La semana antepasada, en su edición 1881 del domingo 18 de noviembre, el semanario “Proceso” destacó en su portada el reportaje titulado “La Barbie tira el caso de los Generales”.

El artículo se refería al caso de los militares de alto rango Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Vargas Escorcia, Rubén Pérez Ramírez, al mayor Iván Reyna Muñoz y al coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, los cuales fueron detenidos a mediados de mayo de este año y procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hasta el momento de su detención, Hernández Soto se desempeñaba como subsecretario B de Seguridad Pública en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, cargo desde el cual se presume debió tener acceso a las grabaciones de las videocámaras ubicadas sobre el bulevar boqueño “Adolfo Ruiz Cortines”, donde en septiembre de 2011 fueron arrojados 35 cadáveres de presuntos “Zetas” por supuestos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación que inexplicablemente, a media tarde, lograron violar el hermético cerco militar que había sido montado en ese perímetro de la principal zona hotelera en la que al día siguiente tendría lugar la reunión nacional de procuradores de justicia.


Y es que una de las versiones que en su momento corrió fue que los también llamados “Mata-Zetas” eran, en realidad, miembros de un grupo paramilitar que habría llegado a “limpiar” esta zona conurbada, buscando exterminar a los delincuentes vinculados al cártel de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño.

Estos operativos, en los cuales fueron victimados varios periodistas porteños, “calentó” además la plaza en la víspera de la elección federal, cuyos comicios perdieron en julio de este año todos los candidatos del PRI en los distritos de Veracruz y Boca del Río.

El pasado 26 de septiembre, a casi dos meses de que concluya la administración del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, el capo Edgar Valdez Villarreal, (a) “La Barbie”, uno de los principales testigos en cuyas declaraciones ministeriales se ha basado el proceso penal iniciado a Hernández Soto y a los otros cuatro Generales involucrados presuntamente en el juego sucesorio por el control de la Secretaría de la Defensa Nacional en el próximo sexenio que encabezará el priista Enrique Peña Nieto, fue presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, para una diligencia clave en el caso de la PGR en contra del ex subsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, del mayor Reyna y de los generales Ángeles Dauahare, Vargas Escorcia, Dawe y Pérez Ramírez.


De acuerdo con la información que la revista “Proceso” obtuvo de esa diligencia, “La Barbie” amplió su declaración inicial y afirmó ante el juez Raúl Valerio Ramírez que el pasado 21 de mayo –días después de la detención de los oficiales del Ejército–, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) lo visitaron en el penal del Altiplano. El capo aseguró que fue hostigado y amenazado para que declarara contra los militares y que le mostraron fotografías para que los identificara, aunque él afirma que les dijo que no los conocía.

“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal al juez que lleva la causa penal.

“La primera vez que vinieron les indiqué que tenía que hablar con mi licenciado, que estaba en Estados Unidos de América, para ver si me convenía o no”, narró.


Ahora, a unas cuantas horas de que el presidente Calderón Hinojosa entregue la Presidencia de la República al priista Peña Nieto, el diario “Reforma” publicó una carta firmada por “La Barbie”, la cual le fue entregada al periódico capitalino por la abogada Eréndira Joselyn Guerra Gutiérrez, titular de la defensa de Valdez Villarreal, quien explicó que su cliente puede ser extraditado en cualquier momento a Estados Unidos y que lo único que él quiere es que “se esclarezcan los hechos y se haga justicia”.

Pero en esta misiva “La Barbie”, ligado al Cártel de los Beltrán Leyva, no se refiere al caso de Hernández Soto y de los Generales coacusados por presuntos vínculos con el narcotráfico, sino que señala directamente al presidente Calderón de haber buscado pactar con los cárteles de la droga, y denuncia que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otros altos funcionarios de la SSP federal recibían desde 2002 –cuando operaban desde la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio del presidente Vicente Fox– pagos de los narcotraficantes y que además han tomado como botín los decomisos de droga, joyas, relojes, dinero y automóviles que realizan.

“...Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que a un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”, afirma en su carta Valdez Villarreal, quien además asegura que fue detenido el 30 de agosto de 2010 por haberse negado a participar en un acuerdo que el presidente Calderón presuntamente quería hacer con los principales cárteles de la droga.


“Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de delincuencia organizada para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada”, refiere “La Barbie”, quien refiere también que el General Mario Arturo Acosta Chaparro, ejecutado en abril de este año, fue el intermediario del gobierno calderonista para sostener reuniones con capos a fin de lograr el acuerdo.

“Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país”, remata el narcotraficante.

¡Sopas! ¿Habrá consecuencias? Ya se verá dentro de unos días. Por lo mientras, Peña Nieto ha decidido desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y, en su equipo de transición, nombró como coordinador de esta área a Roberto Campa Cifrián, enemigo acérrimo de García Luna desde que éste, como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), de deshizo de él al boletinar falsamente su renuncia “irrevocable” al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en septiembre de 2008, recién iniciado el sexenio de Calderón.