7 de enero de 2013
alcalorpolitico.com
Basta escuchar y leer las frases desproporcionadas, meros dislates del infame Sheriff Joe Arpaio, elegido por sexta vez en Arizona, como “cazador” de indocumentados en la frontera, para darse una idea clara de la mentalidad militarista, arcaica, intervencionista, además de racista y profundamente despreciativa, que la mayoría de los estadunidenses practican y ejercen en base a su “legítimo derecho a defenderse” contra todo y todos aquellos que les signifiquen una “amenaza”. Y se lanza el pintoresco alguacil: “Creo que debemos de ayudar a México entrando allí con nuestra Patrulla Fronteriza y nuestros militares, trabajando juntos para tratar de aliviar las masacres de los cárteles…”
Esta es la esencia de la cultura rancia del “excepcionalismo” de Estados Unidos, que dicta que, por alguna razón divina o desconocida, son el pueblo bendecido para instituirse como guardianes y salvadores del mundo y del mal, desde su punto de vista.
Con esta visión sobre sí mismos y de su destino, han desatado guerras, invasiones, imposiciones, sujeciones sobre otros pueblos e incluso contra los suyos. No se descubre el hilo negro cuando se asevera que nuestros vecinos nacen con la vena de la cultura de la guerra, la autodefensa, la muerte y la violencia. Y que la raíz del miedo es la justificación.
No debería importarnos tanto su engreimiento sangriento, si no fueran las armas mortales, compradas, sin ninguna restricción o regulación, en las más de 8 mil armerías en la frontera norte, las que usan los criminales para matarse y masacrar a inocentes mexicanos, civiles, militares y policiales, en su disputa cruel de territorios nuestros, para sus actividades espeluznantes. Y que ese libertinaje, amparado en la Segunda Enmienda de la Constitución de EUA, que da derecho a todo ciudadano de allá, a poseer armas para defenderse por sus propios medios y manos, sea el origen de la dimensión de la violencia que padecen regiones del país.
Hay una relación entre el número de armas vendidas en EUA, que entran a México, con el número de homicidios cruentos vinculados al crimen organizado. Hay una implicación lamentable entre la derogación de hace 9 años, de la Prohibición de Armas de Asalto en EUA con el incremento de muertes y encuentros violentos criminales, aquí y allá.
Si bien a los estadunidenses y sobre manera al Congreso, les preocupa la situación de inseguridad que se vive de este lado, aún y pese a los constantes llamados y exigencia del Gobierno Federal, el anterior y el entrante; de los gobiernos centroamericanos y, de organizaciones sociales mexicanas, para impulsar una iniciativa legal que regule la venta de armas largas y de uso exclusivo del ejército, nada o poco han hecho los vecinos y su gobierno.
Lo inexplicable es que no renuncien al jugoso negocio de la venta de armas y a los suculentos impuestos que recauda el gobierno federal de EUA, por permisos de compra, venta y portación y posesión, cuando han sido niños y personas inocentes, sus propios “american citizens”, los caídos por misma cultura, misma omisión, misma desregulación.
Esta es la realidad. No hay cifras redondas, porque hay venta ilegal, pero se estima que en EUA hay 270 millones de armas en manos de civiles. Un sondeo de la encuestadora Gallup reveló hace unos meses que en 47% de los hogares estadunidenses hay armas de fuego.
En noviembre pasado, ante la eventual victoria de Obama en las urnas y el temor de llevar a cabo cierta pretensión de regular o prohibir la venta de armamento, las principales firmas fabricantes, como la Hyatt Gun Shop y la potente Sturm Roger & Co, revelaron que sus ganancias fueron multiplicadas al 30% y de 2 a 15% en promedio y respectivamente, durante los primeros cuatros años de gobierno.
El llamado “Efecto Obama” y la campaña contra, que desató la poderosísima Asociación Nacional del Rifle, que erogó 5.7 millones de dólares para presentarlo como el enemigo de las armas, benefició a la industria, particularmente a la compañía Ruger y Smith & Wesson, que acapara el 30% de la fabricación de armas, pistolas y revólveres en ese país y que ha estado operando a su máximo, los últimos tiempos.
Lo curioso es que en campaña, Obama poco o nada se comprometió sobre regular o prohibir la venta de armas. Después, ganó la elección. Triunfo que significó, más dinero, millones en los bolsillos y las cuentas de los grandes productores y comercializadores de la violencia armada.
Y pese a diversos episodios inconcebibles y agraviantes, como el atentado contra una legisladora y luego, la balacera en un cine y otros feroces desenlaces en escuelas de la Unión Americana, nadie se imaginó el horror de la matanza de 20 niños, en una escuela de Newtown, en Connecticut, que estrujó al mundo e hizo llorar a Obama en público, lo que resucitó el debate para reeditar la “Assault Weapons Ban”, que expiró en 2004.
Arrinconado en la congruencia, el Presidente Obama hubo de instruir a sus asesores a analizar la posibilidad de reeditar la prohibición para armas largas y armas de asalto; incluso pidió a la eterna Senadora demócrata Diane Feinstein, impulsar la reintroducción de la ley expirada, en el Congreso, para medir fuerzas y reacciones; pero hoy, la opinión pública sigue inexplicablemente dividida, con todo y el dolor del infanticidio.
Según sondeos del diario The Washington Post y de la Cadena televisiva ABC, hay un 52% de estadunidenses que apoyan la prohibición, contra el 44 % que neciamente rechaza una nueva iniciativa.
Acorde a otro rastreo ciudadano, realizado por la Revista Slate, desde el día macabro, el 14 de diciembre y hasta el 29, develó que 321 personas murieron o fueron heridas por armas de fuego. Otra fuente de estadísticas, el Centro Brady para el Control de Armas, afirmó que cada año caen heridas por balazos, unas 100 mil personas y otras 30 mil mueren por ataques de armas, en aquel país.
Y el colmo. Ante el recobro de fuerza de la posible restricción legal, las ventas de armas de combate militar a civiles ¡han subido! Y la clientela en campos de tiro ¡se ha desatado!
Peor, el dirigente de la Asociación Nacional del Rifle, que insiste en pagar anualmente, millones de dólares a cabilderos y legisladores para detener la prohibición o regulación y que es brazo social de apoyo y de recursos, a políticos republicanos y del Tea Party ha recomendado que policías armados resguarden las escuelas contra posibles agresores dementes ¡Vaya! Su gran solución es combatir la violencia armada con la violencia en las aulas.
Y uno se pregunta ¿Quién es más irracional? El que ejerciendo su derecho constitucional de poseer un arma, mata a quien se le atraviese o quienes venden y defienden el magno negocio de la muerte.
En la nación que impone y propaga, por todos los medios, los principios liberales y los valores democráticos, el dilema está entre defenderse y protegerse o matarse los unos a los otros. Este es su gran debate.
[email protected]
Esta es la esencia de la cultura rancia del “excepcionalismo” de Estados Unidos, que dicta que, por alguna razón divina o desconocida, son el pueblo bendecido para instituirse como guardianes y salvadores del mundo y del mal, desde su punto de vista.
Con esta visión sobre sí mismos y de su destino, han desatado guerras, invasiones, imposiciones, sujeciones sobre otros pueblos e incluso contra los suyos. No se descubre el hilo negro cuando se asevera que nuestros vecinos nacen con la vena de la cultura de la guerra, la autodefensa, la muerte y la violencia. Y que la raíz del miedo es la justificación.
No debería importarnos tanto su engreimiento sangriento, si no fueran las armas mortales, compradas, sin ninguna restricción o regulación, en las más de 8 mil armerías en la frontera norte, las que usan los criminales para matarse y masacrar a inocentes mexicanos, civiles, militares y policiales, en su disputa cruel de territorios nuestros, para sus actividades espeluznantes. Y que ese libertinaje, amparado en la Segunda Enmienda de la Constitución de EUA, que da derecho a todo ciudadano de allá, a poseer armas para defenderse por sus propios medios y manos, sea el origen de la dimensión de la violencia que padecen regiones del país.
Hay una relación entre el número de armas vendidas en EUA, que entran a México, con el número de homicidios cruentos vinculados al crimen organizado. Hay una implicación lamentable entre la derogación de hace 9 años, de la Prohibición de Armas de Asalto en EUA con el incremento de muertes y encuentros violentos criminales, aquí y allá.
Si bien a los estadunidenses y sobre manera al Congreso, les preocupa la situación de inseguridad que se vive de este lado, aún y pese a los constantes llamados y exigencia del Gobierno Federal, el anterior y el entrante; de los gobiernos centroamericanos y, de organizaciones sociales mexicanas, para impulsar una iniciativa legal que regule la venta de armas largas y de uso exclusivo del ejército, nada o poco han hecho los vecinos y su gobierno.
Lo inexplicable es que no renuncien al jugoso negocio de la venta de armas y a los suculentos impuestos que recauda el gobierno federal de EUA, por permisos de compra, venta y portación y posesión, cuando han sido niños y personas inocentes, sus propios “american citizens”, los caídos por misma cultura, misma omisión, misma desregulación.
Esta es la realidad. No hay cifras redondas, porque hay venta ilegal, pero se estima que en EUA hay 270 millones de armas en manos de civiles. Un sondeo de la encuestadora Gallup reveló hace unos meses que en 47% de los hogares estadunidenses hay armas de fuego.
En noviembre pasado, ante la eventual victoria de Obama en las urnas y el temor de llevar a cabo cierta pretensión de regular o prohibir la venta de armamento, las principales firmas fabricantes, como la Hyatt Gun Shop y la potente Sturm Roger & Co, revelaron que sus ganancias fueron multiplicadas al 30% y de 2 a 15% en promedio y respectivamente, durante los primeros cuatros años de gobierno.
El llamado “Efecto Obama” y la campaña contra, que desató la poderosísima Asociación Nacional del Rifle, que erogó 5.7 millones de dólares para presentarlo como el enemigo de las armas, benefició a la industria, particularmente a la compañía Ruger y Smith & Wesson, que acapara el 30% de la fabricación de armas, pistolas y revólveres en ese país y que ha estado operando a su máximo, los últimos tiempos.
Lo curioso es que en campaña, Obama poco o nada se comprometió sobre regular o prohibir la venta de armas. Después, ganó la elección. Triunfo que significó, más dinero, millones en los bolsillos y las cuentas de los grandes productores y comercializadores de la violencia armada.
Y pese a diversos episodios inconcebibles y agraviantes, como el atentado contra una legisladora y luego, la balacera en un cine y otros feroces desenlaces en escuelas de la Unión Americana, nadie se imaginó el horror de la matanza de 20 niños, en una escuela de Newtown, en Connecticut, que estrujó al mundo e hizo llorar a Obama en público, lo que resucitó el debate para reeditar la “Assault Weapons Ban”, que expiró en 2004.
Arrinconado en la congruencia, el Presidente Obama hubo de instruir a sus asesores a analizar la posibilidad de reeditar la prohibición para armas largas y armas de asalto; incluso pidió a la eterna Senadora demócrata Diane Feinstein, impulsar la reintroducción de la ley expirada, en el Congreso, para medir fuerzas y reacciones; pero hoy, la opinión pública sigue inexplicablemente dividida, con todo y el dolor del infanticidio.
Según sondeos del diario The Washington Post y de la Cadena televisiva ABC, hay un 52% de estadunidenses que apoyan la prohibición, contra el 44 % que neciamente rechaza una nueva iniciativa.
Acorde a otro rastreo ciudadano, realizado por la Revista Slate, desde el día macabro, el 14 de diciembre y hasta el 29, develó que 321 personas murieron o fueron heridas por armas de fuego. Otra fuente de estadísticas, el Centro Brady para el Control de Armas, afirmó que cada año caen heridas por balazos, unas 100 mil personas y otras 30 mil mueren por ataques de armas, en aquel país.
Y el colmo. Ante el recobro de fuerza de la posible restricción legal, las ventas de armas de combate militar a civiles ¡han subido! Y la clientela en campos de tiro ¡se ha desatado!
Peor, el dirigente de la Asociación Nacional del Rifle, que insiste en pagar anualmente, millones de dólares a cabilderos y legisladores para detener la prohibición o regulación y que es brazo social de apoyo y de recursos, a políticos republicanos y del Tea Party ha recomendado que policías armados resguarden las escuelas contra posibles agresores dementes ¡Vaya! Su gran solución es combatir la violencia armada con la violencia en las aulas.
Y uno se pregunta ¿Quién es más irracional? El que ejerciendo su derecho constitucional de poseer un arma, mata a quien se le atraviese o quienes venden y defienden el magno negocio de la muerte.
En la nación que impone y propaga, por todos los medios, los principios liberales y los valores democráticos, el dilema está entre defenderse y protegerse o matarse los unos a los otros. Este es su gran debate.
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