8 de enero de 2013
alcalorpolitico.com
A mediados de 2011, cuando en Xalapa hizo crisis la escalada de violencia, el Gobierno del Estado asumió el mando y la operación del servicio público de tránsito y vialidad del municipio capitalino, pues se detectó que al igual que en otras ciudades como el puerto de Veracruz y Boca del Río, la delincuencia organizada tenía infiltradas estas áreas municipales.
Y es que dos años antes, en junio de 2009, en el puerto jarocho causó conmoción el secuestro del administrador de la Aduana Marítima, Francisco Serrano Aramoni, quien hasta el momento aún permanece en calidad de “desaparecido” ya que todavía no aparece vivo ni muerto aunque en 2010 el presidente Felipe Calderón cometió el desliz de dar por hecho su fallecimiento.
El plagio del funcionario calderonista habría sido facilitado por agentes de tránsito del ayuntamiento porteño al detener su vehículo por un supuesto incidente vial.
Por eso, cuando en Xalapa comenzaron a incrementarse los enfrentamientos de las fuerzas policiacas del estado y federales con las bandas criminales, una de las primeras medidas para garantizar el orden y la seguridad pública fue asumir el mando y la operación del servicio público de tránsito y vialidad, para lo cual fue legalmente necesario que el Ayuntamiento capitalino lo solicitara de manera formal al gobernador Javier Duarte de Ochoa, el cual, a su vez, emitió a finales de junio de 2011 el decreto respectivo que cobró vigencia una semana después al publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.
Dieciocho meses después de esta decisión, la percepción generalizada entre los xalapeños es que la seguridad ha sido restablecida en buena medida en la capital. Sin embargo, el problema del tránsito y la vialidad se ha complicado gravemente en Xalapa sin que las autoridades municipales puedan hacer algo porque no tienen el control directo de este servicio público que constitucionalmente le compete regular al ayuntamiento.
El colmo se dio a principios de diciembre pasado, cuando de manera unilateral y sin previo aviso al cuerpo edilicio, la Dirección de Tránsito del Estado decidió cambiar el sentido vial de la calle Miguel Barragán, en pleno centro histórico de la ciudad, el cual, en vez de desahogar congestionó aún más el tráfico en las calles de Zaragoza y Allende, en la desembocadura de la cochera de Palacio de Gobierno.
Ante los airados reclamos que hicieron directamente a su oficina de Palacio Municipal los centenares de taxistas y automovilistas que diariamente tiene que circular por ahí, el regidor panista Omar Miranda Romero, titular de la comisión edilicia de Tránsito y Vialidad, afirmó que esa decisión no les fue comunicada oportunamente por la dependencia del gobierno estatal.
Miranda, quien desde agosto de 2012 había declarado en conferencia de prensa que los ediles andaban solicitando una audiencia para que el director de Tránsito del Estado, Roberto López Santoyo, los recibiera a fin de encontrar una solución viable e integral a la grave problemática del tráfico vehicular en las principales arterias de la ciudad, recriminó a propósito del caso de la calle Miguel Barragán, que “de alguna forma esto es muy lamentable porque lo primero que debió haber hecho la dependencia estatal era informar a los ciudadanos y al ayuntamiento de Xalapa, pero no lo hizo y eso es un claro ejemplo de la nula voluntad de coordinación que existe por parte de la Dirección de Tránsito del Estado hacia el ayuntamiento local”.
El edil del partido blanquiazul, quien intentó deslindarse de los reproches hechos en las redes sociales y portales de internet por los irritados conductores, catalogó la decisión de la Dirección de Tránsito del Estado como irresponsable porque se ejecutó sin que se informara previamente a la ciudadanía ni a la autoridad municipal. “Con este tipo de cambios de circulación que se hacen de forma imprevista se pueden ocasionar accidentes debido a que no hay señalética, además de que nadie sabía del cambio de sentido en la vialidad”, dijo Miranda Romero.
El caos vehicular en Xalapa será una bandera más que en la próxima elección municipal tomarán en sus campañas los candidatos de la oposición, pues existe un marcado malestar no sólo entre los capitalinos que poseen un automóvil sino también entre los miles de taxistas, comerciantes y ciudadanos en general que diariamente pierden tiempo y dinero para trasladarse a sus lugares de trabajo, comercios, centros de estudios o simplemente puntos de reunión. Este problema, por lo mientras, ha comenzado a ser abordado mediáticamente por algunos aspirantes a la alcaldía como Dulce María Dauzón, del Partido Movimiento Ciudadano, y Abel Cuevas Melo, del PAN.
En el Palacio Municipal también debe existir malestar y preocupación entre algunos ediles priistas, pero por obvias razones de institucionalidad prefieren evadir este espinoso asunto que socialmente resulta cada vez más sensible.
Y es que ellos difícilmente le van a exigir al gobernador Javier Duarte que ahora que prácticamente se ha normalizado la seguridad en Xalapa vuelva a municipalizarse el servicio público de tránsito y vialidad, lo que de entrada les permitiría designar a un director local que en vez de hacer negocios con los concesionarios del servicio de grúas y con las empresas gaseras, refresqueras, cerveceras, de abarrotes y permisionarios del servicio de transporte público, conozca realmente y atenúe esta problemática que agobia a la ciudad.
Por eso, esta coyuntura será un factor que puede gravitar a favor de la oposición, pues sólo un alcalde que no sea de filiación priista podría demandar a través de una controversia constitucional que el Gobierno del Estado vuelva a transferir al Ayuntamiento de Xalapa no sólo el mando del servicio público de tránsito y vialidad sino también los bienes muebles e inmuebles, recursos humanos y presupuestales para su eficaz operación, tal como en 1998 la administración del alcalde Rafael Hernández Villalpando, de Convergencia y PRD, lo reclamó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Pleno obligó casi tres años después al régimen del gobernador Miguel Alemán Velasco a hacer efectiva la ejecutoria número P./J. 15/2001.
¿O acaso el candidato del PRI a la presidencia municipal se aventará este trompo a la uña?
Y es que dos años antes, en junio de 2009, en el puerto jarocho causó conmoción el secuestro del administrador de la Aduana Marítima, Francisco Serrano Aramoni, quien hasta el momento aún permanece en calidad de “desaparecido” ya que todavía no aparece vivo ni muerto aunque en 2010 el presidente Felipe Calderón cometió el desliz de dar por hecho su fallecimiento.
El plagio del funcionario calderonista habría sido facilitado por agentes de tránsito del ayuntamiento porteño al detener su vehículo por un supuesto incidente vial.
Por eso, cuando en Xalapa comenzaron a incrementarse los enfrentamientos de las fuerzas policiacas del estado y federales con las bandas criminales, una de las primeras medidas para garantizar el orden y la seguridad pública fue asumir el mando y la operación del servicio público de tránsito y vialidad, para lo cual fue legalmente necesario que el Ayuntamiento capitalino lo solicitara de manera formal al gobernador Javier Duarte de Ochoa, el cual, a su vez, emitió a finales de junio de 2011 el decreto respectivo que cobró vigencia una semana después al publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.
Dieciocho meses después de esta decisión, la percepción generalizada entre los xalapeños es que la seguridad ha sido restablecida en buena medida en la capital. Sin embargo, el problema del tránsito y la vialidad se ha complicado gravemente en Xalapa sin que las autoridades municipales puedan hacer algo porque no tienen el control directo de este servicio público que constitucionalmente le compete regular al ayuntamiento.
El colmo se dio a principios de diciembre pasado, cuando de manera unilateral y sin previo aviso al cuerpo edilicio, la Dirección de Tránsito del Estado decidió cambiar el sentido vial de la calle Miguel Barragán, en pleno centro histórico de la ciudad, el cual, en vez de desahogar congestionó aún más el tráfico en las calles de Zaragoza y Allende, en la desembocadura de la cochera de Palacio de Gobierno.
Ante los airados reclamos que hicieron directamente a su oficina de Palacio Municipal los centenares de taxistas y automovilistas que diariamente tiene que circular por ahí, el regidor panista Omar Miranda Romero, titular de la comisión edilicia de Tránsito y Vialidad, afirmó que esa decisión no les fue comunicada oportunamente por la dependencia del gobierno estatal.
Miranda, quien desde agosto de 2012 había declarado en conferencia de prensa que los ediles andaban solicitando una audiencia para que el director de Tránsito del Estado, Roberto López Santoyo, los recibiera a fin de encontrar una solución viable e integral a la grave problemática del tráfico vehicular en las principales arterias de la ciudad, recriminó a propósito del caso de la calle Miguel Barragán, que “de alguna forma esto es muy lamentable porque lo primero que debió haber hecho la dependencia estatal era informar a los ciudadanos y al ayuntamiento de Xalapa, pero no lo hizo y eso es un claro ejemplo de la nula voluntad de coordinación que existe por parte de la Dirección de Tránsito del Estado hacia el ayuntamiento local”.
El edil del partido blanquiazul, quien intentó deslindarse de los reproches hechos en las redes sociales y portales de internet por los irritados conductores, catalogó la decisión de la Dirección de Tránsito del Estado como irresponsable porque se ejecutó sin que se informara previamente a la ciudadanía ni a la autoridad municipal. “Con este tipo de cambios de circulación que se hacen de forma imprevista se pueden ocasionar accidentes debido a que no hay señalética, además de que nadie sabía del cambio de sentido en la vialidad”, dijo Miranda Romero.
El caos vehicular en Xalapa será una bandera más que en la próxima elección municipal tomarán en sus campañas los candidatos de la oposición, pues existe un marcado malestar no sólo entre los capitalinos que poseen un automóvil sino también entre los miles de taxistas, comerciantes y ciudadanos en general que diariamente pierden tiempo y dinero para trasladarse a sus lugares de trabajo, comercios, centros de estudios o simplemente puntos de reunión. Este problema, por lo mientras, ha comenzado a ser abordado mediáticamente por algunos aspirantes a la alcaldía como Dulce María Dauzón, del Partido Movimiento Ciudadano, y Abel Cuevas Melo, del PAN.
En el Palacio Municipal también debe existir malestar y preocupación entre algunos ediles priistas, pero por obvias razones de institucionalidad prefieren evadir este espinoso asunto que socialmente resulta cada vez más sensible.
Y es que ellos difícilmente le van a exigir al gobernador Javier Duarte que ahora que prácticamente se ha normalizado la seguridad en Xalapa vuelva a municipalizarse el servicio público de tránsito y vialidad, lo que de entrada les permitiría designar a un director local que en vez de hacer negocios con los concesionarios del servicio de grúas y con las empresas gaseras, refresqueras, cerveceras, de abarrotes y permisionarios del servicio de transporte público, conozca realmente y atenúe esta problemática que agobia a la ciudad.
Por eso, esta coyuntura será un factor que puede gravitar a favor de la oposición, pues sólo un alcalde que no sea de filiación priista podría demandar a través de una controversia constitucional que el Gobierno del Estado vuelva a transferir al Ayuntamiento de Xalapa no sólo el mando del servicio público de tránsito y vialidad sino también los bienes muebles e inmuebles, recursos humanos y presupuestales para su eficaz operación, tal como en 1998 la administración del alcalde Rafael Hernández Villalpando, de Convergencia y PRD, lo reclamó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Pleno obligó casi tres años después al régimen del gobernador Miguel Alemán Velasco a hacer efectiva la ejecutoria número P./J. 15/2001.
¿O acaso el candidato del PRI a la presidencia municipal se aventará este trompo a la uña?