Tres días después de la ceremonia del segundo informe del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el mandatario veracruzano será políticamente arropado por sus correligionarios en otro acto que tendrá lugar el domingo 18 en el mismo World Trade Center de Boca del Río.

 

Y es que para ese día, a las 11:00 horas, han sido convocados los consejeros estatales del PRI, los cuales habrán de deliberar y resolver un asunto de gobierno de su instituto político, ya que el periodo para el que originalmente fue electo el ahora diputado local Jorge Carvallo Delfín, en noviembre de 2008, y que luego fue continuado por Ranulfo Márquez Hernández, Héctor Yunes Landa y en la actualidad por Erick Lagos Hernández, estatutariamente concluye el próximo día 20.

 

Sin embargo, como el Artículo 9 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos del Partido Revolucionario Institucional estipula muy claramente que “el proceso de renovación de los dirigentes por término de periodo, no debe coincidir con ningún proceso interno para postular candidatos del mismo nivel, o entre el inicio del proceso y el día de cómputo de una elección constitucional del mismo nivel”, todo parece indicar que los consejeros estatales del PRI optarán por aprobar provisionalmente una prórroga a la actual dirigencia que encabeza Lagos Hernández, quien por el momento está inmerso en la selección de los futuros candidatos priistas a las alcaldías y diputaciones que contenderán en las elecciones locales de julio de 2013.

 

 

Por cierto, el que anduvo ayer por la capital del estado fue el alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, quien la semana antepasada, con el padrinazgo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, “hermanó” a su municipio con el del puerto de Tuxpan, donde gobierna Alberto Silva Ramos, otro fuerte activo del priismo veracruzano.

 

Después de cumplir con otros compromisos inherentes a la administración municipal que preside, Manzur se reunió a comer este miércoles en Xalapa con tres ex dirigentes estatales del PRI: Carlos Brito Gómez, Guillermo Zúñiga Martínez y Gonzalo Morgado Huesca.

 

 

Donde acaba de darse un cambio es en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) que todavía encabeza Marco Antonio Aguilar Yunes, fuerte prospecto para la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Córdoba.

 

El gentil abogado coatepecano Armando López Contreras dejó la Secretaría Técnica de la STPSyP y en su lugar fue designado Ángel Lara Platas, ex director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Xalapa.

 

Según trascendió, en un acto de congruencia y honestidad políticas, López Contreras decidió separarse de este cargo en el gobierno estatal para dedicarse de tiempo completo al proyecto político de otro entrañable amigo que rebasa el proceso electoral local de 2013.

 

 

En cambio, desde hace más de 45 días se encuentra acéfala la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, pues su ex titular, Fernando Vázquez Maldonado, fue nombrado desde finales de septiembre pasado como subprocurador de Justicia Zona Veracruz en sustitución de Gerardo Cruz Tejeda, quien supuestamente ocuparía el cargo que en Xalapa dejó vacante su sucesor.

 

Sin embargo, hasta la fecha, Cruz Tejeda –sobrino de Mario Tejeda Tejeda, director general de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado– no ha asumido aún la titularidad de este organismo público centralizado de la Secretaría de Gobierno, el cual tampoco cuenta con la subdirectora, ya que Liliana Yunes Yunes, hija del senador priista Héctor Yunes Landa, también habría renunciado en octubre con motivo de su enlace matrimonial.

 

 

Los que acaban de recibir un duro revés son los ex trabajadores jubilados y pensionados que perciben los más altos ingresos.

 

Y es que a principios de esta semana, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el cobro de Impuesto sobre la Renta a las pensiones y jubilaciones, al rechazar amparos que buscaban una exención total de este gravamen.

 

Por unanimidad en casi todos los temas, el Pleno de la Corte avaló el artículo 109 fracción tercera, de la Ley del ISR, que actualmente sólo exenta las pensiones hasta por un monto de 15 salarios mínimos diarios –unos 28 mil pesos mensuales, aproximadamente–, pero grava con la tasa normal del impuesto a los ingresos que rebasen esa cantidad.

 

De 2002 a 2012, periodo en el que se promovieron los amparos, el tope para la exención fue equivalente a 9 días de salario mínimo, pero una reforma de mayo pasado lo elevó a 15 días, con lo que solo se está aplicando ISR a pensiones que son claramente superiores al promedio que percibe cualquier afiliado al IMSS.

 

Los ministros determinaron que la exención parcial no viola principios de equidad o proporcionalidad tributaria, ni la seguridad jurídica, ni convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regulan el tema de las jubilaciones.