones de política social para beneficio de la población, por citar algunos casos. A esta problemática mantenida por las administraciones en donde ya los recursos se encuentran comprometidos, se suman los laudos laborales pendientes e impagables, los descuentos de la bursatilización, los conflictos de todo tipo y el cambio de gobierno a nivel federal que de manera temporal rezagará la entrega de participaciones.
Al cierre del 2012, por ejemplo y de acuerdo a datos del Congreso del Estado, los ayuntamientos enfrentan deudas del orden de 500 millones por concepto de juicios laborales y existen mil 200 laudos sin ejecución
Además, la queja recurrente de los ediles es que las haciendas municipales están “desfondadas” ante los constantes recortes del estado y el incremento en el pago de la bursatilización de la tenencia vehicular, lo que les significa descuentos millonarios en sus participaciones.
Ante esta situación y en virtud de las demandas sobre la falta de transferencia de fondos federales de la mayor parte de los municipios, el secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, aseguró que el Gobierno del Estado paga en tiempo y forma las participaciones federales a los municipios que, efectivamente, presentan una reducción porque el Gobierno Federal aplicó un recorte de aproximadamente 1.5 por ciento a los ayuntamientos. El funcionario estatal señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó una disminución en la recaudación, por lo que en automático recortó las participaciones a los ayuntamientos, de tal suerte que en este momento existen 80 millones de pesos menos en arcas de los 212 municipios.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa indicó que en apoyo a las finanzas municipales se analizará caso por caso, pues cada municipio presenta una problemática diferente y que trabajan conjuntamente ayuntamientos y Gobierno estatal en la elaboración de una agenda común para atender la problemática, tal y como se ofreció a la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de filiación panista, con quienes se reunió hace unos días.
Ahora, alcaldes perredistas se entrevistarán con el secretario de finanzas Tomás Ruiz para aclarar la reducción a las participaciones federales y los descuentos de recursos para la bursatilización.
Otro botón de muestra de la crisis en sus finanzas la dio el director del DIF estatal, Juan Antonio Nemi Dib, que hizo público el adeudo de algunos ayuntamientos con el organismo asistencial y que asciende a más de 23 millones de pesos por cuotas de recuperación de apoyos que se les envían para familias de escasos recursos.
Se tiene, asimismo, el registro de al menos 47 ayuntamientos veracruzanos que han solicitado ante el Congreso del Estado el adelanto de sus participaciones federales, lo que implicaría, de aprobarse, mayores ajustes financieros para el último año de gestión.
En opinión de muchos analistas, dirigentes partidistas y ediles de todas las formaciones políticas, si no hay una solución de fondo al problema, muchos ayuntamientos podrían caer en quiebra técnica. Se señala que el problema reside en la enorme deuda que dejaron muchos de los ex alcaldes de las pasadas administraciones, producto del desvío de recursos realizado, sin que las instancias de fiscalización lo hayan sancionado.
Como es evidente, la situación financiera de los ayuntamientos, que se pudo sobrellevar en 2011 ya empieza a hacer crisis. De ahí que empiecen a proliferar las expresiones de protesta en ayuntamientos para exigir el rescate del gobierno estatal o para demandarle que se finquen responsabilidades a ex munícipes por el quebranto de las haciendas municipales.
Pero el hecho concreto es que se avecinan fuertes presiones a los gobiernos municipales por parte de empleados de los ayuntamientos para que reciban las prestaciones de fin de año, lo que puede originar un importante número de palacios municipales tomados, plantones y manifestaciones.
La dimensión del problema, que trasciende la capacidad de los ayuntamientos para el cierre fiscal del ejercicio 2012, requiere una atención integral, tanto de parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación como del Congreso del Estado de Veracruz para atenuar el impacto negativo en el proceso electoral del próximo año.
Esta atención integral al problema financiero y a la herencia de pasivos, irregularidades y daño patrimonial de buena parte de los ex alcaldes, pasaría también por la actuación del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, organismo autónomo que en teoría es el garante de la transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos, para mostrar que va en serio y sin distingos el combate a la impunidad, pues la quiebra de las finanzas en buen parte de los ayuntamientos no se gestó de la nada; hay responsables que deberían ser llamados a cuentas.
El tema es complejo pero de urgente atención, si se quiere desactivar conflictos, asegurar la estabilidad política y la paz social, pero sobre todo responder a la población que cada vez encuentra menos respuesta o de plano no la tiene en los alicaídos y desfondados gobiernos municipales.
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