Hace un par de meses, en una cena privada, el gobernador Javier Duarte de Ochoa había anticipado que muy posiblemente uno de los diputados federales veracruzanos del PRI recién electo presidiría la Comisión Permanente de Recursos Hidráulicos, una de las más importantes por la magnitud de la problemática y las fuertes inversiones públicas que deberán hacerse en obras de infraestructura para abastecer de agua no sólo a las grandes urbes sino a las regiones productivas del país que cada vez padecen más los efectos del cambio climático.

 

Sin embargo, dicha comisión legislativa –una de las 11 que le tocará presidir a diputados de la bancada del PRD– le fue asignada al perredista Gerardo Gaudiano.

 

No obstante, el diputado priista por Coatepec, Fernando Charleston Hernández, obtuvo la presidencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, la misma que en la LXI Legislatura anterior (2009-2012) le tocó presidir al actual senador veracruzano del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, quien también fue representante popular del mismo distrito electoral federal con cabecera en la ciudad cafetalera.

 

Sólo que en aquella ocasión, dicha distinción al entonces diputado Pepe Yunes no se le atribuyó tanto a la fuerza política del gobernador en turno sino a la relación personal que el joven político nativo de Perote mantenía con Ernesto Cordero Arroyo, a la sazón secretario de Desarrollo Social en el gabinete del presidente Felipe Calderón, con el cual había coincidido como alumno en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

 

Misma amistad que ahora le habría allanado también el camino para presidir la Comisión Permanente de Hacienda en la Cámara alta del Congreso de la Unión, donde Cordero preside la mesa directiva de la actual Legislatura.

 

Y es que tanto en el caso de Pepe Yunes como en el del otro senador priista por Veracruz, Héctor Yunes Landa –quien preside la Comisión Permanente de Protección Civil en el Senado– se le ha atribuido, en buena parte, al empuje y a la fuerza política del gobernador Javier Duarte de Ochoa la distinción asignada a ambos legisladores veracruzanos, pero hay quienes tales nombramientos se lo han atribuido también a los poderosos padrinazgos de otros personajes como el actual coordinador del grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y a Luis Videgaray, el operador político más influyente y cercano al Presidente electo Enrique Peña Nieto.

 

Sin embargo, en el caso del diputado Charleston Hernández –un duartista químicamente puro, cuya incipiente carrera política se la debe sólo al mandatario estatal, quien primero lo nombró subsecretario en la Secretaría de Finanzas y Planeación y luego lo promovió como candidato del PRI a la diputación federal por un distrito del que no es nativo ni era ampliamente conocido–, a nadie le ha quedado la menor duda de que su designación como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión es un mérito absoluto del gobernador de Veracruz, quien a estas alturas ya debe saber también quién se perfila como titular de la Sedesol en la nueva administración federal que a partir del 1 de diciembre próximo encabezará el presidente Peña.

 

Este martes 16, al aprobarse oficialmente su designación en la sesión del Pleno, el diputado Charleston expuso que desde esta posición “todos los veracruzanos, sus alcaldes y por supuesto el gobernador (Javier Duarte), tendrán un aliado para combatir de manera más eficaz y eficiente la pobreza en Veracruz: reforzando los alcances del programa ‘Adelante’ y fortaleciendo también los instrumentos de la actual política social”.

 

El congresista veracruzano agradeció la responsabilidad conferida y se comprometió a trabajar sin distingo partidista, con el único objetivo de eficientar el gasto y las políticas públicas enfocadas al mejoramiento del desarrollo social, pues expuso que 52 millones de mexicanos viven en situación de pobreza, de los cuales 11.7 millones padecen pobreza extrema.

 

 

El reconocido abogado nativo de Tamiahua, José Lima Cobos, quien hasta principios de este año se desempeñaba como magistrado agrario, les acaba de ganar tremendo round jurídico al presidente Felipe Calderón y al Senado de la República, al obtener la protección de la justicia federal luego de que el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, resolvió a su favor el juicio de amparo indirecto 804/2012-VI promovido en contra de actos violatorios emitidos por los representantes de ambos poderes de la Unión.

 

Y es que el 13 de abril de 2012, el presidente Calderón envió al Senado de la República su propuesta de no ratificación de Lima Cobos como magistrado agrario, por lo que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la Cámara alta emitieron 11 días después su respectivo dictamen, acatando las calumnias que en sus escritos produjo en contra del popular abogado veracruzano el jefe del Ejecutivo federal, pese a que Lima Cobos, en su propia defensa, les dijo a los legisladores que el Presidente de la República era un resonador de calumnias –según se escucha en un video–, además de recriminarles con valentía que en este país no había consecuencias ante las complicidades.

 

Sin embargo, el pasado jueves 11 de octubre, el Juzgado Sexto de Distrito del Séptimo Circuito le otorgó a Lima Cobos la concesión de amparo, la cual se hace extensiva también a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable ejecutora, el Presidente del Tribunal Superior Agrario, con sede en México, Distrito Federal, al no reclamarse por vicios propios.

 

Según el resolutivo emitido por la juez Sofía Verónica Ávalos Díaz, se determinó que el proceder de la autoridad responsable se estima “ilegal y violatorio de derechos fundamentales del quejoso, como lo es el de legalidad y seguridad jurídica, pues el Senado de la República, como órgano encargado de resolver en forma objetiva respecto de la ratificación de los funcionarios encargados de ejercer justicia agraria, no tiene limitante alguna para solicitar los medios de prueba conducentes que sean necesarios con el objeto de emitir determinación respecto de la aprobación o no a la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal concerniente a la ratificación o no del quejoso.

 

“De igual forma, la resolución impugnada resulta violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, puesto que, si bien, el órgano legislativo responsable se ocupó de analizar en forma individual los rubros contenidos en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, preinvocados, evaluando al quejoso en cada uno de éstos; no obstante, incurrió en su resolución en vicios de carácter formal como lo es la falta de motivación respecto de la determinación de no ratificación del quejoso como magistrado agrario.