Antes de ser director de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado, el contador público Lorenzo Antonio Portilla Vázquez fue contralor en el Comité Directivo Estatal del PRI en el proceso electoral local de 2010.

Inclusive, este antecedente partidista fue utilizado mediáticamente por sus detractores que de manera fallida pretendieron descalificarlo como candidato a auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del estado, cargo al que Portilla llegó a finales de septiembre con la espada desenvainada, amagando primero con proceder penalmente en contra de aquellos auditores que de manera directa o a través de intermediarios intenten extorsionar a los entes fiscalizables, y anunciando ahora que a partir de enero próximo el ORFIS hará una depuración del padrón de despachos contables externos que actualmente suman 163.

A mes y medio de haber asumido el cargo de auditor general, Portilla dijo estar comprometido, orgulloso y contento con el trabajo que está desempeñando y sobre todo con su equipo de colaboradores que, asegura, cumplirán y respetarán cabalmente la ley: “Tengo un excelente equipo de colaboradores que están comprometidos a trabajar de una manera honesta, transparente, eficiente, con ética y solvencia moral que nos permitirá que nuestro trabajo, cuando sea juzgado, se asiente que se hizo de acuerdo a lo que la ley obliga”.


Pero el nuevo titular del ORFIS parece olvidar cómo los candidatos de su partido, el PRI, y hasta los de la oposición, suelen operar para ganar las elecciones.

En julio de 2013 habrá comicios para elegir a los 212 presidentes municipales de la entidad, pero desde ahora centenares de precandidatos ya andan estableciendo compromisos con grupos políticos y económicos regionales para financiar sus campañas y la compra de votos.

Y a las mismas prácticas recurrirán también los futuros candidatos a la diputación local, de quienes dependerá la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado en la próxima Legislatura, a la cual, por ley, debe reportar directamente el ORFIS sobre los resultados de las auditorías a los entes fiscalizables, entre ellos los ayuntamientos.


Además, la próxima camada de alcaldes serán los que financiarán parte de las campañas de los siguientes diputados federales en el 2015 y de su candidato a la gubernatura en el 2016.

Por eso no fue casual que a Portilla le impusieran en el ORFIS como director de Auditoría Técnica a la Obra Pública al ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, ex diputado priista por el distrito de San Andrés Tuxtla y ex coordinador estatal de las Juntas de Mejoras.

Sin embargo, Portilla ha informado que para el próximo año se entregará a los entes fiscalizables el Manual de Fiscalización 2013, entre cuyos objetivos se destaca la capacitación a los responsables del manejo de los recursos públicos.


En el caso de los ayuntamientos, dijo, se dará a conocer a los Tesoreros, Directores de Obra Pública y a los Contralores Municipales qué es lo que la ley les obliga para que en el ejercicio de sus funciones sean más ordenados y transparentes, es decir, que su actuación esté apegada a la normatividad.

“Estamos convencidos de que capacitando al personal en lo que debe hacer y cómo debe de hacerlo, deberán disminuir en lo mínimo las observaciones de tipo financiero y técnico; eso es lo que queremos”, argumentó, tras manifestar que en su gestión como auditor general, el ORFIS será un organismo preventivo, técnico, autónomo y de gestión.

Expuso que lo que se pretende es que con el apoyo de los despachos contables externos habilitados y acreditados por el ORFIS, se asesore a los entes fiscalizables para que cuando haya alguna observación se pueda atender en el momento y no esperar a que se solvente luego de la revisión de los estados financieros o de la cuenta pública, cuando pudo subsanarse en tiempo y forma.


Portilla comentó que se les ha comunicado a los entes fiscalizables que cuando tengan dudas respecto a una licitación o sobre la ejecución de alguna obra, que acudan al órgano fiscalizador para recibir orientación y asesoría.

Y es que el titular del ORFIS tiene bastante claro lo que está por empezar a ocurrir ahora que el Congreso de la Unión acaba de aprobar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que forzará a transparentar y armonizar la información financiera relativa a la distribución de los recursos públicos.

Y es que esta nueva ley ha creado no sólo reglas para combatir la corrupción sino para instaurar también un sistema de operación del presupuesto a los niveles federal, estatal y municipal.


Eso sí, los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como los gobernados por usos y costumbres, podrán acceder a recursos federales dirigidos a capacitación y desarrollo técnico.

Pero también fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable que emitirá normas y formatos para dar cumplimiento, a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, al título Quinto de la Ley relativo a la Transparencia y Difusión de la Información Financiera.

Por si fuera poco, esta nueva ley federal considerará como una “infracción grave” cuando el servidor público incurra en omisión dolosa o cause daño a la hacienda pública. Y prevé imponer una pena de 2 a 7 años de prisión, y multa de 500 a mil salarios mínimos, a quien incurra en opacidad o vulnere la hacienda pública de forma dolosa, incluidos los gobernadores o alcaldes, de comprobarse su participación.


Además exigirá que los registros de contabilidad de cada entidad y municipio sean publicados en las páginas institucionales de cada gobierno. Las administraciones estatales están obligadas a instrumentar este ordenamiento a más tardar en diciembre de 2013, mientras que las municipales tendrán de plazo máximo hasta 2014. En el caso de los ayuntamientos más pobres recibirán una prórroga y hasta apoyo financiero.

Ante este nuevo marco legal que exigirá mayor transparencia gubernamental, a ver cuántos de los nuevos alcaldes veracruzanos se llevan tremendo chasco cuando descubran que ya no podrán operar con la misma opacidad para recuperar la inversión de sus dispendiosas campañas electorales o para autopromoverse a otros cargos públicos o de elección popular.

Para colmo, en la entidad, el nuevo auditor general del ORFIS ya advirtió también que no permitirá que funcionarios estatales y municipales malversen los recursos públicos, y hasta amagó con proceder penalmente contra los auditores que los extorsionen y encubran.


Habrá que ver, por lo mientras, cuántos de los 163 despachos contables externos registrados actualmente en el padrón del ORFIS son “depurados” en enero próximo.