Sr. Lic. Jesús Murillo Karam, me dirijo a usted con profundo respeto dada su investidura. El privilegio del tuteo ya será para otras ocasiones. Déjeme decirle también que lo he tenido siempre por hombre honesto, decente y eficaz en todos los cargos públicos que ha desempeñado; a veces muy firme y hasta duro, pero siempre sustentando su proceder en principios de ética y valores universales. Con base a ello es que me dirijo públicamente a usted para llamar su atención hacia un caso que, aunque aparentemente pequeño y focalizado, en realidad nos incumbe a todos los mexicanos por lo que representa y tiene de paradigmático.

Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, tres ciudadanas mexicanas —indígenas ñha ñhus— fueron acusadas en 2006 de haber secuestrado a seis agentes federales en la plaza de su pueblo, Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Cuando en realidad lo que ocurrió fue que en un acto fuenteovejunesco los agentes fueron cercados y retenidos durante tres horas por unos 200 lugareños cansados de los destrozos y extorsiones de quienes con el pretexto de “operativos antipiratería” se llevaban o les destruían su mercancía.

Enfurecidos por el ridículo, durante días y semanas los agentes urdieron su venganza y ubicaron a Jacinta, Alberta y Teresa basados en fotografías de la prensa que acudió al lugar y en testimonios de oídas. Luego, las tres fueron engañadas; con mentiras las llevaron directamente a la cárcel femenil, sin abogado ni traductor y sin que al menos dos de ellas —que no hablaban español— entendieran de que las acusaban. Eso sí que fue un secuestro.


Comenzó de ese modo un proceso vergonzante en el que afloraron las pruebas falsas y prefabricadas así como las contradicciones entre los seis forzudos agentes que insistían en haber sido secuestrados por las tres mujeres. De nada valieron las recomendaciones de la CNDH: fueron sentenciadas a 21 años de prisión por el delito de secuestro, dando inicio a una larga batalla humanística, mediática y legal.

Para vergüenza de este país, Amnistía Internacional las declaró “presas de conciencia” y el Instituto Nacional de las Mujeres afirmó que había elementos suficientes para liberarlas. Todo fue inútil, la PGR insistió en su acusación.

El entonces gobernador de Querétaro, el panista Francisco Garrido Patrón, jamás las apoyó frente al gobierno federal también panista de Felipe Calderón, que era quien las acusaba.


El caso se mantuvo en la opinión pública gracias a la defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a la presión mediática a nivel internacional y que en el plano nacional se sintetizó en una frase que se repitió de boca a boca: “Yo soy Jacinta”.

Por esos días y luego de múltiples entrevistas e indagatorias periodísticas, me tocó testimoniar la visita que el gobernador priísta José Calzada junto con el entonces senador Manlio Fabio Beltrones hicieron a la prisión para brindarles su apoyo.

Yo creo que, si así lo considera, ellos podrían explicarle por qué el caso fue llevado al Senado y luego hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la ministra Olga Sánchez Cordero encontró graves irregularidades en el proceso. Hasta que al fin, Jacinta primero y Alberta y Teresa meses después, fueron puestas en libertad. Sí, pero habían perdido cuatro años de su vida. Y usted bien sabe que la justicia a medias no es justicia.


De eso, precisamente trata esta carta. De la reparación del terrible daño moral, físico y patrimonial que injustamente se infligió a estas tres mexicanas cuyos únicos delitos han sido: ser mujeres, ser indígenas y ser pobres.