La certificación de un profesional supone la comprobación institucional de que éste posee los conocimientos, habilidades y aptitudes, requeridos para el puesto y actividades a desempeñar. Observadores ciudadanos y analistas de medios coinciden en que la disminución de la delincuencia en el país no será posible sin la certificación de las policías existentes. Profesionalizar este sector es una tarea pendiente.

La certificación de candidatos a puestos del poder ejecutivo, legislativo o judicial sería una tarea tanto o más importante que aquella, pues no se trata solamente de “guardar el orden” sino de generarlo. Las autoridades de cualquier nivel deberían cubrir un perfil singular, el del liderazgo en el servicio público; los rasgos para esta certificación consistirían, no sólo en los requerimientos electorales, sino en las competencias para la organización y las virtudes éticas que supone el servicio a una colectividad.

En la carencia de esas cualificaciones radica la falla de nuestros “servidores”. Trascribo cinco notas de primera plana, publicadas por el periódico Reforma, los días 15, 17, y 23 de octubre; 6 y 7 de noviembre, todas de 2012, en ese orden.


 “Los siete Magistrados del Tribunal Electoral Federal cuentan con un ejército de asesores cuyo costo asciende a 173 millones de pesos al año… un staff de 145 personas, algunos de los cuales gozan de percepciones netas anuales que alcanzan los 1.9 millones de pesos…”

 “La mordida es más frecuente al cubrir faltas administrativas, infracciones de tránsito y verificación vehicular, así como en trámites sobre uso de suelo, indica la primera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011; INEGI…37.1% de las personas encuestadas admitió haber recurrido al soborno…”

 “Escenas de pánico y desesperación se vivieron ayer en la autopista federal México - Querétaro debido a una fuga de gas que se originó en una toma clandestina instalada en un gasoducto de Pemex”.


 “Gasta 16 millones Cué en su oficina. Coloca sistema de voz, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, y muebles de madera”.

 “El ex Alcalde de Tapachula-…- vendió 70 vehículos en sólo 140 mil pesos argumentando que eran desechos ferrosos a pesar de que al menos 4 de ellos eran de modelo reciente y estaban en buen estado, denunció el actual Ayuntamiento”.

Las notas reflejan excesos en los gastos de la autoridad, contubernio ciudadano, negligencia institucional, fraude. Las causas son múltiples, pero hay una históricamente probada: la impunidad. El peor daño de la corrupción a la sociedad es la pérdida de credibilidad en sus líderes, con lo cual, ellos mismos acaban con el principio de autoridad, que es indispensable para la construcción de una comunidad.


Los partidos políticos establecen requisitos para la asignación de candidaturas. Sin embargo, no se ocupan de lo evidente: deshonestidad, trampa, engaño, incapacidad organizativa, apropiación de los bienes públicos, ¿Pero les importa?

Parece impensable someter a los funcionarios a una certificación externa, ciudadana. Las elecciones y el seguimiento puntual de las acciones de gobierno son el instrumento. La ley General de Contabilidad recién aprobada por las cámaras puede convertirse en una herramienta para la evaluación de las obras y acciones gubernamentales, pero los ciudadanos necesitan conocerla y organizarse para vigilar su cumplimiento.