El Dragon Mart no es sólo un archigigantesco mercado de productos chinos. Podría ser también uno de los más grandes meganegocios que suelen tejerse cuando se manejan los hilos de la política, las complicidades y la información privilegiada.

No es un centro comercial más. Es un colosal complejo mercantil en el que todas sus dimensiones son descomunales: se trata de una extensión de 127 mil metros cuadrados tan sólo para el área comercial; ahí se ubicarán 3 mil 40 locales de grandes empresas chinas, aunque se aclara que habrá también 36 empresas mexicanas, básicamente de venta de helados y refrescos; contará con dos naves de almacenaje de 10 mil metros cuadrados cada una; se añaden 102 mil metros más para la construcción de al menos 2 mil viviendas para ejecutivos y empleados chinos que, al incorporar a sus familias, conformarán una colonia de unos 10 mil habitantes; se cobrará una renta de 20 mil dólares al mes por local, lo que arrojará un negocio de más de 60 millones de dólares mensuales sólo por ese concepto; aunque eso no se menciona en el plan inicial, cancunenses bien enterados aseguran que en realidad se trata de un millón de metros cuadrados los que se han negociado, incluyendo reservas de terreno para expansión. Todo ello convierte a Dragon Mart Cancún en el centro de recepción, exhibición, venta y distribución de productos chinos más grande fuera de China: “La puerta de Asia en América Latina”, dicen ufanos sus promotores.

Un proyecto desproporcionado que se fue gestando en las sombras durante al menos ocho años: apenas fue dado a conocer en mayo, con la información a cuentagotas y cuando ya era un secreto a voces. Ahora se sabe que han estado especialmente involucrados los ex gobernadores Joaquín Hendricks, Félix González Canto y el actual Roberto Borge, sobre los que la voz popular hace recaer sospechas de estar en sociedad con empresarios de Monterrey y, por supuesto, con los chinos de la empresa Chinamex, que con apoyos al más alto nivel del actual gobierno calderonista están en el negocio.


Por lo pronto, llaman la atención las increíbles facilidades que los mandatarios de Quintana Roo han dado para la implementación de Dragon Mart. Primero, autorizaron vía Semarnat el desmonte —para empezar— de 500 hectáreas de selva alta de los municipios de Benito Juárez-Cancún y el nuevo de Puerto Morelos en una ubicación ultraprivilegiada a menos de 20 minutos del segundo aeropuerto con más tráfico del país. Por cierto, hasta ahora es un misterio cuánto pagó —o no pagó— Chinamex por el terreno que era propiedad del gobierno estatal y por lo tanto patrimonio de todos los quintanarrooenses. Lo que sí se sabe es que para un manejo tan superlativo de mercancías se requerían grandes ampliaciones en el dragado y en los muelles de Puerto Morelos, con lo que, dicen los lugareños, se destruirá por completo el arrecife natural que resguarda la zona.

Pero el apoyo a ultranza a Dragon Mart no para ahí. El gigante chino ha sido exentado o subsidiado por el pago de casi todos los impuestos: el de traslación de dominio, derechos de registro, impuesto sobre nóminas, pago de licencia de construcción, pago de adquisición de inmuebles y predial por tres años. Y algo importante, si al principio se autorizó como exhibidor estrictamente industrial y de mayoreo, ahora Dragon Mart podrá incluir operaciones con todo tipo de productos y también al menudeo.

Es obvio que la llegada del dragón ha despertado el terror entre industriales y comerciantes de toda la península de Yucatán, que ven en él una competencia desleal y sobreprotegida que significará, además de un desastre ecológico irreparable, la llegada masiva de productos chinos, un desquiciamiento económico y social en la zona y la destrucción de industrias nacionales completas. Así que no será nada remoto que en poco tiempo haya en Cancún letreros que digan “también se habla español”.


@RicardoRocha_MX
[email protected]
Periodista